El juez manda a la Audiencia Nacional al ¡°grupo criminal¡± de la red del fuego

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El juez ha enviado este jueves la investigaci¨®n de la llamada trama del fuego a la Audiencia Nacional al considerar que sus miembros, entre los que figura Seraf¨ªn Castellano, que fue detenido en 2015 mientras ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, "integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y tambi¨¦n en el extranjero".

El magistrado considera que 14 empresas dedicadas a la extinci¨®n a¨¦rea de incendios se repartieron durante 15 a?os el mercado espa?ol, pactaron precios, sobornaron a cargos p¨²blicos y acordaron exportar su sistema a pa¨ªses como Portugal, Italia y Chile. La extensi¨®n de la trama lleva al juez a inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, competente en este tipo de causas.

El instructor, H¨¦ctor Ignacio Santamar¨ªa, considera "suficientemente acreditada la existencia de una organizaci¨®n, englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en la Asociaci¨®n Espa?ola de Compa?¨ªas A¨¦reas, las cuales de manera pormenorizada y continuada alteraban el precio de los concursos p¨²blicos tanto en relaci¨®n a aviones de ala fija como de helic¨®pteros, tanto a nivel nacional como auton¨®mico".

Castellano y la otra treintena de investigados en la causa, entre los que se incluyen excargos catalanes, niegan las acusaciones. El juez les atribuye pertenencia a organizaci¨®n criminal, alteraci¨®n del precio de concursos p¨²blicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Para ama?ar las adjudicaciones, las empresas presuntamente utilizaban diversas v¨ªas. Se pon¨ªan de acuerdo para dejar desiertos los concursos incrementando as¨ª el precio de licitaci¨®n. Dejaban que una sola empresa se presentase a la convocatoria, logrando que se la adjudicara con el precio m¨¢ximo de licitaci¨®n. O pactaban con los cargos p¨²blicos el resultado de la adjudicaci¨®n, a la que formalmente presentaban varias ofertas, "atentando contra la libre competencia, el principio de equidad e imparcialidad que debe de presidir en los concursos p¨²blicos, y causando con ello un importante perjuicio econ¨®mico para el erario p¨²blico, tanto nacional como auton¨®mico",

Cree el magistrado que el n¨²cleo duro de empresas de la trama, "autodenominado Grupo 6", se concert¨® "inclusive a nivel internacional, sea el caso de Portugal, Italia y Chile". Y, "am¨¦n de orquestar sus propias normas contrarias a los principios de la libre competencia, como respetar a toda costa sus ¨¢reas de influencia, es decir, comunidades aut¨®nomas y concursos en el extranjero, se liquidaban de manera anual por diversos conceptos entre las mismas",

El juez destaca el caso de la empresa Taexsa, a la que el resto "indemniz¨®" con 200.000 euros "por no presentarse a concursos p¨²blicos" durante dos a?os.

Se detiene tambi¨¦n el auto, de 65 p¨¢ginas, en el caso de Avialsa, empresa valenciana de Vicente Huerta, de la que dice que se val¨ªa "por medio de d¨¢divas y regalos a favor de altos cargos" de la Comunidad Valenciana y Catalu?a, a incrementar su "volumen de negocio".

Los sobornos a Castellano, que fue consejero de la Generalitat valenciana con varios presidentes, secretario general del PP regional y portavoz popular en el Parlamento auton¨®mico, y cargos catalanes sirvieron para que Avialsa lograra la contrataci¨®n de m¨¢s aviones durante m¨¢s tiempo, seg¨²n el magistrado.

Y para conseguir que los concursos se tramitaran de forma urgente, "otorgando a las empresas del sector un plazo de 8 d¨ªas, que no 52 d¨ªas, que es el de la tramitaci¨®n ordinaria, para presentar el pliego".