Territorio afronta reclamaciones de 316 millones por los planes anulados

El Gobierno valenciano afronta el pago de 316 millones de euros a promotores urban¨ªsticos y propietarios de suelo que han reclamado indemnizaciones porque los tribunales han anulado unos planes que la Administraci¨®n auton¨®mica aprob¨® a pesar de que carec¨ªan de los preceptivos informes de agua o de evaluaci¨®n medioambiental. "?ste es el minuto y resultado de la gesti¨®n del PP", ha dicho la consejera de Territorio, Mar¨ªa Jos¨¦ Salvador, tras dar a conocer los datos.

Durante la ¨¦poca del boom urban¨ªstico, la Generalitat, entonces gobernada por el PP, dio luz verde a planes urban¨ªsticos que no reun¨ªan los informes exigidos por ley para su aprobaci¨®n, como han reconocido m¨¢s tarde los tribunales. Los afectados por la anulaci¨®n judicial de esos proyectos -promotores y propietarios de suelo en su mayor¨ªa- han cogido la sentencia y se han ido a continuaci¨®n a la Generalitat a reclamar indemnizaciones patrimoniales.

La Consejer¨ªa de Territorio tiene encima de la mesa unas 60 reclamaciones por 20 planes urban¨ªsticos anulados por la justicia, entre ellos el plan Rabassa de Alicante, el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de D¨¦nia, el plan de la Zona de Actividades Log¨ªsticas (ZAL) de Valencia, o el programa de Porxinos en la localidad valenciana de Riba-roja.

Para Salvador, este es el resultado de la "nefasta" y a veces "negligente" gesti¨®n del PP en materia urban¨ªstica, que ha llevado a que los propietarios afectados hayan presentado reclamaciones patrimoniales en los tribunales por la anulaci¨®n de planes urban¨ªsticos y la disminuci¨®n del valor de sus terrenos.

La Generalitat ha recurrido las reclamaciones pero todo apunta, ha reconocido Salvador, a que haya muchas m¨¢s dada la forma en que se gestion¨® el urbanismo en la Comunidad Valenciana durante a?os.

La hipoteca urban¨ªstica de los 20 a?os de gobierno popular han dejado 316 millones de euros por m¨¢s de 60 reclamaciones de propietarios que ser aceptadas puede suponer un "aut¨¦ntico torpedo a la l¨ªnea de la flotaci¨®n de las ya esquilmadas arcas p¨²blicas de la Generalitat", ha lamentado la titular de Territorio.

Los afectados por la anulaci¨®n del plan Rabassa en Alicante piden a la Generalitat 30 millones de euros, los promotores del sector del r¨ªo Algar en Altea reclaman otros 30 millones de euros, por la paralizaci¨®n del PGOU de D¨¦nia se reclaman 71 millones de euros, por el PAI de Porxinos en Riba-roja se exigen casi 20 millones de euros y por la ZAL de Valencia, unos 54 millones. Las reclamaciones por la anulaci¨®n del PGOU de Castell¨®n no se han concretado todav¨ªa.