El PP critica al Consell por incumplir la promesa de eliminar todo el copago

"El tripartito ha jugado por puro inter¨¦s electoral con las expectativas de muchas personas a quienes prometi¨® quitar el copago. [La vicepresidenta] M¨°nica Oltra (Comprom¨ªs) y [el presidente de la Genealitat] Ximo Puig (PSPV) se comprometieron durante la campa?a electoral a eliminar el copago y ahora, como no pueden y no saben c¨®mo hacerlo, se inventan anuncios que no son m¨¢s que un enga?o a la ciudadan¨ªa". Las palabras de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, evidencian que los populares han decidido colocar la supresi¨®n de los copagos a los discapacitados en su agenda electoral. Los titubeos iniciales del Consell a la hora de concretar como suprimir el copago farmac¨¦utico y el copago en centros de d¨ªa y residencias a los discapacitados han permitido al PP, que fue quien aplic¨® los recortes, alimentar la pol¨¦mica a la caza del voto desencantado.

Las cr¨ªticas populares han creado inquietud en los colectivos afectados y han obligado al Consell a movilizarse para explicar las decisiones adoptadas para suprimir los copagos a la discapacidad. Pero ?en qu¨¦ situaci¨®n se halla la supresi¨®n de los copagos que prometieron el PSPV y Comprom¨ªs?

El PP introdujo a partir del a?o 2012 dos clases de copagos para el colectivo de discapacitados, que tuvieron prestaciones gratuitas entre los a?os 2003 y 2012. Por un lado, el copago para la dispensaci¨®n de medicinas y pr¨®tesis ortop¨¦dicas, aprobado mediante una ley estatal del Gobierno de Mariano Rajoy, que priv¨® de la gratuidad a los menores con una minusval¨ªa f¨ªsica o ps¨ªquica igual o superior al 33% y a los mayores de 65 a?os con una minusval¨ªa igual o superior al 65%. Por otro, el copago en los centros de d¨ªa, talleres ocupacionales y residencias, impuesto por el Consell de Alberto Fabra en plena fiebre de recortes. Un copago anulado por el Tribunal Superior de Justicia inicialmente pero que se mantuvo mediante una modificaci¨®n de la ley de acompa?amiento de los presupuestos de la Generalitat.

Tras la llegada del nuevo Consell, la consejera de Sanidad, Carmen Mont¨®n, intent¨®, inicialmente, derogar el copago farmac¨¦utico y ortop¨¦dico mediante la ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2016, pero el Consell Jur¨ªdic Consultiu advirti¨® que una autonom¨ªa no puede legislar sobre una competencia estatal. Un situaci¨®n que se ha puesto de manifiesto con la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de paralizar la ley de sanidad universal de la Generalitat con la que pretend¨ªa garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados.

Compensar el copago farmac¨¦utico

Ante la imposibilidad de cambiar la legislaci¨®n estatal, Mont¨®n ha optado por introducir tres l¨ªneas de subvenci¨®n en los presupuestos de 2016. Una partida de 35 millones de euros para subvencionar los medicamentos a los pensionistas con rentas inferiores a los 9.500 euros anuales, otra de 6,4 millones con el mismo fin para el colectivo de discapacitados y una tercera de 200.000 euros para costear pr¨®tesis. "Es verdad que no se convierte la gratuidad de farmacia y ortopr¨®tesis en un derecho para este colectivo, pero se compensar¨¢ la situaci¨®n hasta que se pueda derogar la ley mediante subvenciones", admiten en la Consejer¨ªa de Sanidad, que niegan que haya existido improvisaci¨®n. El pasado lunes la consejera de Sanidad, Carmen Mont¨®n, recibi¨® a los distintos colectivos para explicarles la soluci¨®n y tranquilizarles. Su departamento estudia ahora c¨®mo redactar la orden para que los discapacitados puedan recibir la subvenci¨®n de la manera m¨¢s ¨¢gil posible.

El presidente del Cermi (Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad) en la Comunidad Valenciana, Joan Planells, se muestra satisfecho con la soluci¨®n articulada por la Consejer¨ªa de Sanidad. "El resultado es el mismo que si se hubiera anulado el copago", continua, "no ponemos ninguna objeci¨®n porque se ha buscado el realismo y de lo que se trata ahora es de forzar al nuevo Gobierno que salga de las urnas [en diciembre] a cambiar la legislaci¨®n".

Otra cosa distinta es el copago en residencias y talleres ocupacionales. Comprom¨ªs se comprometi¨® a derogarlo, pero finalmente la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas, M¨°nica Oltra, ha decidido finalmente reformar la legislaci¨®n del PP y no derogarla. Y ello a pesar de que los socialistas, con quienes comparte el Gobierno de la Generalitat, asumieron la posici¨®n del colectivo de discapacitados y presentaron un recurso contra la ley aprobada por el Consell del PP ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que est¨¢ todav¨ªa pendiente de resoluci¨®n.

Oltra, a trav¨¦s de la ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de la Generalitat, prev¨¦ suprimir el copago en los centros de d¨ªa y en los talleres ocupacionales. Sin embargo, el copago se mantendr¨¢ en las residencias porque considera que all¨ª los usuarios tienen todos sus necesidades b¨¢sicas cubiertas.

Una opini¨®n que no comparte el Cermi, que ha solicitado una reuni¨®n con Oltra. Para Planells los servicios que cubren las residencias no incluyen ni la ropa, ni las dentaduras, ni otros gastos relacionados con la calidad de vida. "Queremos que la gente tenga una vida plena", prosigue, "El copago es confiscatorio". Para el dirigente del Cermi, el nuevo Consell ha terminado por utilizar la misma expresi¨®n que el PP -"dinero de bolsillo"- para justificar que el copago no impide a los discapacitados seguir disponiendo de dinero para sus gastos personales. "Igualan a todos en la pobreza", sentencia.

La Consejer¨ªa de Igualdad niega que el copago que se cobrar¨¢ a los usuarios de las residencias sea como el del Partido Popular porque la cantidad m¨ªnima de que dispondr¨¢ cada usuario se elevar¨¢ un 50% m¨¢s al pasar de los 212 euros a los 325 euros mensuales, lo que representa un 65% del IPREM (un indicador similar al salario m¨ªnimo interprofesional). Adem¨¢s no se tendr¨¢n en cuenta las pagas extra, que cobrar¨¢ ¨ªntegras el beneficiario, para fijar el copago con el que el usuario financia parte de los servicios que recibe en la residencia. Una mejora que no satisface al colectivo de discapacitados que exige la supresi¨®n total y que ahora busca que el resto de grupos parlamentarios apoyen su reivindicaci¨®n.