Remunicipalizaciones: deseables pero dificultosas

La pol¨ªtica de externalizaci¨®n y privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos ha constituido la se?a de identidad de los gobiernos conservadores (PP y CiU) en los municipios. Todo su argumentario para justificar esa pol¨ªtica se ha demostrado falso: cuesta m¨¢s y resulta m¨¢s ineficiente. Ha sido adem¨¢s caldo de cultivo para numerosos episodios de corrupci¨®n.

Las coaliciones electorales progresistas que han llegado en marzo al gobierno municipal de importantes ciudades se plantean ahora remunicipalizar algunos de los servicios del Ayuntamiento, pero se encuentran en la disyuntiva de pagar indemnizaciones multimillonarias (seg¨²n el art. 288 de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico) o esperar a que caduquen las concesiones contratadas; adem¨¢s, la reversi¨®n plantea serios problemas en relaci¨®n con la estabilidad de las plantillas de trabajadores.

"En democracia es m¨¢s aconsejable cambiar la legalidad que ignorarla, como algunos sectores sindicales parecen demandar"

Aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogaci¨®n de los contratos laborales cuando existe sucesi¨®n de empresas, en el caso del empleo p¨²blico el EBEP (Estatuto B¨¢sico del Empleo P¨²blico) impone -para acceder a aquel- que los candidatos demuestren ¡°m¨¦rito y capacidad¡± en un procedimiento formal de acreditaci¨®n, por lo que solo cabr¨ªa para el personal de las contratas su incorporaci¨®n a un servicio municipal como trabajadores con contrato ¡°indefinido, no fijo¡± (despu¨¦s correr¨ªan el albur de superar o no el correspondiente concurso-oposici¨®n). Para completar el cerco, el art. 301 de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico impide incorporar a los empleados de las empresas contratistas, tras finalizar sus contratos con las administraciones correspondientes, y adem¨¢s la Ley de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico del 2014 impone la congelaci¨®n de plantillas.

La hipot¨¦tica creaci¨®n de una nueva empresa mercantil de capital ¨ªntegramente municipal para sortear el problema laboral antes aludido y poder absorber las plantillas por subrogaci¨®n -de acuerdo al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores- chocar¨ªa con las disposiciones legales que exigen a las administraciones p¨²blicas la acreditaci¨®n previa de viabilidad, plan de negocio mediante, para constituir tales empresas. Obviamente, los servicios municipales no pueden arrojar la ¡°rentabilidad¡± exigida en t¨¦rminos estrictamente mercantiles.

"Si se implementan soluciones en fraude de ley ser¨¢ un espejismo"

Hay ciertamente circunstancias diferentes en los municipios espa?oles que afrontan estos problemas y cada caso requiere una atenci¨®n particular. En las actuales circunstancias legales no hay una soluci¨®n satisfactoria, en cuanto al personal que ven¨ªa trabajando en las empresas concesionarias de servicios de los ayuntamientos, para acometer la remunicipalizaci¨®n de los mismos. Tendr¨ªan que hacerse modificaciones que permitan resolverlo (en el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico o en la ley que regula la creaci¨®n de empresas p¨²blicas), y, mientras, acordar las mejores condiciones laborales posibles para ellos que la ley permita.

En democracia es m¨¢s aconsejable cambiar la legalidad que ignorarla (como algunos sectores sindicales parecen demandar) porque se corre el riesgo de que los trabajadores que proceden de las contratas acaben en un callej¨®n sin salida. Si se implementan soluciones en fraude de ley ser¨¢ un espejismo, pues -una vez sean resueltos los recursos que ser¨¢n presentados con toda seguridad por las partes afectadas disconformes- los trabajadores podr¨ªan ver extinguidos sus contratos de trabajo y engrosar el desempleo, consigui¨¦ndose exactamente lo contrario de lo pretendido inicialmente.

A la espera de esos cambios legales, es importante concitar la reflexi¨®n y las propuestas de todas las partes interesadas en buscar soluciones viables al desolador panorama en el que han quedado servicios como el de la limpieza de nuestras calles en la ciudad de Madrid. Un avance tangible podr¨ªa ser la renegociaci¨®n de las contratas que comportase ampliaci¨®n de plantillas, mejorar sus condiciones de trabajo y adecentar los espacios urbanos, una opci¨®n intermedia mientras se logra la plena reversi¨®n de los servicios a la esfera de lo p¨²blico. De esta manera, se evitar¨ªa cerrar en falso una remunicipalizaci¨®n no lograda.

Antonio Baylos es catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la UCLM