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Una concejal del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia ha pedido el sobreseimiento de la investigaci¨®n por blanqueo, que forma parte del caso Taula, por falta de pruebas. La edil Beatriz Sim¨®n se?ala en el escrito enviado al juez, adem¨¢s, que las pesquisas por el supuesto blanqueo de 50.000 mediante la t¨¦cnica que la Guardia Civil llama del "pitufeo" han mutado hacia la presunta financiaci¨®n ilegal del PP de Valencia, de la que en todo caso ser¨ªan responsables los administradores del partido, y no los miembros del grupo municipal.

Se trata de la primera concejal en pedir el sobreseimiento. Y sus argumentos anticipan la l¨ªnea que mantendr¨¢ la mayor¨ªa de investigados ¡ªimputados¡ª por blanqueo. Esta pieza separada de Taula afecta a 47 personas, incluido el propio PP como persona jur¨ªdica. Y el juez V¨ªctor G¨®mez ha iniciado el procedimiento para pedir tambi¨¦n la imputaci¨®n de la exalcaldesa y senadora Rita Barber¨¢ as¨ª como del diputado auton¨®mico Miguel Dom¨ªnguez.

El blanqueo consisti¨®, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en que los miembros del grupo municipal ingresaron 1.000 euros en la cuenta del partido y lo recibieron en met¨¢lico de fondos de una caja b. La concejal destaca que la investigaci¨®n "pivota sobre el presupuesto de un delito preexistente que d¨¦ origen a una cantidad de dinero il¨ªcito necesitada de ser introducida en el circuito econ¨®mico legal". Pero que no hay en el sumario indicios que apuntalen esa teor¨ªa.

"Tan solo existe una referencia vaga e inconcreta a la relaci¨®n que supuestamente manten¨ªa" la exconcejal popular y tambi¨¦n imputada Mar¨ªa Jos¨¦ Alc¨®n con Marcos Benavent, el ex alto cargo arrepentido cuyas grabaciones dieron origen al caso, "en torno al a?o 2006". Se refiere a una conversaci¨®n en la que ambos hablan supuestamente sobre el reparto de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones p¨²blicas.

"Hip¨®tesis forzada"

La defensa de Sim¨®n considera que "pretender vincular hechos que distan en el tiempo el no desde?able lapso de siete a?os" es una "hip¨®tesis de trabajo un tanto forzada".

El escrito presentado por la edil sostiene igualmente que las ¨²ltimas diligencias acordadas por el magistrado no se dirigen al "descubrimiento" del blanqueo, sino m¨¢s bien" al delito electoral. El nombre t¨¦cnico de la financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos. As¨ª sucede, se?ala, con las peticiones dirigidas al Tribunal de Cuentas y a la Junta Electoral.

El delito electoral es de car¨¢cter personal: pueden cometerlo los administradores electorales de una formaci¨®n pol¨ªtica y, en todo caso, sus cooperadores. Unas condiciones que no reunir¨ªa la concejal, seg¨²n destaca en su petici¨®n de sobreseimiento, ni la mayor¨ªa de los miembros del grupo municipal.

La edil argumenta que realiz¨® la transferencia de 1.000 euros a favor del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Pero que no existe "ning¨²n elemento de car¨¢cter objetivo" que apunte a que despu¨¦s recibi¨® el dinero de "alguna persona del Partido Popular o del grupo municipal del Partido Popular".

"Ning¨²n coinvestigado afirma haber entregado una cantidad de dinero de il¨ªcito origen" a Sim¨®n "para su posterior blanqueo", ni "ning¨²n testigo dice haber presenciado la escena, ni tener siquiera conocimiento por referencias".

El supuesto blanqueo es una de las piezas separadas del caso Taula, centrado en su mayor parte en la presunta actividad de una trama del 3% que cobraba mordidas a cambio de adjudicaciones p¨²blicas en la Generalitat, la Diputaci¨®n de Valencia y Ayuntamientos.