El Supremo evita que Vilagarc¨ªa tenga que devolver cinco millones

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nula la resoluci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Turismo que exigi¨® en 2012 la devoluci¨®n de varias partidas presupuestarias de un pr¨¦stamo de seis millones de euros concedido al Ayuntamiento de Vilagarc¨ªa porque este no hab¨ªa justificado las inversiones.

El Supremo dictamina que la Secretar¨ªa de Estado no es competente para revocar el pr¨¦stamo que fue concedido en marzo de 2006 a trav¨¦s del Fomit, el fondo financiero del Estado para la modernizaci¨®n de las infraestructuras tur¨ªsticas. Con el dinero se iban a acometer las obras de adecuaci¨®n urban¨ªstica y medioambiental del ¨²ltimo tramo del r¨ªo Con hasta su desembocadura en el puerto arousano, el mayor proyecto de obra p¨²blica en este ayuntamiento.

La Secci¨®n Tercera estima el recurso de casaci¨®n interpuesto por la Axencia de Turismo de Galicia que hab¨ªa solicitado la nulidad de la devoluci¨®n, argumentando que las comunidades aut¨®nomas son los organismos competentes y no los del Estado para dictar la resoluci¨®n recurrida. La sentencia invoca el Real Decreto 721/2005, a cuyo amparo se hab¨ªa revocado la concesi¨®n del pr¨¦stamo, que fue derogado por ser contrario a derecho. ¡°Es raz¨®n suficiente para concluir que la resoluci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Turismo debe ser declarada nula por haber sido dictada por ¨®rgano manifiestamente incompetente¡±.

El dinero para acometer el llamado Proyecto Luz Salgada tambi¨¦n se iba a destinar a la construcci¨®n de un aparcamiento subterr¨¢neo, una gran plaza y parque, nuevas aceras, renovaci¨®n del alumbrado y barandillas, adem¨¢s de un nuevo puente sobre el r¨ªo Con.

Fueron muchas las obras cuya adaptaci¨®n al presupuesto y las prioridades que marcaron las desastrosas riadas de noviembre de 2006 sumergieron al Ayuntamiento en un tedioso proceso judicial de m¨¢s de seis a?os que implic¨® a los ¨²ltimos gobiernos de socialistas y populares de Vilagarc¨ªa. En 2009, el gobierno local pidi¨® ampliaci¨®n del plazo de ejecuci¨®n de las actuaciones incluidas y un a?o despu¨¦s se le concedi¨® pr¨®rroga hasta mayo de 2012, pero sin incluir las modificaciones del proyecto y los correspondientes fondos econ¨®micos solicitados, por lo que el Ayuntamiento recurri¨® contra la Administraci¨®n central por la v¨ªa del contencioso.

La Subdirecci¨®n General de Desarrollo y Sostenibilidad Tur¨ªstica requiri¨® entonces al Ayuntamiento que justificase la inversi¨®n realizada con cargo al proyecto elaborado pero expir¨® el plazo sin que el gobierno municipal enviase la documentaci¨®n solicitada. En noviembre de 2012, cinco a?os despu¨¦s de recibir el Ayuntamiento el dinero, se inici¨® el expediente de revocaci¨®n del pr¨¦stamo y la Secretar¨ªa de Estado de Turismo dict¨® una resoluci¨®n por la que exigi¨® el reintegro parcial del pr¨¦stamo por importe de m¨¢s de tres millones de euros, correspondiente a la cantidad no justificada por el Ayuntamiento pero reclam¨¢ndole en concepto de intereses de 1,1 millones de euros, montante que ir¨ªan aumentando hasta que hiciera efectivo el reintegro.

La Xunta de Galicia se posicion¨® a favor del Ayuntamiento con requerimientos ante la Administraci¨®n central, siempre desestimados por la Secretar¨ªa de Estado de Turismo pero que fueron el origen del fallo dictado ahora por el Supremo.