Gobierno y Xunta restringen la medicaci¨®n a los presos que sufren hepatitis C

El protocolo suscrito el pasado mes de abril entre el Servizo Galego de Sa¨²de (Sergas) e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, para tratar ¡°sin dilaci¨®n¡± con los nuevos f¨¢rmacos a los presos con hepatitis C en las c¨¢rceles gallegas queda en papel mojado. El convenio, fruto de una iniciativa presentada por AGE y aprobada en enero por unanimidad en el Parlamento gallego, pretend¨ªa poner fin a la obligaci¨®n impuesta a los presos por Instituciones Penitenciarias de acudir al hospital Gregorio Mara?¨®n de Madrid si quer¨ªan recibir el tratamiento, una restricci¨®n censurada por los tribunales que, seg¨²n los colectivos de afectados, lleva a los enfermos a renunciar a los medicamentos, con el consiguiente riesgo para sus vidas. Pese al acuerdo entre Administraciones, el hospital madrile?o se mantiene como centro de referencia para estos pacientes, seg¨²n ha confirmado a EL PA?S la Conseller¨ªa de Sanidade.

La plataforma de afectados de hepatitis C asegura que desde que se firm¨® el convenio apenas est¨¢n recibiendo el tratamiento ambulatorio media docena de los cerca de 164 reclusos a los que les fueron recetados los costosos f¨¢rmacos. "Esto no es lo que se aprob¨®", sostiene el colectivo. El documento de colaboraci¨®n apenas compromete a la coordinaci¨®n del Sergas con el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, que sigue manteniendo la decisi¨®n sobre si se receta o no la medicaci¨®n ambulatoria. ¡°Se trata de un procedimiento asistencial para el caso de los pacientes de los centros penitenciarios de Galicia que no se puedan desplazar al hospital Gregorio Mara?¨®n, que es donde Instituciones Penitenciarias tiene el centro de referencia¡±, explican fuentes oficiales de Sanidade, que precisan que ¡°la decisi¨®n ¨²ltima¡± es de ese organismo.

¡°No tiene nada que ver con el acuerdo parlamentario¡±, protesta la plataforma, alarmada por la situaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa con esta enfermedad. El colectivo de afectados recuerda que en enero muri¨® un recluso de la c¨¢rcel coru?esa de Teixeiro sin recibir la nueva medicaci¨®n y en la prisi¨®n de Pereiro de Aguiar (Ourense) fue necesaria una sentencia de la Audiencia Provincial para que otro preso con la enfermedad en fase 4, que cont¨® con la asistencia de un colectivo de abogados voluntarios, comenzara a recibirla sin necesidad de trasladarse a Madrid. ¡°No hay excusa para no dar igual trato y asistencia que al resto de la poblaci¨®n¡±, sentenci¨® la Audiencia de Ourense. Al mes del inicio del tratamiento, la salud del paciente ¡°ha experimentado una mejor¨ªa muy importante¡±, sostiene la asociaci¨®n de letrados que lo asesora.

Instituciones Penitenciarias ha declinado contestar las reiteradas peticiones de informaci¨®n formuladas desde este diario. Hasta la entrada en vigor del convenio, a comienzos de mayo, solo las sentencias judiciales fueron frenando puntualmente la discriminaci¨®n en el acceso a la medicaci¨®n eficaz de los enfermos penitenciarios respecto a los de la poblaci¨®n no reclusa.

Pese a que la incidencia de esta enfermedad es de cerca de un 20% en las c¨¢rceles mientras que afecta apenas a un 1,7% del resto de la poblaci¨®n, el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C mantuvo hasta el momento dos velocidades en la administraci¨®n del caro tratamiento. En diciembre de 2015 hab¨ªa en las c¨¢rceles gallegas 654 presos afectados por hepatitis C y de ellos, entre 140 y 165, diagnosticados en fase cuatro, deb¨ªan recibir la nueva medicaci¨®n, seg¨²n datos recogidos por el informe de la fiscal¨ªa gallega que reclamaba ya en esa fecha el tratamiento inmediato para estos. Suscrito el acuerdo entre Sergas y Ministerio del Interior, los datos que maneja la plataforma de afectados evidencian que, medio a?o despu¨¦s y con el convenio firmado, apenas lo han comenzado a recibir un ¨ªnfimo porcentaje de los internos.

¡°El protocolo sigue sin ser una soluci¨®n¡±, se?ala el portavoz de la plataforma de afectados, Quique Costas. ¡°Tal y como se est¨¢ aplicando, es absurdo porque se mantiene la misma situaci¨®n que antes, cuando el objetivo era que el Sergas asumiera de forma generalizada el tratamiento y que lo pagase Instituciones Penitenciarias sin necesidad de que los presos tengan que romper con su vida y renunciar a sus visitas para acudir a tratarse a Madrid por espacio de tres o seis meses¡±. Una medida que Costas tilda de ¡°estrategia disuasoria¡±, ya que asegura que ¡°en un porcentaje elevad¨ªsimo¡±, los reclusos rechazan el traslado y se quedan sin el tratamiento, con el consiguiente riesgo para sus vidas, o pleitean, b¨¢sicamente con la ayuda de los abogados voluntarios de la Asociaci¨®n de Asistencia Jur¨ªdica Penitenciaria a los que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades aut¨®nomas, la Xunta de Galicia no paga.

Hasta la firma del convenio, Instituciones Penitenciarias solo hab¨ªa accedido a proporcionar el costoso medicamento por sentencia, tras una mara?a de pleitos y recursos en toda Espa?a para evitar pagar el tratamiento a las comunidades aut¨®nomas. Diversos tribunales superiores -junto a Galicia, los de Castilla y Le¨®n, Baleares o Alicante, entre otros- obligaron al Ministerio del Interior a pagar a las comunidades el tratamiento de los presos sin salir de su entorno. En Galicia, tras el acuerdo con el Sergas, la situaci¨®n es similar: Instituciones Penitenciarias sigue decidiendo si los presos son tratados en sus provincias o deben trasladarse a Madrid, aun cuando la Agencia Espa?ola de Medicamentos y Productos Sanitarios deja claro que el f¨¢rmaco es de diagn¨®stico (no de uso) hospitalario.