La Justicia deja a Mas a punto de juicio por el 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) dio ayer un paso definitivo para que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las que fueron su vicepresidenta, Joana Ortega, y consejera de Ense?anza, Irene Rigau, vayan a juicio por desobediencia grave y prevaricaci¨®n administrativa al haber organizado la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El juez instructor del caso considera que los tres miembros del Gobierno catal¨¢n desoyeron el acuerdo del Tribunal Constitucional que orden¨® suspender aquella consulta.

El juez instructor del caso, Juan Manuel Abril, da por concluida la investigaci¨®n, rechaza la petici¨®n de archivo que reclamaron las defensas y deja a los tres ex altos cargos de la Generalitat a las puertas del juicio en la causa del 9-N, que se tramita desde hace a?o y medio. Las acusaciones populares y la fiscal¨ªa disponen ahora de diez d¨ªas para presentar sus escritos de acusaci¨®n y reclamar la apertura del juicio.

Converg¨¨ncia anunci¨® ayer que Mas, Ortega y Rigau recurrir¨¢n el auto judicial para frenar el juicio oral y que el caso sea sobrese¨ªdo. La portavoz del partido, Marta Pascal, se?al¨® que la causa del 9-N ¡°es una persecuci¨®n pol¨ªtica en toda regla¡± y la vincul¨® a las conversaciones desveladas por el diario P¨²blico entre el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en las que buscan incriminar a dirigentes pol¨ªticos vinculados con el independentismo antes del 9-N.

El auto considera que las actuaciones de los tres miembros del Gobierno catal¨¢n ¡°podr¨ªan constituir, indiciariamente, el tipo delictivo de desobediencia¡±, al ser ¡°necesarios y nucleares¡± para que se celebrara aquella votaci¨®n, por no dejar sin efecto los contratos con las empresas que deb¨ªan facilitar la infraestructura de la consulta. El presunto delito de prevaricaci¨®n deriva de no haber dictado las resoluciones que impidieran el 9-N, con el fin de ¡°conseguir la realizaci¨®n de su voluntad y anteponer la misma a la suspensi¨®n ordenada por el TC¡±.

El juez considera que entre el 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional dict¨® su providencia para suspender el proceso, y el d¨ªa 9, cuando se celebr¨® la consulta, los tres acusados participaron de forma activa en la organizaci¨®n del evento.

El auto del TSJC explica que Mas conoc¨ªa la decisi¨®n del Tribunal Constitucional, que la traslad¨® a Ortega y Rigau, y que declar¨® haber sido ¡°el m¨¢ximo responsable de la iniciativa pol¨ªtica y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N¡±. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat defendi¨® ante el juez que una vez conocida la suspensi¨®n del Constitucional, el proceso participativo pas¨® a depender de voluntarios, argumento que es rebatido en el auto.

En el caso de la vicepresidenta Ortega, se vincula su departamento (Gobernaci¨®n) con la contrataci¨®n con recursos p¨²blicos de empresas privadas encargadas de, entre otras cosas, crear la web oficial desde la que la Generalitat promocion¨® la jornada, programar e instalar una aplicaci¨®n inform¨¢tica para realizar el recuento, la adquisici¨®n de 7.000 ordenadores y la contrataci¨®n de una sociedad para que habilitara un centro de prensa. En el caso de Rigau, entonces titular de Ense?anza, el juez asegura que fue la responsable de ceder los espacios educativos para instalar las urnas y los ordenadores, demandando a los directores de cada uno de ellos que abrieran las instalaciones el domingo de la votaci¨®n.

Hay un cuarto pol¨ªtico soberanista investigado por la consulta. Es el diputado electo Francesc Homs y, como aforado, su caso se encuentra en el Tribunal Supremo. En el momento de los preparativos de la consulta ocupaba el cargo de consejero de la Presidencia. El Supremo le investiga tambi¨¦n por haber cometido los presuntos delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.