La Comunidad deber¨¢ pagar 67 millones m¨¢s a la concesionaria de la M-45
El Tribunal Supremo desestima el recurso del Gobierno regional, que se opon¨ªa a reconocer el derecho de la empresa al reequilibrio financiero derivado por el mayor coste de las expropiaciones
La M-45, autopista p¨²blica construida por la iniciativa privada en 2002 y a la que la Comunidad de Madrid tiene que pagar cada a?o un canon por cada coche que la usa, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Cristina Cifuentes. Adem¨¢s de unos costes que aumentan anualmente por el incremento del tr¨¢fico (cost¨® 487 millones y ya se han abonado 620), ahora se suma una millonaria indemnizaci¨®n por unas expropiaciones mal calculadas. El Tribunal Supremo ha rechazado un ¨²ltimo recurso del Gobierno, por lo que la Comunidad deber¨¢ abonar otros 67 millones adicionales a la concesionaria.
La M-45 sigue dando disgustos a la Comunidad de Madrid, que tendr¨¢ que pagar 67,2 millones de euros m¨¢s a Concesiones de Madrid SA, la empresa que realiz¨® las obras de esta autov¨ªa de 37 kil¨®metros y que la gestiona desde 2002. El pago responde al aumento de los gastos en las expropiaciones que tuvo que realizar la compa?¨ªa para construir la carretera. La sociedad, que gestionar¨¢ la v¨ªa hasta 2029 y que hasta entonces seguir¨¢ cobrando de la Comunidad de Madrid, llev¨® al Gobierno ante los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya le dio la raz¨®n en junio de 2014. Y ahora es el Tribunal Supremo el que ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno regional, que se opon¨ªa a reconocer ¡°el reequilibrio financiero derivado del aumento de los gastos¡±.
Los jueces han fijado, adem¨¢s, un incremento anual del 10,05% hasta la fecha en la que se produzca el pago de los 67 millones. Desde 2007, la regi¨®n ha abonado m¨¢s de 620 millones por la construcci¨®n de una autov¨ªa que cost¨® 487. Por cada coche que la atraviesa, paga un canon, cuyo importe no cesa de subir a causa del incremento de la circulaci¨®n.
Las obras y la gesti¨®n de la M-45 fueron adjudicadas a Concesiones de Madrid SA el 24 de septiembre de 1998 en un Consejo de Gobierno que presid¨ªa Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP). La carretera se inaugur¨® cuatro a?os despu¨¦s (en marzo de 2002) y fue la primera gran concesi¨®n que se hizo en Espa?a. Es lo que se llam¨® peaje en la sombra: la Comunidad no pagaba las obras, pero abonaba un canon por cada coche. Cuantos m¨¢s veh¨ªculos, m¨¢s abonaba. La red auton¨®mica se compone de 2.600 kil¨®metros, de la que la M-45 siempre ha sido la m¨¢s transitada, con un volumen de tr¨¢fico medio de 100.000 veh¨ªculos diarios. No obstante, hay otras autov¨ªas en la misma situaci¨®n: la M-407, la M-511 y la M-501.
Gracias a los acuerdos con compa?¨ªas privadas, el Gobierno regional impuls¨® as¨ª durante a?os la construcci¨®n de unas infraestructuras para las que no dispon¨ªa de liquidez. Algunos de esos contratos se cerraron con grandes empresas, como ACS, OHL, Sacyr o FCC. En ning¨²n caso, la cifra pactada reflejaba el coste final de la obra, sino otro muy superior. As¨ª lo indica el incremento del canon de los peajes regionales que, en 2007, costaron a los madrile?os 76,9 millones, pero que en 2014 alcanzaron los 110,9 millones.
Pero no ha sido solo el incremento del tr¨¢fico lo que ha disparado los pagos, sino tambi¨¦n el coste de las expropiaciones de suelo para trazar las autov¨ªas. Concesiones Madrid SA reclam¨® por primera vez una compensaci¨®n econ¨®mica por el sobrecoste de las expropiaciones a las que hab¨ªa tenido que hacer el 20 de diciembre de 2010.
Solicitud de reequilibrio
El segundo de los requerimientos est¨¢ fechado el 26 de julio de 2011, e inclu¨ªa una nueva ¡°solicitud de reequilibrio¡±. La ¨²ltima de las reclamaciones se efectu¨® el 20 de diciembre de 2011, tal y como consta en la sentencia judicial.
La Comunidad de Madrid se opon¨ªa al pago de la cuant¨ªa exigida alegando la improcedencia de la solicitud de restablecimiento econ¨®mico de la concesi¨®n. Seg¨²n la Administraci¨®n, el riesgo concesional y de desequilibrio en perjuicio del concesionario era ¡°inexistente¡±. En su opini¨®n, ¡°ha existido un tr¨¢fico real en la autov¨ªa muy superior al previsto en el plan econ¨®mico financiero¡± y le ha supuesto ¡°aproximadamente 50 millones de ingresos m¨¢s de los que ten¨ªa previstos, lo que no solo ha neutralizado los costes derivados de las expropiaciones, sino que ha desequilibrado el contrato a favor del contratista¡±. Los jueces, sin embargo, no le han dado la raz¨®n.
"La empresa no invirti¨® los 100 millones en conservaci¨®n¡±
El contrato de la concesi¨®n y el pliego de condiciones t¨¦cnicas y econ¨®micas, un acuerdo de 2002, ya reconoc¨ªan el derecho de la empresa para mantener el equilibrio econ¨®mico financiero cuando se hiciera frente a una inversi¨®n en expropiaciones superior a la fijada inicialmente y que se fijaba en los 5.557.650 euros. El importe fue modificado el 25 de julio de 2002 por un Consejo de Gobierno, que reconoci¨® un coste adicional de las obras de casi 21 millones de euros. La Comunidad destaca en su recurso ante el Tribunal Supremo que en el acuerdo de 2002 ya se le reconocieron unas cantidades m¨¢ximas por expropiaciones y que la empresa ¡°no agot¨® la inversi¨®n m¨¢xima hasta 2009¡±, sin que tampoco ¡°haya invertido en conservaci¨®n los 100 millones a los que estaba obligada seg¨²n el modelo econ¨®mico de la concesi¨®n¡±.
Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazan todas las alegaciones de la Comunidad. Consideran que el Gobierno regional debe hacer frente a los gastos de las expropiaciones que pact¨®, una cifra muy superior a la abonada inicialmente. Los magistrados afirman que los c¨¢lculos de la concesionaria (67 millones de euros) est¨¢n bien realizados, y as¨ª lo confirman los peritos.
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