Un juez pide investigar la conexi¨®n entre una SICAV y el IVIMA

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 48 de Madrid ha dictado una providencia, a solicitud del Ministerio Fiscal, en la que, entre otras cosas, solicita a la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude un informe sobre las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operaci¨®n de compras del IVIMA y la SICAV Bussola 99.

As¨ª, el juzgado demanda esclarecer las "posibles relaciones econ¨®micas" entre Bussola 99, Azora Gesti¨®n, Encasa Madrid y Goldman Sach Group. Del mismo modo, se ha solicitado una valoraci¨®n econ¨®mica de las 2.935 viviendas vendidas, as¨ª como las justificaciones de los gastos de tramitaci¨®n y tasaci¨®n.

Adem¨¢s, el juez ha citado a declarar como testigos el pr¨®ximo 30 de noviembre al jefe del Area de Contrataci¨®n de la Consejer¨ªa de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Fernando Pascual Santodomingo; a la interventora delegada de la Consejer¨ªa de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Beatriz Solano Merino, y a la arquitecta de ST Sociedad de Tasaci¨®n, Beatriz Ibern¨®n S¨¢nchez.

Ya en 2013 el PSOE insinu¨® que Goldman Sachs era la empresa que gestionaba la SICAV Bussola 99, en la que el exconsejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda, Pablo Cavero, y su familia, ten¨ªan supuestamente sus ahorros. Los socialistas tambi¨¦n indicaron que Pablo Cavero fue consejero de la SICAV hasta que le sustituy¨® como consejera una hermana.

De este modo, la querella por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y prevaricaci¨®n contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversi¨®n Azora-Goldman Sachs toma un nuevo impulso con la petici¨®n a la Comunidad de Madrid y a otros organismos de nuevos documentos y con las citaciones a declarar de nuevos testigos.

El tribunal ha solicitado tambi¨¦n la pr¨¢ctica de una valoraci¨®n de los inmuebles enajenados a fin de conocer el valor real de los mismos. Se trata de un total de 7.929 inmuebles, de los cuales 2.935 eran viviendas en r¨¦gimen de alquiler y alquiler con opci¨®n a compra y el resto plazas de garaje, aparcamiento y locales.

Entre las diligencias dictadas, hay peticiones sobre justificaci¨®n de gastos, cuestiones referentes a la tasaci¨®n de las viviendas e incluso datos sobre una supuesta reuni¨®n entre los representantes de dos de las empresas licitadoras con responsables del IVIMA o de la Consejer¨ªa de Vivienda.

Tal y como se?ala la Asociaci¨®n de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) "las diligencias que solicita la fiscal¨ªa coinciden con las peticiones de informaci¨®n de nuestros abogados y con la l¨ªnea argumental mantenida por esta organizaci¨®n, en relaci¨®n a las irregularidades que se pudieran haber cometido en la venta de casi tres mil viviendas sociales a fondos buitres".

Tras dos a?os desde que se comunicase a los inquilinos la venta a empresas privadas de sus viviendas, AVVI recuerda "el drama que llevan padeciendo desde entonces miles de familias, para las que este periodo est¨¢ suponiendo una cotidiana vulneraci¨®n de sus derechos fundamentales y un permanente sufrimiento".