Solo 40 familias han pedido este curso la escolarizaci¨®n en castellano
La Generalitat concluye que no hay demanda y pide al Gobierno que derogue la ley que contempla las ayudas
Apenas 40 familias han pedido, durante este curso, la escolarizaci¨®n de sus hijos en lengua castellana. La ley educativa del Gobierno espa?ol obliga a la Generalitat a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que as¨ª lo soliciten puedan estudiar en castellano y se desmarquen del modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. La iniciativa, sin embargo, tiene escasa demanda. Desde que se puso en marcha en 2014, apenas se han recibido 154 solicitudes.
Por en¨¦sima vez, la consejera de Ense?anza de la Generalitat, Meritxell Ruiz, pidi¨® en noviembre al ministro del ramo, ??igo M¨¦ndez de Vigo, la derogaci¨®n de la disposici¨®n de la ley de educaci¨®n (LOMCE) que obliga a la Generalitat a abonar ayudas de 6.000 euros para garantizar la escolarizaci¨®n en castellano a las familias que lo pidan. Y aunque con el poder ejecutivo su demanda tuvo poco ¨¦xito ¡ªel ministro se neg¨®¡ª, precisamente el poder judicial le ech¨® esos mismos d¨ªas un capote: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estim¨® un recurso de la Generalitat y pidi¨® suspender el procedimiento de las ayudas de 6.000 euros que prev¨¦ la LOMCE hasta que se resuelva el recurso y el conflicto de competencias presentados por el Ejecutivo catal¨¢n ante el Tribunal Constitucional (TC).
M¨¢s all¨¢ del juego pol¨ªtico, la medida no cuenta, en t¨¦rminos absolutos, con una gran demanda: s¨®lo 40 familias pidieron este curso la escolarizaci¨®n en castellano. Seg¨²n el Departamento de Ense?anza, desde que se puso en marcha la medida (con la aprobaci¨®n de la LOMCE en 2014), el Ejecutivo catal¨¢n registr¨® 154 solicitudes. El Ministerio de Educaci¨®n s¨®lo estim¨® medio centenar de ellas. La Generalitat, por su parte, ha presentado un recurso a cada una de las peticiones estimadas por el Gobierno central.
¡°Ya que estamos modificando la LOMCE [el Gobierno acept¨® tumbar y redibujar las rev¨¢lidas], hemos pedido a?adir la derogaci¨®n de la disposici¨®n adicional 38 que rompe el modelo de escuela catalana y, pese a tener el apoyo de las CCAA no gobernadas por el PP y tambi¨¦n el Pa¨ªs Vasco y Canarias, el ministro no ha accedido¡±, critic¨® la consejera durante la ¨²ltima Conferencia Sectorial de Educaci¨®n.
El decreto blinda la educaci¨®n en castellano en todas las comunidades aut¨®nomas. Entre otras cosas, les obliga a pagar una escuela privada cuando no exista una oferta en la p¨²blica. La norma recoge que ¡°para llevar a cabo la repercusi¨®n a las Comunidades Aut¨®nomas correspondientes de los gastos de escolarizaci¨®n de alumnos en centros privados en los que exista oferta de ense?anza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular (¡), el Estado podr¨¢ deducir o retener [de los recursos destinados a las CCAA] el importe de los gastos de escolarizaci¨®n en centros privados asumidos por el Ministerio¡±, esto es, unos 6.000 euros.
El procedimiento es tedioso. Primero, la familia ha de presentar una solicitud de escolarizaci¨®n a la Generalitat. Si es rechazada, la familia matricula al menor en un centro privado que tenga el castellano como lengua vehicular y el Estado tiene seis meses para responder: en caso de concederla, el Ministerio descuenta el importe de las transferencias a los presupuestos de la Generalitat.
Sin embargo, la Generalitat insiste en que no se le ha descontado nada, por lo que no le consta que ninguna familia haya recibido los 6.000 euros. ¡°A la Generalitat no le han descontado ning¨²n importe relacionado con los 6.000 euros. No nos consta ni nos constar¨¢ porque es una transferencia directa entre la familia y el Ministerio y no nos podemos enterar por las escuelas porque tampoco lo sabr¨¢n¡±, apunta un portavoz de Ense?anza.
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