Protecci¨®n de datos respalda que se filtraran las facturas de Rita Barber¨¢

Filtrar facturas de gastos en comidas, viajes y regalos de cargos p¨²blicos pagados con fondos de una Administraci¨®n es legal. La Agencia de Protecci¨®n de Datos ha respaldado la publicaci¨®n de 466 facturas de "gastos de representaci¨®n" de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, realizada en abril por el actual regidor de la ciudad, Joan Rib¨®.

Las facturas inclu¨ªan pagos desde 2011. Entre ellos, noches de hotel en Madrid por 500 euros y de 771 en Florencia. O los 7.223 euros gastados en billetes de avi¨®n para dos personas y alquiler de coche con ch¨®fer en Londres en un viaje que tuvo por objeto asistir a un partido de f¨²tbol y cenar con el patr¨®n de la F¨®rmula 1 Bernie Ecclestone.

La publicaci¨®n fue denunciada por el Ayuntamiento de Valencia, que gobernaba el PP, a la Agencia de Protecci¨®n de Datos. El organismo responde ahora al Consistorio que la difusi¨®n no infringi¨® la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos. Y ello porque los gastos, colgados en la web RitalLeaks creada por Comprom¨ªs, fueron realizados por personas que ostentaban "cargos de relevancia" y fueron abonados con fondos del "presupuesto municipal".

Al contrario, la respuesta suscrita por la directora de la Agencia, Mar Espa?a, razona que el propio Ayuntamiento debi¨® dar publicidad a ese tipo de gastos en el marco de la Ley de Transparencia. La norma, se?ala el organismo, "impone una obligaci¨®n de transparencia en la informaci¨®n p¨²blica que afecta a todas las Administraciones y que se proyecta de especial forma en la gesti¨®n econ¨®mica como la que contiene el documento difundido".

La Agencia se?ala que los datos fueron acompa?ados por documentaci¨®n que los acreditaba. Y enmarca la publicaci¨®n en "un ejercicio de informaci¨®n y expresi¨®n pol¨ªtica encaminada a crear una opini¨®n y un criterio pol¨ªtico". Una pr¨¢ctica que la Constituci¨®n Espa?ola encomienda a los partidos pol¨ªticos en su art¨ªculo n¨²mero seis, recuerda.

Tampoco supone infracci¨®n para la Agencia el hecho de que la informaci¨®n procediese de archivos del Ayuntamiento obtenidos por Rib¨® en virtud de su condici¨®n de concejal. "La jurisprudencia del Tribunal Supremo ante la revelaci¨®n datos de inter¨¦s p¨²blico contenidos en expedientes administrativos ha establecido la preeminencia del derecho a la informaci¨®n sobre el derecho a la protecci¨®n de datos", expone.

El organismo s¨ª recomienda que "una vez que la informaci¨®n devenga en obsoleta deber¨ªa evitarse la inclusi¨®n de datos de terceros", como funcionarios o proveedores, "para limitar su divulgaci¨®n incondicionada e ilimitada a trav¨¦s de la Red".

Pero no ve problema en que en su momento se publicaran datos de funcionarios y empresas proveedoras, al considerar que estos aparecen "de forma meramente accesoria y testimonial", sin que se les atribuyera un "comportamiento reprochable". Y "en todo caso", prosigue la resoluci¨®n, "los puestos de trabajo que son objeto de cobertura por personal funcionario en el Ayuntamiento de Valencia cuentan con un car¨¢cter p¨²blico y, por tanto, dichos datos han sido objeto de publicidad en fuentes de acceso p¨²blico".

La decisi¨®n del organismo es recurrible ante la Agencia o la Audiencia Nacional. Pero el promotor de la denuncia fue el Ayuntamiento y el actual equipo de gobierno no se plantea, obviamente, hacerlo. El organismo subraya, por otra parte, que si alguien considera afectado su "derecho al honor o a la intimidad" por la publicaci¨®n de las facturas pueden acudir a los tribunales, al "escapar" dicho examen de las competencias de la Agencia.

Rib¨® ha mantenido este viernes que la contestaci¨®n de la Agencia de Protecci¨®n de Datos deber¨ªa llevar a los populares a "retractarse p¨²blicamente de la denuncia". Y ha destacado que el Ayuntamiento publica ahora los datos de gastos de representaci¨®n y de uso del veh¨ªculo oficial por parte del alcalde.