El juez a?ade el delito electoral a la investigaci¨®n del PP por blanqueo
El magistrado imputa a Garc¨ªa Fuster, exsecretaria del grupo municipal, por ambos delitos
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del caso Taula o Imelsa, un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ampl¨ªa la investigaci¨®n a un supuesto delito electoral en las campa?as de 2011 y 2015.
El magistrado ha citado a declarar en calidad de investigadas a la exsecretaria del grupo municipal del PP, Carmen Garc¨ªa Fuster, y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello, y requiere al PP para que identifique a la persona que ejerci¨® estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las dos campa?as electorales, seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Garc¨ªa Fuster, una de las personas detenidas durante la Operaci¨®n Taula, llevada acabo el pasado enero, fue durante a?os la secretaria general del Grupo del PP en el Consistorio de Valencia. Formaba parte del c¨ªrculo de confianza de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barber¨¢. Varios testimonios la ubican como la persona encargada de recaudar los donativos que presuntamente se devolvieron en billetes de 500 euros.
El titular del juzgado ve indicios de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en ¡°ejecuci¨®n de un plan preconcebido¡±, carg¨® gastos electorales en las campa?as de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada b¨¢sicamente por Garc¨ªa Fuster, ¡°carente de toda fiscalizaci¨®n y reflejo en la contabilidad del PP¡±. A?ade que de las diligencias practicadas hasta el momento, existe una ¡°aparente infracci¨®n tanto de la normativa aplicable en materia de financiaci¨®n de partidos pol¨ªticos como de r¨¦gimen local¡±.
Seg¨²n el instructor, ¡°resulta razonable que la investigaci¨®n y la imputaci¨®n se proyecte tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos ten¨ªan capacidad de decisi¨®n o disposici¨®n¡±. Estos ¨²ltimos, que habr¨ªan participado en la comisi¨®n del delito ¡°con actos conscientes de colaboraci¨®n¡±, tendr¨ªan la consideraci¨®n de cooperadores necesarios. El delito electoral no puede imputarse al PP como persona jur¨ªdica.
Delito electoral
El juez concluye que el delito electoral se habr¨ªa cometido de manera continuada y en conexi¨®n con el de blanqueo; por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas, adem¨¢s del PP, imputado como persona jur¨ªdica, y en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en v¨ªsperas de las elecciones municipal de 2015. Esa cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para ¡°aflorar¡± ¡°un dinero en met¨¢lico, en cuant¨ªa pr¨®xima a los 50.000 euros (¡) que podr¨ªa tener su origen en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos¡±.
Con esta decisi¨®n, el juez decide incorporar a la causa las diligencias de investigaci¨®n penal abierta por la Fiscal¨ªa tras la denuncia interpuesta por tres representantes de Comprom¨ªs en el Consistorio valenciano.
El juez requiere al Tribunal de Cuentas la documentaci¨®n remitida por el Partido Popular a dicho Tribunal correspondiente a la contabilidad electoral de las elecciones municipales de 2011 y de 2015, as¨ª como de los informes de fiscalizaci¨®n sobre las cuentas de dicho partido y elecciones, caso de estar concluidos.
El juez se dirige igualmente a la Junta Electoral Provincial para que informe sobre la cuenta bancaria ¨²nica designada por el Partido Popular como cuenta electoral de la candidatura municipal del 2015, dado que no consta remitida la informaci¨®n de dicha cuenta y a?o, a diferencia de la de 2011.
Entre las diligencias acordadas en el auto en el que se ampl¨ªa la pieza separada de blanqueo al delito electoral, se incluye el requerimiento a un banco para que env¨ªe al Juzgado la relaci¨®n ¨ªntegra de movimientos de la cuenta bancaria abierta a nombre del Partido Popular (cuenta electoral), y de la persona o personas autorizadas para disponer de la misma.
El juez remitir¨¢ el auto y el informe de la UCO de la Guardia Civil al Tribunal Supermo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tribunales que tienen pendiente pronunciarse sobre la participaci¨®n de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barber¨¢, y el exconcejal y diputado auton¨®mico Miquel Dom¨ªnguez en los hechos investigados.
La investigaci¨®n por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Taula, en el que se investiga el ama?o de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputaci¨®n (a trav¨¦s de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a trav¨¦s de la Concejal¨ªa de Cultura) y Generalitat (a trav¨¦s de la empresa Ciegsa). La causa, que naci¨® en abril de 2015, est¨¢ abierta por malversaci¨®n, fraude en la contrataci¨®n p¨²blica, cohecho, tr¨¢fico de influencias y blanqueo. Existe otra pieza separada que investiga las contrataciones ficticias en Imelsa.
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