El Parlamento aprueba la Ley de Servicios Sociales de Andaluc¨ªa
Los diputados resaltan la universalidad y la superaci¨®n del car¨¢cter asistencialista en la normativa
El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este mi¨¦rcoles la Ley de Servicios Sociales de Andaluc¨ªa con el respaldo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, con 104 votos a favor y 5 en contra de Izquierda Unida. La norma, que actualiza el texto vigente de 1988, ha sido redactada con la participaci¨®n de los colectivos sociales y cont¨® con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejer¨ªas de la Junta, colegios profesionales, agentes econ¨®micos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil.
El texto definitivo est¨¢ compuesto por 141 art¨ªculos, entre los que se incluyen el derecho universal a los servicios y el individual a decidir su propia intervenci¨®n, a disponer de un profesional de referencia, y a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsi¨®n de una futura limitaci¨®n de su capacidad de obrar. Adem¨¢s, queda garantizado como derecho la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y otros servicios relacionados con programas de drogodependencias.
"Esta ley no es la que entr¨®, ha mejorado con las aportaciones de todos para garantizar el cuarto pilar del bienestar", ha declarado la consejera de Igualdad, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez Rubio, antes de que el texto fuera sometido a votaci¨®n, unas declaraciones precedidas por el agradecimiento a los participantes en este texto, cuya aprobaci¨®n estaba prevista para la pasada legislatura y ha pasado por numerosos borradores hasta ser ratificada este mi¨¦rcoles.
Elena Cort¨¦s, de Izquierda Unida, ¨²nica formaci¨®n que no ha dado su apoyo, ha declarado no obstante ser consciente de la importancia que tiene el texto. "La ley ten¨ªa un sesgo asistencial y ahora es integral, de prevenci¨®n y de transformaci¨®n social", ha dicho en el pleno. No obstante, ha alegado que no es la ley que IU hubiera sacado tras destacar elementos como la privatizaci¨®n de los servicios sociales o el ¨¢nimo de lucro incorporado a los conciertos sociales. Cort¨¦s ha resaltado tambi¨¦n que el texto es competencia del conjunto del Gobierno. "No es solo de la Consejer¨ªa de Igualdad. Para superar la situaci¨®n estar¨ªa bonito que se dejara de producir personas empobrecidas", ha dicho.?
Mar¨ªa del Carmen Prieto, de Ciudadanos, ha considerado que el texto cumple los objetivos "de forma satisfactoria". "Refleja el respeto a la diversidad, se hace extensible la coordinaci¨®n entre instituciones y servicios p¨²blicos y se plantea la mediaci¨®n intercultural para resoluci¨®n de conflictos", ha dicho.? Esperanza G¨®mez, de Podemos, ha destacado el "clamor" con el que se solicitaba esta regulaci¨®n y ha destacado igualmente la proactividad social en el texto. "El car¨¢cter asistencialista del texto anterior lo despojaba del empoderamiento de la sociedad", ha dicho.
La popular Ana Garc¨ªa ha considerado los servicios sociales como "la cenicienta" de los servicios p¨²blicos de Andaluc¨ªa. "No garantizaban la universalidad y estaban dispuestos a disponibilidad presupuestaria", ha dicho. Y la socialista Soledad P¨¦rez ha resaltado la gesti¨®n que se har¨¢ de la ley desde el ¨¢mbito local y cercan¨ªa a la ciudadan¨ªa. "He visto pasar muchos borradores durante muchos a?os. Esta ley tiene un cambio de enfoque hacia la ciudadan¨ªa y una responsabilidad clara", ha dicho.
Disputa por la mesa del Parlamento
El pleno parlamentario de este mi¨¦rcoles ha comenzado con 20 minutos de retraso por el enfrentamiento entre el Partido Popular y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Dur¨¢n, por la composici¨®n de la mesa de la C¨¢mara despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional haya dado la raz¨®n al PP respecto a la inclusi¨®n de la diputada Patricia del Pozo, como secretaria segunda, seg¨²n la votaci¨®n de la sesi¨®n constitutiva de la legislatura el pasado abril, cuando qued¨® fuera para que tuviera representaci¨®n Izquierda Unida.
La pol¨¦mica surge porque el PP entiende que la sentencia debe aplicarse de manera inmediata despu¨¦s de que el lunes se notificara a la C¨¢mara, mientras que Dur¨¢n alude al criterio del letrado mayor del Parlamento, quien fija que la ejecuci¨®n de la sentencia tenga lugar cuando se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), informa Efe.
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