La fiscal¨ªa acusa a nueve directivos por una estafa millonaria al puerto

La Fiscal¨ªa ha pedido siete a?os de c¨¢rcel para nueve directivos que estafaron 28 millones de euros al puerto de Barcelona en la construcci¨®n del dique este. Los directivos de cuatro constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) y de otras empresas lograron que el puerto les abonara 11 millones de m¨¢s por cientos de miles de toneladas de piedra que, en realidad, no compraron ni emplearon. Tambi¨¦n cobraron de forma ilegal otros 17 millones de euros al cobrar por una explanada que, seg¨²n el contrato, deb¨ªa correr a su cargo.

En 2001, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudic¨® a una UTE formada por cuatro grandes constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) la ampliaci¨®n del Dique Este del puerto por 165 millones de euros, cantidad que m¨¢s tarde se ampli¨® hasta los 197 millones. Las empresas presentaron a la APB facturas por la supuesta compra de 865.000 toneladas de piedra necesarias para construir el dique. Utilizaron albaranes falsos porque, seg¨²n relata el fiscal, esa piedra ¡°simplemente no existi¨® nunca¡±. Gracias a la facturaci¨®n ficticia, la UTE percibi¨® de forma irregular 11 millones. Los directivos incluso falsificaron las matr¨ªculas de los camiones que, te¨®ricamente, suministraban la piedra de la empresa Coterras.

La ampliaci¨®n del dique implicaba, adem¨¢s, la construcci¨®n de dos plataformas para ejecutar las obras. Las instalaciones se ejecutaron, pero ¡°sobre escombro y no sobre escollera¡±. Esa f¨®rmula permiti¨® a las empresas reducir costes. La UTE cobr¨® por esos escombros al precio de piedra de cantera: 17,9 millones de euros. El pliego de condiciones firmado con la Autoridad Portuaria, adem¨¢s, indicaba que ese tipo de obras auxiliares deb¨ªan correr por cuenta del contratista, recuerda el fiscal en su escrito de acusaci¨®n, al que ha tenido acceso EL PA?S.

La acusaci¨®n se dirige contra nueve empresarios, incluido un director de obras contratado por el puerto. El acusado fue una pieza ¡°fundamental¡± porque deb¨ªa velar por la buena marcha de los trabajos. Tambi¨¦n est¨¢n acusados los responsables de Coterras, los gerentes de la UTE, un representante de cada una de las constructoras y otros dos responsables de las empresas de control. Esas dos firmas avalaron, con sus informes, las certificaciones que la UTE pasaba al puerto.

El fiscal pide siete a?os de c¨¢rcel para cada uno de los nueve directivos por los delitos de estafa y falsedad documental. Uno de ellos afronta una petici¨®n superior (diez a?os) porque tambi¨¦n est¨¢ acusado de defraudar casi un mill¨®n de euros a Hacienda por impago del IVA. El escrito de acusaci¨®n se?ala que los directivos ¡°aparentaron, de modo consciente y deliberado¡± trabajos que no se hicieron.

La causa tambi¨¦n se dirig¨ªa, al principio, contra el exsubdirector general de Infraestructuras del puerto, Rafael Escutia. La magistrada, sin embargo, le exculp¨® al final de la instrucci¨®n al concluir que no hab¨ªa suficientes indicios de delito contra ¨¦l.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ejerce la acusaci¨®n particular como afectada por la presunta estafa. En el escrito de acusaci¨®n elaborado por el penalista Rafael Entrena, el puerto exige una indemnizaci¨®n de 47,1 millones. Igual que la fiscal¨ªa, el puerto tambi¨¦n se?ala a las empresas como responsables civiles subsidiarias en caso de que los directivos no puedan hacer frente a la indemnizaci¨®n. El puerto conoci¨® el caso gracias a la Agencia Tributaria, que detect¨® que algunas de las obras no se hab¨ªan ejecutado.