El Gobierno recurrir¨¢ los planes urban¨ªsticos que no garanticen el agua y las infraestructuras

El Gobierno, a trav¨¦s de sus tres subdelegaciones en la Comunidad Valenciana, recurrir¨¢ ante los tribunales la aprobaci¨®n de los PAI (Programas de Actuaci¨®n Integrada) que no garanticen el agua, las infraestructuras y el respeto a la costa. La primera acci¨®n en este sentido se produjo este enero cuando la subdelegaci¨®n de Valencia anunci¨® un recurso contra la aprobaci¨®n del PAI de la Vega de Cullera. El portavoz de Territorio del PSPV, Eugenio Burriel, advirti¨® ayer, por otro lado, que los PAI reclasificatorios sin la revisi¨®n previa del plan general son " nulos".

AUN presenta un informe que cuestiona la constitucionalidad de la nueva ley

Los promotores destacan la estabilidad y mayores garant¨ªas jur¨ªdicas de la LUV

El Gobierno vigilar¨¢ que los PAI que salen aprobados de las comisiones territoriales de urbanismo de la Generalitat cumplan con la legislaci¨®n y garanticen, por ejemplo, la cantidad y calidad de las aguas de abastecimiento, la movilidad del tr¨¢fico o el respeto al dominio mar¨ªtimo-terrestre. La Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a trav¨¦s de sus tres subdelegaciones, observar¨¢ "con lupa" la aprobaci¨®n en los ayuntamientos de los PAI, y solicitar¨¢ a la Generalitat que las confederaciones hidrogr¨¢ficas se incorporen -ahora no est¨¢n- a las comisiones t¨¦cnicas de Urbanismo, donde se ven los informes de las diferentes administraciones implicadas. Posteriormente, si los proyectos llegan a la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de la Generalitat, encargada de la supervisi¨®n y aprobaci¨®n de los PAI, con deficiencias en materia de Costas o de Fomento votar¨¢n en contra. Si el proyecto prospera sin correcciones, las subdelegaciones del Gobierno recurrir¨¢n por lo contencioso la aprobaci¨®n de los PAI y solicitar¨¢n a los tribunales su paralizaci¨®n cautelar. "Es la mec¨¢nica que hemos elegido para demostrar que nuestra posici¨®n no es ni caprichosa ni ideol¨®gica", matiz¨® ayer el subdelegado de Valencia, Luis Felipe Mart¨ªnez.

La Delegaci¨®n del Gobierno abri¨® este proceso el pasado 26 de enero, cuando el subdelegado anunci¨® el recurso presentado ante los tribunales contra la decisi¨®n de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de Valencia, adoptada el 15 de noviembre, que permite urbanizar la desembocadura del r¨ªo J¨²car, una vez sea homologado el plan parcial de la Vega de Cullera. Este plan, seg¨²n el Gobierno, no acredita la existencia de recursos h¨ªdricos suficientes, podr¨ªa invadir el dominio mar¨ªtimo-terrestre y no garantiza la absorci¨®n del tr¨¢fico adicional que generar¨¢ el desarrollo de este proyecto. La Consejer¨ªa de Territorio interpret¨® el recurso como una intromisi¨®n en sus competencias sobre urbanismo.

Tambi¨¦n de urbanismo, m¨¢s concretamente de la Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV), que entr¨® en vigor anteayer, sali¨® a opinar el secretario de Territorio del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel. ?ste advirti¨® de que los PAI que reclasifiquen suelo r¨²stico y se aprueben sin haberse revisado previamente los planes generales son "nulos de pleno derecho", ya que, se?al¨®, "no pueden ser aceptados a tr¨¢mite". El portavoz socialista apoy¨® su afirmaci¨®n en un dictamen elaborado por el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universitat de Val¨¨ncia Jos¨¦ Mar¨ªa Ba?o.

En relaci¨®n a la LUV, en vigor desde el mi¨¦rcoles, Burriel sostuvo que ni una nueva etapa en el urbanismo valenciano, como dijo anteayer el consejero Blasco, pone l¨ªmites al crecimiento "depredador" de los ¨²ltimos a?os. "El Consell", a?adi¨® Burriel, "confirm¨® ayer [por anteayer] que no piensa escuchar las llamadas de alerta y de preocupaci¨®n que le han llegado".

El responsable socialista del Urbanismo constat¨® que, al igual que sucedi¨® con la LOTPP, la LUV ha creado un efecto llamada, "por eso la oleada de PAI que se han presentado d¨ªas antes de que entrase en vigor la nueva ley". Burriel acus¨® adem¨¢s a Blasco de actuar con "opacidad y falta de transparencia" y critic¨® los porcentajes y ratios que el consejero ofrece para acreditar que el grado de urbanizaci¨®n es escaso en la Comunidad Valenciana. "La Comunidad Valenciana es despu¨¦s de Murcia la de mayor ocupaci¨®n", asegur¨® Burriel, quien interpelado por el origen de este dato, respondi¨® que no pod¨ªa desvelarlo y a?adi¨® que "el consejero lo tiene [el dato]".

En sentido diferente se expresaron ayer profesionales y expertos en urbanismo convocados a unas jornadas por la Federaci¨®n de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana y que hoy tiene previsto clausurar el consejero Rafael Blasco. En una nota de prensa -la sesi¨®n fue cerrada a los medios de comunicaci¨®n-, la organizaci¨®n destac¨® "la estabilidad y las mayores garant¨ªas jur¨ªdicas que las nuevas leyes aportar¨¢n al urbanismo valenciano".

Por su parte, la Asociaci¨®n Abusos Urban¨ªsticos No (AUN) present¨® ayer ante la Delegaci¨®n del Gobierno en Valenciana un informe jur¨ªdico que cuestiona la constitucionalidad de la nueva Ley Urban¨ªstica Valenciana (LUV). La asociaci¨®n inst¨® a la Delegaci¨®n del Gobierno a trasladar este informe a los servicios jur¨ªdicos del Estado para que constaten su contenido y determinen si es viable interponer un recurso de incontitucionalidad contra la LUV que "no es acorde a la Constituci¨®n, la legislaci¨®n b¨¢sica estatal ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Seg¨²n el informe de los asesores de colectivo de propietarios, la LUV "prima el derecho o a la iniciativa empresarial sobre el derecho a la propiedad, contemplado en la Constituci¨®n y en el protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Los afectados consideran que la LUV permite continuar las "reclasificaciones de suelo" posibilitando que el suelo no urbanizable se reclasifique como urbanizable mediante compensaciones.

El informe jur¨ªdico, difundido ayer, concluye asegurando que los derechos de los propietarios no se incrementan y se ven inmersos, cuando se inicia un proceso de ejecuci¨®n de una urbanizaci¨®n por un agente urbanizador, en total incertidumbre respecto de sus derechos, y adem¨¢s denuncia la "falta de conformidad" con el derecho comunitario, en especial, con las directivas sobre contrataci¨®n p¨²blica. En este apartado AUN resalta que no se obliga a anunciar la licitaci¨®n de las obras de urbanizaci¨®n por el urbanizador en el Diario Oficial de la Uni¨®n Europea, si las cantidades superan los m¨¢ximos comunitarios.