La Audiencia archiva la causa contra el expresidente del puerto de Valencia

La Audiencia de Valencia ha sobrese¨ªdo uno de los procedimientos abiertos contra el expresidente del puerto de Valencia Rafael Aznar, que hab¨ªa sido procesado por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n y para quien la Fiscal¨ªa solicitaba cinco a?os de c¨¢rcel. Aznar contin¨²a imputado en la pieza principal abierta en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Valencia por supuestas irregularidades en su gesti¨®n, entre los a?os 2004 y 2015.

La Secci¨®n Segunda considera que no existen indicios suficientes de que el expresidente, otros dos directivos del puerto y un abogado del Estado crearan una serie de cargos en una empresa dependiente del puerto con el objetivo de asignarse sueldos paralelos a los que recib¨ªan en la Autoridad Portuaria, a sabiendas de que eran incompatibles con sus salarios como empleados p¨²blicos.

"En el momento de la conclusi¨®n de la fase de instrucci¨®n no se est¨¢n afirmando hechos constitutivos de delito, sino hip¨®tesis f¨¢cticas sostenibles a partir del material instructorio", se?ala la resoluci¨®n que dicta el sobreseimiento, producto de los recursos presentados por Aznar y otros acusados.

"La ausencia de exposici¨®n en el auto recurrido del soporte que el relato de hechos punibles encuentra en las diligencias investigadas, impide conocer las razones por las que el juez de Instrucci¨®n, a partir de una investigaci¨®n materializada en tan voluminoso procedimiento, considera sostenible que el se?or Aznar, en connivencia con otros investigados, dise?¨® el plan que permiti¨® que el Consejo de Administraci¨®n de 16 de diciembre de 2004 aprobase compensaciones econ¨®micas, no solo infractoras de la normativa vigente en materia de incompatibilidades de los funcionarios p¨²blicos, sino que no se correspond¨ªan con prestaci¨®n de servicios alguna", se?ala la resoluci¨®n de la que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Manuel Ortega.

Al rev¨¦s, prosigue el razonamiento de la Secci¨®n Segunda, "las diligencias practicadas lo que permiten sostener es que tanto el se?or Aznar, como el se?or Delgado, como el se?or Pascual, cobraron, peri¨®dicamente y hasta el a?o 2012, las compensaciones econ¨®micas acordadas el 16 de diciembre de 2004 por trabajos efectivamente realizados y, en concreto, por el desarrollo de las actividades indicadas en dicho acuerdo". Estos ocupaban, respectivamente, los puestos de consejero delegado de director general y director t¨¦cnico de Valencia Plataforma Intermodal (VPI).

VPI fue creada con el objetivo de comercializar la Zona de Actividades Log¨ªsticas (ZAL) del puerto. Una pol¨¦mica iniciativa de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia que implic¨® la destrucci¨®n de la zona de huerta protegida en la pedan¨ªa de La Punta, y que despert¨® resistencia entre los vecinos y colectivos ciudadanos. Despu¨¦s de expropiarse los terrenos y urbanizar la zona, esta qued¨® vac¨ªa y sin uso, y as¨ª permanece desde hace m¨¢s de una d¨¦cada.

El alcalde de Valencia, Joan Rib¨®, manifest¨® su voluntad de que La Punta volviese a albergar huerta. Pero el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Mart¨ªnez, considera crucial la ZAL para el futuro de la infraestructura.

La investigaci¨®n sobre las retribuciones en VPI revelaron que Aznar hab¨ªa cobrado 1.680 euros al mes desde el a?o 2004 hasta que la Intervenci¨®n General del Estado advirti¨® de que ello era incompatible con su cargo en el puerto. Aznar devolvi¨® lo ingresado entre 2009 y 2012.

La investigaci¨®n desarrollada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Valencia, considera ahora la Audiencia, permiten pensar que Aznar y el resto de cargos no pidieron la compatibilidad para percibir los nuevos ingresos porque "sab¨ªan que no pod¨ªan obtenerla". Pero ello es "tan sostenible" como concluir que no la solicitaron "en la creencia de que no les afectaba incompatibilidad alguna".

La Secci¨®n Segunda considera que "las irregularidades en materia de contrataci¨®n" de asesor¨ªa jur¨ªdica y seguridad, por las que a Aznar y a otro directivo se les imputaba un delito de prevaricaci¨®n, "no son suficientes para considerar que respondieron a intereses espurios". "No cabe descartar completamente" que las contrataciones "pudieran ser penalmente il¨ªcitas pero, para ello, deber¨ªa concurrir informaci¨®n que no consta y de la que nada se ha dicho" en esta pieza separada.

El ponente recuerda que la pieza principal de la causa contin¨²a abierta. Y agrega: "En ocasiones, hechos irregulares analizados e investigados de manera separada, desgajados de otros con los que guardan relaci¨®n de conexidad delictiva, aparentan no tener trascendencia delictiva puesto que, al separarse investigaciones, no se valoran de manera cruzada datos que, por s¨ª solos pueden no ser significativos pero, vinculados a otros, s¨ª, desde el punto de vista indiciario, para sostener una imputaci¨®n por delito".