Relatores de la ONU preguntan por violaciones de derechos en El Gallinero

¡°A la espera de su respuesta, quisi¨¦ramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas¡±, dice la carta firmada por siete relatores especiales, aquellos funcionarios a los que la ONU encarga vigilar, recibiendo quejas y haciendo estudios, el respeto a cada uno de los derechos humanos. Pertenecen a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En este caso, seg¨²n la informaci¨®n que han recibido, la polic¨ªa ha entrado varias veces en los ¨²ltimos a?os en el Gallinero a realizar ¡°desalojos de manera violenta y humillante¡±, durante la noche o justo antes del amanecer, algunos de ellos ¡°sin orden del Ayuntamiento¡± y sin previo aviso.

Sin agua potable (la llevan en cubos desde el acceso m¨¢s cercano, a 300 metros de algunas viviendas), ni retretes ni letrinas ni recogida de basura, varios ni?os fueron ingresados en 2013 y 2014 ¡°debido a diarreas y deshidrataci¨®n¡±. Adem¨¢s, aseguran que a varias familias se les ha pedido que pagasen la atenci¨®n sanitaria a ni?os en centros hospitalarios.

En cuanto a la educaci¨®n, a pesar de la escolarizaci¨®n de todos los ni?os en edad obligatoria, los relatores hablan de la discriminaci¨®n que sufren los muchachos en los centros escolares, entre otras cosas, por el aspecto que provoca la falta de higiene. Adem¨¢s, mencionan las dificultades para escolarizar a los menores de tres a?os, lo que les impide acceder a ayudas alimentarias. ¡°Sin implicar de antemano una conclusi¨®n sobre los hechos, quisi¨¦ramos expresar nuestra profunda preocupaci¨®n por las condiciones de vida en El Gallinero¡±, a?aden los relatores de la ONU.

Algunas de las situaciones que recoge su carta fueron denunciadas en un informe de 2014 de la ONG Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas, que tambi¨¦n mostraba los problemas de violencia, de alcohol y delincuencia en este asentamiento poblado por rumanos de etnia gitana. Entonces se cifraron sus habitantes en 495 personas, m¨¢s de la mitad, menores. Ahora, sin embargo, quedan unas 300, seg¨²n la Comunidad de Madrid.

Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento respondieron el pasado viernes a la petici¨®n de informaci¨®n de la ONU. Desde el Consistorio se limitan a decir que han explicado al organismo internacional el trabajo que desarrollan en el poblado. Sin embargo, un portavoz de los Servicios Sociales de la Comunidad s¨ª ofrece alg¨²n detalle m¨¢s sobre un informe en el que defienden que ¡°el Estado Espa?ol, a trav¨¦s de sus diferentes organismos e instituciones, est¨¢ trabajando eficazmente por la plena integraci¨®n como ciudadanos de pleno derecho de la UE, con la poblaci¨®n residente en el n¨²cleo chabolista¡±.

El Gobierno madrile?o habla de un trabajo conjunto con el Ayuntamiento, de un ¡°gran esfuerzo econ¨®mico y de recursos profesionales y materiales¡±, de distintas ¡°campa?as de limpieza integral¡± del asentamiento, de intervenciones socioeducativas y de un servicio semanal de atenci¨®n sanitaria a trav¨¦s de unidades m¨®viles. Sobre el derribo de las viviendas, la Comunidad defiende esa pol¨ªtica del Ayuntamiento para controlar el chabolismo, pero insiste en que cada desalojo se ha hecho ¡°ofreciendo siempre una opci¨®n residencial a todas las familias afectadas¡±.

En los pr¨®ximos meses, cuando los relatores tengan su informe, se ver¨¢ si les han convencido estas explicaciones. De momento, en su carta reprochan la insuficiencia de los programas p¨²blicos, en los que adem¨¢s ¡°la intervenci¨®n social fue relegada a un segundo plano en el referente a los derribos y desalojos¡±, opinan.