La Fiscal¨ªa pide diez a?os de inhabilitaci¨®n para Artur Mas por el 9-N

La Fiscal¨ªa ha solicitado una pena de diez a?os de inhabilitaci¨®n para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. En su escrito de acusaci¨®n ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), la Fiscal¨ªa considera a Mas "autor" de los delitos de desobediencia grave y prevaricaci¨®n administrativa. Tambi¨¦n se?ala a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau como "cooperadoras necesarias" de esos delitos, y pide para ellas una pena de nueve a?os de inhabilitaci¨®n.

Los fiscales Francisco Ba?eres y Emilio S¨¢nchez Ulled concluyen que los dos delitos deben castigarse de forma conjunta. Y piden que, durante el tiempo de la condena, Mas y sus exconsejeras no puedan desempe?ar "cargos p¨²blicos electivos" en cualquier nivel, "ya sean de ¨¢mbito local o estatal". Si la acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a prospera en el juicio, tambi¨¦n estar¨¢n inhabilitados para "el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ¨¢mbito auton¨®mico como en el del Estado".

Mas, Ortega y Rigau van a ser procesados por organizar la consulta independentista del 9-N a pesar de que, cinco d¨ªas antes, el Tribunal Constitucional (TC) la hab¨ªa prohibido. La Generalitat adujo entonces que se desentendi¨® del proceso y lo dej¨® en manos de voluntarios. La Fiscal¨ªa replica, en cambio, que el Gobierno catal¨¢n sigui¨® realizando actos para impulsar la consulta; en concreto, permiti¨® que los trabajos encargados anteriormente a empresas privadas siguieran adelante pese al veto del Constitucional.

El escrito otorga un papel preponderante a Mas como impulsor pol¨ªtico de la votaci¨®n. El expresidente catal¨¢n "articul¨® una estrategia de desaf¨ªo completo y efectivo a la suspensi¨®n" del TC "auxiliado directamente por destacados miembros del Gobierno". "Amparado simplemente en su voluntad, que convirti¨® irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", dice el escrito, se "concert¨®" con el resto de acusados para que la "jornada de participaci¨®n" se celebrara. Todos ellos, reafirma el texto, eran "conscientes" de que estaban quebrantando la resoluci¨®n del Constitucional, que era clara e inequ¨ªvoca y se les hab¨ªa comunicado personalmente.

Tras el veto del TC, Mas y sus consejeras se mantuvieron "en segundo plano" e intentaron generar "la apariencia de que el proceso se paraba". No fue as¨ª. La documentaci¨®n, sigue la Fiscal¨ªa, demuestra que los trabajos encargados por la Administraci¨®n a contratistas privados se ejecutaron despu¨¦s del veto, el 4-N: el reparto masivo de correspondencia; la web institucional, que "se mantuvo activa"; la campa?a institucional; o las tareas de "infraestructura inform¨¢tica".

Los fiscales se detienen especialmente en esas labores inform¨¢ticas. Durante los d¨ªas 7 y 8 de noviembre, dos empresas (T-Systems y Fujitsu) entregaron e instalaron los programas inform¨¢ticos necesarios para la consulta en los 7.000 ordenadores port¨¢tiles comprados expresamente para la jornada. Todo ese material, adem¨¢s, se distribuy¨® en los institutos de educaci¨®n p¨²blica, que el d¨ªa 9 de noviembre abrieron las puertas para permitir el voto de los ciudadanos.

La Fiscal¨ªa sugiere que los delitos (desobediencia y prevaricaci¨®n) deben juzgarse en "concurso ideal", o sea, conjuntamente. Sin embargo, plantea una calificaci¨®n "alternativa" para el caso de que el tribunal optara por castigarlos por separado. En ese caso, la petici¨®n de pena se mantiene casi intacta para todos ellos. En el caso de Mas, ser¨ªan ocho a?os de inhabilitaci¨®n (por prevaricaci¨®n) y un a?o y medio m¨¢s (por desobediencia). Este ¨²ltimo delito, sin embargo, implica tambi¨¦n una pena de multa, que los fiscales cifran en 36.000 euros.

Para organizar el 9-N, admiten los fiscales, "se movilizaron cuantiosos recursos financieros p¨²blicos". El escrito, sin embargo, no menciona el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Este delito -el ¨²nico que conlleva penas de prisi¨®n- se hab¨ªa incluido en la querella inicial de la Fiscal¨ªa, pero fue descartado el pasado verano, una vez practicadas todas las diligencias. Los fiscales llegaron a la conclusi¨®n de que hab¨ªa un "margen de duda", ya que los gastos fueron "comprometidos con anterioridad" a la suspensi¨®n del Constitucional, pese a que algunos se pagaran despu¨¦s.

El escrito de calificaci¨®n llega unos d¨ªas despu¨¦s de que, el pasado 15 de septiembre, el TSJC diera por cerrada, definitivamente, la instrucci¨®n de la causa al rechazar los ¨²ltimos recursos de las defensas. El tribunal vio indicios de delito y rechaz¨® uno de los argumentos repetidos por Mas: que la del 9-N es solo una "causa pol¨ªtica". Con el escrito de la Fiscal¨ªa, ya solo falta que el TSJC dicte el auto de apertura de juicio oral, que obligar¨¢ a Mas, Ortega y Rigau a sentarse en el banquillo de los acusados.