Dos agentes de Aduanas, a juicio por un fraude millonario de hace 15 a?os

Quince a?os ha tardado la justica en sentar en el banquillo a los acusados por un macrofraude de gas¨®leo que se produjo entre 1998 y 2000. De los 23 encausados, entre los que se encuentran empresarios, guardias civiles y agentes de Vigilancia Aduanera, finalmente solo se sentar¨¢n en el banquillo cuatro, entre ellos los dos procesados de Aduanas, ya que 12 imputados han llegado a acuerdos con la fiscal¨ªa, cinco han sido exculpados, uno ha fallecido y otro est¨¢ declarado en rebeld¨ªa. La venta fraudulenta de gas¨®leo super¨® supuestamente los 30 millones de euros. El ministerio p¨²blico ha pedido para quienes han aceptado los hechos penas de entre 19 y cinco meses de c¨¢rcel.

La vista oral se retomar¨¢ pues el lunes contra Jos¨¦ C. G., exjefe provincial de Aduanas en A Coru?a; y Jos¨¦ ?ngel C.C., agente de este cuerpo encargado de controlar a las empresas de la trama: Carburantes Acibro, SL y Dep¨®sitos de Galicia, SL (Depogal). Lo que se juzga es su supuesta participaci¨®n en una red que desvi¨® gas¨®leo B, del denominado r¨¦gimen fiscal suspensivo, procedente del dep¨®sito fiscal de Forestal del Atl¨¢ntico, en Mugardos (A Coru?a), a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo despu¨¦s en Galicia como gas¨®leo A, exento de impuestos especiales y del IVA.

El fiscal ha modificado las penas para los 12 procesados con los que ha llegado a un acuerdo. En todos los casos el ministerio p¨²blico admite la existencia de una atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, ya que el fraude que se juzga se habr¨ªa cometido supuestamente entre los a?os 1998 y 2000, por lo que existen algunos delitos que ya han prescrito, informa Europa Press.

Los abogados de los cuatro acusados con los que no ha habido acuerdo solicitaron al tribunal la nulidad de las escuchas telef¨®nicas que sostienen la acusaci¨®n. Adem¨¢s, los letrados afirman que se ha vulnerado el derecho a una leg¨ªtima defensa de sus clientes, as¨ª como la tutela judicial efectiva o, incluso, su derecho a la intimidad.

Entre los encausados que han admitido su participaci¨®n en la red est¨¢n Manuel Prado L¨®pez y ?ngel Rafael Pi?eiro Berm¨²dez, para los que el fiscal pide siete meses y 16 d¨ªas de prisi¨®n por cada uno de los dos delitos a la Hacienda P¨²blica que reconocen, as¨ª como el pago de la cantidad defraudada (1,4 millones de euros en el a?o 1999 y 253.000 euros en el 2000). Por el delito de falsedad en documento mercantil solicita para cada uno la condena de cinco meses y ocho d¨ªas de prisi¨®n y una multa de dos meses a raz¨®n de una cuota diaria de seis euros.

Para Pastor Alicio Antonio P¨¦rez Arribas, como autor de un delito contra la Hacienda P¨²blica, el ministerio p¨²blico reclama una pena de tres meses de prisi¨®n; y por un delito continuado de falsedad en documento p¨²blico, cinco meses y ocho d¨ªas de prisi¨®n. Para Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fern¨¢ndez, Manuel C¨¢ndido Vijande M¨¦ndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno L¨®pez, demanda cinco meses y ocho d¨ªas de prisi¨®n por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de seis meses con cuota de seis euros al d¨ªa. Finalmente, para cuatro agentes de la Guardia Civil solicita seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros m¨¢s la inhabilitaci¨®n especial para el empleo de funcionario p¨²blico durante un a?o.