Imputada la presidenta de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car

La juez ha imputado a Mar¨ªa ?ngeles Ure?a, presidenta de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, en la causa abierta por supuestas irregularidades en la gesti¨®n de la empresa p¨²blica de medio ambiente de la Generalitat Vaersa. La magistrada le atribuye los supuestos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n.

Seg¨²n un auto fechado el cuatro de diciembre, la alto cargo nombrada por el Gobierno autoriz¨® presuntamente el reparto de casi dos millones de euros entre los directivos de Vaersa al margen de la ley. En la resoluci¨®n, la magistrada considera de forma indiciaria que Ure?a autoriz¨® cuando era consejera delegada de Vaersa complementos de productividad irregulares "con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas p¨²blicas".

Se trata del mismo caso en el que est¨¢n imputados dos exdirectores de Vaersa,? Enrique Sim¨® y Felipe Espinosa. La magistrada tambi¨¦n ha imputado a la entonces jefa de recursos humanos, as¨ª como a un abogado que factur¨® m¨¢s de dos millones de euros a Vaersa.

Declaraci¨®n de otro imputado

"De las diligencias que se han practicado", se?ala la juez instructora, "resultan s¨®lidos indicios de haberse cometido los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n". La juez considera "imprescindible" la declaraci¨®n de Ure?a "a la vista de la declaraci¨®n efectuada por el imputado Espinosa". El exdirector de Vaersa asegur¨® en el juzgado que la ahora presidenta de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car fue "la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad, se?alando que si ella no lo hubiese autorizado no se hubiera pagado".

Espinosa afirm¨® que tanto ¨¦l como Ure?a en su etapa como consejera delegada conoc¨ªan que el abono del complemento salarial no hab¨ªa sido autorizado por el Consell. "Queda claro pues que los controles administrativos impuestos para evitar dicha situaci¨®n no funcionaron a sabiendas por sus responsables", mantiene la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia.

El conocimiento de los m¨¢ximos responsables de Vaersa de los hechos se ve reforzado, apunta la instructora, en que "los informes de la Intervenci¨®n de la Generalitat y de la Consejer¨ªa de Hacienda pon¨ªan de manifiesto que el desv¨ªo de fondos p¨²blicos no era un hecho que se ocultase al ¨®rgano de fiscalizaci¨®n".

"Importantes sumas"

La juez recuerda que Vaersa es una empresa p¨²blica de la Generalitat. Y que la Ley de Presupuestos del Consell de 2006 estableci¨® que para pagar un complemento de productividad, una sociedad como Vaersa deb¨ªa implantar "un sistema de objetivos" que permitiera "su correcta evaluaci¨®n". Y una posterior autorizaci¨®n del Consell "de las cuant¨ªas individualmente asignadas".

Vaersa, sin embargo, solo solicit¨® la primera autorizaci¨®n en el a?o 2006. Y no lleg¨® a obtener nunca la segunda. A pesar de ello, los directivos recibieron "importantes sumas de dinero". En 2007 se repartieron 360.000 euros. En 2008, 407.582 euros. En 2009, 477.726 euros. En 2010, algo m¨¢s de medio mill¨®n de euros. Y en 2011, el importe descendi¨® hasta 105.624 euros.

De la investigaci¨®n, iniciada con una denuncia de la CGT a la fiscal¨ªa, se desprende que "existen indicios de que Ure?a, en su calidad de consejera delegada de Vaersa y en el ¨¢mbito de sus competencias, ten¨ªa pleno conocimiento de que se estuvo abonando a los trabajadores el complemento de productividad" pese "a la inexistencia del correspondiente acuerdo del Consell".

Pagos a un abogado

La magistrada tambi¨¦n ha imputado a un abogado y a la jefa de recursos humanos por los pagos que recibi¨® el primero. El letrado cobr¨® 470.000 euros entre 2008 y 2011 por servicios que solo se identificaban con un "concepto gen¨¦rico", como "redacci¨®n de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa¡±. Y, adem¨¢s, 1,83 millones de euros m¨¢s por "asuntos concretos individualizados".

La juez destaca, de un lado, que Vaersa pag¨® esas cantidades pese a que estaba en vigor un convenio con el Consell por el que "el gabinete jur¨ªdico de la Generalitat prestaba asistencia jur¨ªdica" a la sociedad p¨²blica. Las consultas externas a un letrado deber¨ªan haber contado con un informe "preceptivo y vinculante" del director del gabinete jur¨ªdico de la Generalitat, "que no consta que se haya solicitado en ning¨²n momento". Y, por otra parte, la magistrada mantiene que al tratarse de una empresa p¨²blica el precio de los servicios deber¨ªa haberse establecido sobre la base de "los honorarios fijados" por el Colegio de Abogados.