Desahucios patri¨®ticos

La Comisi¨®n Europea abri¨® el pasado 28 de abril un procedimiento de infracci¨®n para que Espa?a armonizara su ley con las directivas comunitarias y garantizara de una vez los derechos de los ciudadanos afectados por la abusiva normativa sobre desahucios. No es que Europa se haya convertido en un referente ¨¦tico ¡ªah¨ª est¨¢n los refugiados, el vergonzante Brexit o la nocturnidad con la que se negocia el TTIP con Estados Unidos¡ª, pero Espa?a va con tanto retraso que la posmodernidad de Bruselas resulta un referente moral frente a la premodernidad que abandera el Partido Popular. El caso es que el PP prefiere pasar bajo las horcas caudinas del poder financiero a liberar la legislaci¨®n de cl¨¢usulas abusivas como le pide Europa desde 1993.

Este d¨¦j¨¤ vu ha contado desde la pasada semana con la decisi¨®n del Partido Popular de recurrir al Tribunal Constitucional la ley sobre emergencia habitacional y pobreza energ¨¦tica que el Parlament aprob¨® por unanimidad. En lugar de prestar o¨ªdos a lo que desde Catalu?a y otras comunidades se legisla para paliar situaciones de indefensi¨®n de los ciudadanos, el Gobierno del PP ha decidido erigirse en campe¨®n de la unidad de Espa?a, celoso de sus competencias constitucionales. Y ha puesto en pr¨¢ctica su peculiar concepto de igualdad, con m¨¢s ribetes de capitalismo manchesteriano que de sociedad del bienestar del siglo XXI. Mejor que todos los ciudadanos queden igualados por la franja baja. Por ello el Gobierno central ha recurrido cinco preceptos que solo en lo que va de a?o han evitado m¨¢s de 600 desahucios en Barcelona, unos 300 en L¡¯Hospitalet de Llobregat o m¨¢s de 150 en Badalona. Cada d¨ªa se ejecutan 43 lanzamientos.

Esas tr¨¢gicas cifras movieron, el 23 de julio de 2015, al Parlament a aprobar por unanimidad -hubo abstenciones del PP y Ciudadanos en tres art¨ªculos¡ª la ley de la emergencia habitacional y pobreza energ¨¦tica. ¡°Son medidas del sentido com¨²n de la calle: poner fin a las deudas de por vida, a los cortes de suministro, que los pisos vac¨ªos cumplan su funci¨®n social y garantizar el realojamiento de todas aquellas personas que lo necesiten; hoy hemos demostrado que la ciudadan¨ªa organizada es imparable y que cuando el Parlament acompa?a a la iniciativa ciudadana tenemos una imagen que no tiene precio¡±.

El Gobierno ha recurrido cinco preceptos que han evitado m¨¢s de 600 desahucios en Barcelona, unos 300 en L¡¯Hospitalet de Llobregat o m¨¢s de 150 en Badalona este 2016. Cada d¨ªa se ejecutan 43 lanzamientos.

Estas palabras las pronunci¨® Carlos Mac¨ªas, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde el atril de la C¨¢mara catalana antes de que el pleno votara esta ley, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular. ¡°Hemos llegado a acuerdos. Part¨ªamos de bases ideol¨®gicas distintas, pero creo que esta es la grandeza precisamente no solo de la democracia, sino de que hablando la gente se entiende. Hoy por tanto ser¨¢ un d¨ªa hist¨®rico en este Parlament¡±, subray¨® en su intervenci¨®n el diputado del PP Rafael L¨®pez.

Alg¨²n malpensado puede creer que eso fue expresi¨®n de puro populismo, de poner la emoci¨®n por encima de la raz¨®n. Otros opinar¨¢n que tal vez se tratase de una manifestaci¨®n de bajos instintos electorales, pues Catalu?a se hallaba ante los comicios del 27-S y en Madrid se preparaban las generales del 20-D.

No obstante, tambi¨¦n pod¨ªa ser la expresi¨®n simple y llana del sentido com¨²n. Si el Estado ha inyectado a la banca 246.928 millones de euros ¡ªincluyendo ayudas, avales y garant¨ªas, seg¨²n el FROB¡ª no es descabellado que en ¨¦poca de crisis las entidades financieras, en su condici¨®n de grandes tenedoras de vivienda, est¨¦n obligadas a ofrecer alquiler social a un afectado por un lanzamiento, a extinguir la deuda de los avaladores en caso de la daci¨®n en pago de la vivienda, o a aceptar que una persona desahuciada pueda recuperar su piso pagando el mismo precio que ofrezca en su caso un fondo buitre, como establece la ley catalana.

Pero ¡°no es posible tener legislaciones asim¨¦tricas y que haya unos derechos o no dependiendo del territorio donde est¨¦n los bienes. Hay que garantizar la igualdad de los espa?oles¡±, recalc¨® la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa al notificar la salom¨®nica, constitucional y escasamente pol¨ªtica decisi¨®n del Ejecutivo. Hay nacionalismos separatistas que nacen como respuesta a los nacionalismos separadores, dec¨ªa Castelao. De momento el Gobierno del PP ha dado alas al independentismo m¨¢s conservador para compartir la primera l¨ªnea de combate social con alcaldes y alcaldesas de la vieja y nueva izquierda. Y todo lo hace, asegura, para acabar con los privilegios. Aunque no lo parezca.