La Audiencia de Gij¨®n ordena una vista para decidir sobre el ¡®caso Anonymous¡¯
La Fiscal¨ªa recurri¨® la sentencia que absolv¨ªa a quienes la polic¨ªa tild¨® de 'c¨²pula en Espa?a' de los activistas
La secci¨®n octava de la Audiencia Provincial de Gij¨®n ha ordenado la celebraci¨®n de una vista para decidir sobre el conocido como caso Anonymous. Se trata de la absoluci¨®n de la supuesta c¨²pula en Espa?a de los ciberactivistas, seg¨²n la bautiz¨® la polic¨ªa: Rodrigo T. Yuri D. y Jos¨¦ Mar¨ªa Z. Los abogados de las defensas y el ministerio fiscal est¨¢n citados el viernes de la semana que viene, 25 de noviembre, para decidir sobre el recurso que ha presentado el ministerio p¨²blico.
La titular del juzgado penal n¨²mero 3 de la ciudad asturiana absolvi¨® a todos los acusados de colapsar la web de la Junta Electoral Central, dos d¨ªas antes de las elecciones municipales de mayo de 2011. Consider¨® que no pod¨ªan tenerse en cuenta el contenido de los ordenadores intervenidos, porque se rompi¨® la cadena de custodia y no se garantiz¨® el precintado. Tambi¨¦n aleg¨® que no resultaban suficientes las declaraciones de los investigadores, que tach¨® de "vagas".
Por todo ello, adujo, declaraba inocentes a los tres enjuiciados. Se acusaba a Rodrigo T. de poner a disposici¨®n de Yuri D. y Jos¨¦ Mar¨ªa Z. un servidor desde el que estos redirigieron las solicitudes de acceso a la web de la Junta Electoral Central hasta colapsarla.
El fiscal recurri¨® el pasado 19 de agosto esta decisi¨®n. Asegur¨® que no existen protocolos claros sobre c¨®mo llevar a cabo el volcado de los ordenadores y el precinto de los mismos. Por eso, solicita que la misma jueza vuelva a dictar sentencia teniendo en cuenta las pruebas contra los acusados.
El caso Anonymous tuvo un gran impacto en la comunidad de activistas, sobre todo por las elevadas penas que ped¨ªa la Fiscal¨ªa, de m¨¢s de cinco a?os de prisi¨®n. En concreto, les acusaba de formar parte de un grupo criminal y de un delito de da?os continuados. La Junta Electoral, que fue la afectada por la campa?a, report¨® un perjuicio de 700 euros, que "no eran tales porque el trabajo lo realiz¨® un empleado en n¨®mina" al que no se le pag¨® de m¨¢s por solucionarlo, seg¨²n la sentencia. En una hora, la web volvi¨® a funcionar,.
Otro elemento pol¨¦mico fue la inmersi¨®n de un agente en las redes, haci¨¦ndose pasar por un activista m¨¢s. El polic¨ªa asegur¨® que lo hizo para monitorizar las conversaciones, y el abogado de la defensa de Jos¨¦ Mar¨ªa Z. le acus¨® de inducci¨®n al delito por ofrecerle, dijo, a su cliente una red de ordenadores fantasma (botnet). La juez consider¨® que no se trataba de un polic¨ªa encubierto que indujese al delito, pero s¨ª critic¨® la falta de concreci¨®n de su declaraci¨®n: "El agente, tras un detallado interrogatorio, respondi¨® a la mayor¨ªa de preguntas que le fueron formuladas con un "no s¨¦" y "no recuerdo".
Tampoco tuvo en cuenta la declaraci¨®n autoinculpatoria de Jos¨¦ Maria Z., una vez detenido. "Debe tratarse de una declaraci¨®n voluntaria y espont¨¢nea, sin vicios ni situaciones sugestivas, que puedan alterar dicha voluntariedad", afirma la sentencia, por lo que le da prioridad a lo que explic¨® durante el juicio, en el que se retract¨®.
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