Puigdemont se abre a limitar los ¡°abusos¡± en el precio del alquiler
El 'president' anuncia una nueva ley en septiembre para paliar los efectos de la suspensi¨®n por el Constitucional de la Ley Antidesahucios
Carles Puigdemont se abri¨® ayer a crear una comisi¨®n que estudie los precios abusivos en el mercado de alquiler como, desde hace tiempo, viene denunciando el Ayuntamiento de Barcelona. El president anunci¨® la medida tras la celebraci¨®n de la segunda cumbre entre partidos, alcaldes y colectivos sociales para paliar los efectos de la suspensi¨®n por parte del Tribunal de la Ley Antidesahucios. La nueva ley expr¨¦s se aprobar¨¢ en septiembre. Ada Colau conf¨ªa en que la regulaci¨®n de alquiler se incorpore en un futuro texto.
Tras la reuni¨®n en el Palau de la Generalitat, que dur¨® algo m¨¢s de dos horas, Puigdemont se congratul¨® del consenso, aunque con matices, del anteproyecto de ley confeccionado y que aspira a esquivar el impacto de los art¨ªculos suspendidos por el Alto Tribunal a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. ¡°La suspensi¨®n fue injusta y este instrumento recoge el esp¨ªritu de la gran mayor¨ªa¡±, dijo Puigdemont. El presidente catal¨¢n insisti¨® en que la norma contiene la necesaria seguridad jur¨ªdica que reclamaba el mundo local para evitar una nueva impugnaci¨®n. El Gobierno quiere que el proyecto de ley se plantee a trav¨¦s de lectura ¨²nica, por lo que en principio cuenta con el consenso necesario para ser aprobado.
En su balance, Puigdemont desliz¨® que la consejera Meritxell Borr¨¤s hab¨ªa planteado crear un grupo de trabajo para reflexionar sobre el precio abusivo de los alquileres al ser ¡°conscientes¡± de que buena parte la emergencia habitacional procede de ellos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, dio la bienvenida al anteproyecto como punto de partida ¡ª¡°la anulaci¨®n de la ley fue una anomal¨ªa democr¨¢tica¡±¡ª y celebr¨® que la nueva norma recupere la expropiaci¨®n del usufructo para los pisos vac¨ªos, que se elimin¨® en 2011 y que se acota a grandes tenedores.
Pero pidi¨® ir m¨¢s all¨¢ al subrayar que la mayor¨ªa de desahucios que se producen en Barcelona, por ejemplo, son por el impago de alquiler y no por no costear hipotecas. De acuerdo con sus datos, en 2015 atendieron 1.092 casos de desahucios. En el primer semestre de este 2016 llevan ya sumados 1.278. Y el 68% de ellos fue por impago de arrendamiento. El Ayuntamiento, adem¨¢s, est¨¢ obligado a costear el realojamiento del 90% de personas desahuciadas por ese concepto.
¡°Tenemos datos que nos alertan de una posible burbuja inmobiliaria del alquiler. Y por eso se crear¨¢ un segundo grupo de trabajo¡±, afirm¨® la alcaldesa, que vino a decir que poner l¨ªmites a los arrendamientos no es ninguna excentricidad porque ese modelo ya se aplica en ciudades como Berl¨ªn o Par¨ªs. El objetivo de Colau es que esa regulaci¨®n se incorpore m¨¢s adelante a la ley. No olvid¨® tambi¨¦n se?alar que se apliquen recursos para la norma, dotada en principio con 14 millones de euros.
Lamento de la PAH
Adem¨¢s del Ayuntamiento de Barcelona, la Federaci¨®n y la Asociaci¨®n Catalana de Municipios, el Consejo de la Abogac¨ªa y el Tercer Sector han bendecido a rasgos un anteproyecto que garantiza la mediaci¨®n, expropiaci¨®n temporal y expropiaci¨®n para uso. No hacen una lectura tan positiva las entidades sociales que impulsaron hace un a?o la ILP sobre Emergencia Habitacional y que al final fue suspendida por el TC. Los grupos la consideran mod¨¦lica y se?alan que supuso, adem¨¢s, un cambio de paradigma para los colectivos en defensa de una vivienda digna de otras comunidades aut¨®nomas.
Guillem Domingo, uno de los portavoces de la PAH, afirm¨® que la anterior ley fue recurrida por el Gobierno de Rajoy de forma descarada a instancias de los bancos porque era una norma que daba buenos resultados y fren¨® miles de desahucios. ¡°Esa ley obligaba a la banca a asumir sus responsabilidades y el anteproyecto est¨¢ no dar¨¢ tantos resultados¡±, avis¨®. Tras alertar de que la ley no ser¨¢ ¨¢gil en la aplicaci¨®n de las expropiaciones de uso, los activistas sostienen que la nueva norma aspira a movilizar 2.200 pisos para atender a las personas que los necesiten cuando en realidad hay 16.000 desahucios al a?o. El PP y el PSC contemplan votar a favor.
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