Seis alcaldes piden que el Parlament fuerce a los bancos a regular la ocupaci¨®n de pisos

Comienza el tr¨¢mite parlamentario de la futura Ley de Vivienda de Catalu?a y los alcaldes de las seis principales ciudades, con Barcelona al frente, han lanzado un clamor un¨¢nime a los grupos pol¨ªticos para que tengan en cuenta la voz de los Ayuntamientos, que afrontan solos las consecuencias de la emergencia habitacional. Con la suspensi¨®n de la ley 24/2015, la ley catalana antidesahucios, por parte del Tribunal Constitucional, los alcaldes se han quedado sin las herramientas que ten¨ªan para evitarlos.

Los alcaldes reclaman "ambici¨®n" a la ley, responsabilidad a los grandes tenedores (las entidades, la Sareb y grandes inmobiliarias) y obligaciones concretas: que regularicen a las miles de familias sin recursos que ocupan pisos de bancos o inmobiliarias o que, en caso de desahucio, tengan que realojar a las familias en situaci¨®n vulnerable (como fijaba la ley suspendida), y que no puedan fijar alquileres abusivos. Adem¨¢s, piden m¨¢s dotaci¨®n de la prevista en el presupuesto de la Generalitat presentado esta semana, solo 14 millones de euros.

"Pedimos a los grupos que escuchen a los Ayuntamientos y aprovechen para ir al m¨¢ximo y no al m¨ªnimo", en la responsabilidad de los grandes tenedores y los alquileres abusivos, ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Estamos al l¨ªmite", ha afirmado la de Santa Coloma de Gramenet, N¨²ria Parl¨®n. En Barcelona, el ejecutivo de Colau ya contempla la regulaci¨®n de ocupaciones de pisos p¨²blicos o cedidos por los bancos y la Sareb si se trata de familias vulnerables que no tiene otra opci¨®n. Tambi¨¦n la Generalitat ha regulado la situaci¨®n de familias que viven en bloques de la Sareb.

La reuni¨®n ha sido impulsada por Colau, y ha congregado a sus hom¨®nimos de L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Terrassa y Sabadell. Juntas suman 2,6 millones de habitantes, un tercio de la poblaci¨®n catalana. Los alcaldes han recordado que la suspensi¨®n por parte del Tribunal Constitucional de la ley 24/2015 les ha dejado sin la herramienta que permit¨ªa, entre otras cuestiones, obligar a los grandes propietarios a facilitar el realojo alternativo a las familias desahuciadas.

La alcaldesa de L'Hospitalet, N¨²ria Mar¨ªn ha afirmado que los ayuntamientos "se han sentido muy solos ante las consecuencias de la crisis, y cuando ten¨ªamos un instrumento ¨²til el PP lo impugn¨® y el constitucional lo suspendi¨®". Dolors Sabater, de Badalona, ha lamentado que las ciudades se ven "impotentes ante un derecho tan importante mientras los grandes beneficiados de la crisis, que fueron rescatados con dinero p¨²blico, tienen grandes beneficios que no revierten en el bien com¨²n".

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, se ha referido expl¨ªcitamente a las ocupaciones: "Primero las familias fueron excluidas, despu¨¦s toleraron las ocupaciones pero no quieren hacer contratos de alquiler". Su hom¨®nimo de Sabadell, Juli Fern¨¢ndez, ha resaltado que las consecuencias de la impugnaci¨®n de la ley las est¨¢n viviendo "personas, familias"; mientras que N¨²ria Parl¨®n, de Santa Coloma, ha calificado de "muy dif¨ªcil" la interlocuci¨®n con grandes tenedores como la Sareb.