La juez repite la condena a una cooperativa que anul¨® la Audiencia

La titular del juzgado n¨²mero 3 de Pontevedra ha vuelto a condenar a Jos¨¦ Luis Santiago Pereira, presidente de la Cooperativa Gallega del Mar San Miguel de Mar¨ªn, a tres a?os de prisi¨®n por fraude de IVA en la venta de pescado, y una multa de 1,8 millones de euros de indemnizaci¨®n a la entidad, sentencia que hab¨ªa anulado la Audiencia y que orden¨® repetir.

La magistrada, Julia Monteagudo, reedita b¨¢sicamente el fallo que el tribunal de la Secci¨®n Cuarta de Pontevedra consider¨® nulo por falta de motivaci¨®n de las pruebas presentadas, en base a los argumentos que aleg¨® la defensa en el recurso de apelaci¨®n. La Sala tambi¨¦n admiti¨® en su sentencia de nulidad que en el fallo de primera instancia se hab¨ªa vulnerado el derecho de defensa del acusado y quebrantado las normas y garant¨ªas procesales, tesis defendida por el letrado, Jos¨¦ Fern¨¢ndez, del bufete Garrigues de Vigo.

Este segundo veredicto, que ahora revisar¨¢ el mismo tribunal, amplia m¨¢s, si cabe, los fundamentos jur¨ªdicos al valorar los hechos que ya consider¨® como probados para condenar al presidente y a la cooperativa de Mar¨ªn, en base a la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria sobre sus operaciones como mayorista.

Tanto la fiscal¨ªa como la abogac¨ªa del Estado, apreciaron la comisi¨®n de tres delitos fiscales por defraudaci¨®n del IVA en las liquidaciones de los a?os 2008, 2009 y 2010, a trav¨¦s de la doble contabilidad que llevaba la cooperativa. La caja B fue descubierta por Hacienda en el registro de sus oficinas en Mar¨ªn y Vigo, lo que desat¨® la inspecci¨®n a decenas de armadores que le vend¨ªan capturas.

Las acusaciones pidieron 6 a?os de prisi¨®n pero la condena fue reducida a la mitad y a la cooperativa le impuso dos a?os de inhabilitaci¨®n para poder recibir subvenciones p¨²blicas e incentivos fiscales, adem¨¢s de la imposici¨®n de las costas procesales.

La sentencia en la que intervino como ponente la magistrada Cristina Navares hab¨ªa provocado otro rifirrafe con una anterior ¨Cesta vez absolutoria- que acab¨® en un incidente de nulidad planteado por la Fiscal¨ªa de Pontevedra en marzo pasado y que todav¨ªa no ha sido resuelto por la Sala. Un segundo choque judicial que podr¨ªa acabar en el Tribunal Constitucional a instancia de la Fiscal¨ªa General del Estado.

En este incidente, el fiscal de delitos econ¨®micos, Augusto Santal¨®, solicit¨® la anulaci¨®n de la sentencia firme de la Secci¨®n Cuarta por la que revoc¨® la condena al empresario de Sanxenxo, Roberto Mart¨ªn (hermano del pol¨ªtico del PP Telmo Mart¨ªn), tambi¨¦n defendido por el abogado del mismo bufete que intervino en el caso de la cooperativa.

La fiscal¨ªa pidi¨® a la Secci¨®n Cuarta que dictase una sentencia de rectificaci¨®n ¡°por la gravedad de los argumentos¡± por los que absolvi¨® al empresario que fue condenado por el juzgado de lo penal a 3 a?os y 6 meses de prisi¨®n y multa de 2 millones de euros por fraude fiscal en varias operaciones inmobiliarias.

La Sala calific¨® de ¡°arbitrar¨ªa¡±, ¡°il¨®gica¡± e ¡°irracional¡± la valoraci¨®n de la prueba testifical por parte del juez de primera instancia al considerar que la sentencia vulner¨® los principios fundamentales como el acusatorio, de contradicci¨®n y derecho de defensa de Roberto Mart¨ªn, tal y como defendi¨® su abogado.

En un extenso escrito de nulidad -al que se sum¨® el abogado del Estado- tambi¨¦n se pide al tribunal que ¡°fundamente el motivo por el que se considera que los documentos privados aportados por la defensa han prevalecido sobre los del Ministerio P¨²blico¡± y creen que en la sentencia de apelaci¨®n ¡°han quedado en total oscuridad los hechos objetos de acusaci¨®n¡±.