El juez denuncia falta de medios para investigar a la patronal de Castell¨®n
El magistrado declara compleja la causa y ampl¨ªa la instrucci¨®n hasta los 18 meses
El juzgado de Primera Instancia y de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Nules ha declarado la complejidad de la causa seguida contra los m¨¢ximos responsables de la Confederaci¨®n de Empresarios de Castell¨®n (CEC) y dos academias de formaci¨®n por los delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental, en una causa que se instruye desde junio de 2015. De esta manera, se ampl¨ªa hasta los 18 meses la instrucci¨®n de un proceso en el que est¨¢ imputado el presidente de la CEC, Jos¨¦ Roca.
As¨ª mismo, el magistrado Jacobo Pin, juez que finaliz¨® la instrucci¨®n del caso Fabra por el que fue condenado en el posterior juicio a cuatro a?os de prisi¨®n, denuncia retrasos en la tramitaci¨®n por la falta de medios. El juzgado de Nules pidi¨® en septiembre el apoyo de un funcionario con experiencia, un sistema de videograbaci¨®n, un programa de transcripci¨®n de declaraciones y un esc¨¢ner, pero la Consejer¨ªa de Justicia a¨²n no ha atendido sus demandas.
El propio magistrado solicit¨® el pasado mes de septiembre el amparo de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupci¨®n (UACC), entidad dependiente del Poder Judicial. En noviembre, la Comisi¨®n Permanente del Poder Judicial acord¨® dirigirse a la Direcci¨®n de Justicia de la Generalitat Valenciana para que adoptara diversas medidas de refuerzo para el juzgado, pero tan solo se cumpli¨® la de un funcionario de refuerzo.
El juez Jacobo Pin apunta en su resoluci¨®n que la ¡°carencia de medios personales y materiales repercute de manera necesaria y trascendental en la dilaci¨®n que la tramitaci¨®n de esta causa sufre y que justifica la ampliaci¨®n del plazo de instrucci¨®n¡±. De la misma manera, el magistrado afirma que debido a la ¡°gran cantidad de investigados¡± y la necesidad de someter al an¨¢lisis de los peritos la abundante documentaci¨®n se justifica la expansi¨®n del plazo de instrucci¨®n hasta el l¨ªmite de los 18 meses.
A la complejidad de la causa se uni¨® la presentaci¨®n de una nueva denuncia por parte del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF), que apreci¨® la percepci¨®n de m¨¢s de 120.000 euros sin justificar por parte del Instituto de Fomento y Formaci¨®n Empresarial de Castell¨®n (¨®rgano dependiente de la CEC) con cargo a los fondos del plan de formaci¨®n.
El proceso arranca con la denuncia del ministerio p¨²blico sobre una partida de 418.700 euros otorgada a la CEC por parte de la patronal valenciana, Cierval, para la realizaci¨®n de cursos de formaci¨®n. La Fiscal¨ªa de Castell¨®n estima que los cursos no se llevaron a cabo y acusa a las dos mercantiles que los gestionaron, Consultor¨ªa y Estudios AGP y Centro de Oficios RF, de falsificar las facturas para justificar los gastos.
Por su parte, la CEC asegura que los cursos s¨ª que se realizaron y que se trata tan solo de un ¡°asunto tributario¡± de las dos academias. La patronal castellonense devolvi¨® el dinero a la Generalitat cuando Cierval no pudo justificar el gasto de la partida para los cursos de formaci¨®n.
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