El imperio de la ley

Pocos discuten que en la vida en sociedad no todo est¨¢ permitido ¡ªentre otras cosas porque el l¨ªmite de la libertad de cada cual est¨¢ en la de los otros¡ª y que hay que delimitar el espacio de lo que se puede hacer. En democracia, el terreno de juego lo define una ley que debe ser compartida y asumida por todos como marco de convivencia. Pero la ley no es anterior a la sociedad, es fruto de ella. Y por tanto debe estar a su servicio, no puede convertirse en arma arrojadiza de unos contra otros y su virtud est¨¢ en la capacidad de ampliar el espacio de lo posible. La calidad de la democracia estriba en que la funci¨®n represora no se imponga a la funci¨®n integradora. Y por eso es importante distinguir entre pol¨ªtica y legalidad, entre otras cosas porque es en la pol¨ªtica en la que se fundamenta la legitimidad de las normas compartidas.

Puesto que sin l¨ªmites no hay sociedad, d¨®nde falla la ley, d¨®nde el Estado no alcanza, inmediatamente aparecen otras formas de dominaci¨®n, como vemos en Estados fallidos sometidos a las reglas de la mafia o del narcotr¨¢fico. De ah¨ª, la importancia de un Estado de derecho digno de este nombre. Pero, a su vez, la sacralizaci¨®n de la legalidad la convierte en un horizonte absoluto ¡ªdando lugar a expresiones amenazadoras c¨®mo el imperio de la ley¡ª que nada tiene que ver con la cultura democr¨¢tica. Hay algunas actitudes muy extendidas que tienen que ver con ello.

La primera es lo que, utilizando una vieja expresi¨®n de Louis Althusser, podr¨ªamos llamar la filosof¨ªa espont¨¢nea de los juristas. Todos tendemos a acu?ar una visi¨®n del mundo a partir de nuestros conocimientos y de nuestras querencias y es evidente que cada una de las disciplinas del saber genera su estilo y sus prejuicios propios. A menudo en los juristas se aprecian una tendencia a confundir la ley con la realidad. Y, sin embargo, es innegable que la propia ley se configura a partir de las tensiones entre ella y la sociedad y es evidente que hay una din¨¢mica entre el interior y el exterior de la ley, entre el dentro y el fuera, que es muy determinante de la evoluci¨®n de la sociedad. Al fin y al cabo el proceso emancipatorio (acercarnos a una sociedad en que cada cual sea capaz de pensar y decidir por s¨ª mismo) consiste en sucesivas ampliaciones del espacio de lo posible, de los derechos y capacidades de las personas, es decir, de la conversi¨®n de lo prohibido en permitido. La legalidad es un marco de convivencia nunca puede ser una fortaleza.

La segunda actitud, propia de tiempos en que la econom¨ªa campa con escaso respeto por la pol¨ªtica, es la que pretende confundir ley y moral. Todo aquello que es legal es moral. Un discurso ventajista que pretende excluir los conflictos morales del espacio p¨²blico, para encerrarlos en el ¨¢mbito de lo privado. Hay muchos comportamientos inmorales que son legales, como hay comportamientos morales que son ilegales. Ciertas formas de explotaci¨®n laboral, por ejemplo, pueden ser legales, pero no por ello dejan de ser inmorales y lo mismo podr¨ªamos decir de los salarios astron¨®micos que desaf¨ªan todo sentido de la equidad y de la mesura. Y a su vez hay comportamientos de gran valor moral, como por ejemplo asistir y ayudar a refugiados, que pueden ser ilegales por las normas restrictivas de los gobiernos.

En fin, la tercera figura formar¨ªa parte de las tendencias espont¨¢neas de la pr¨¢ctica pol¨ªtica. Ampararse en la ley es, a menudo, una coartada para eludir responsabilidades en cuestiones pol¨ªticas de muy complicado manejo. El recurso permanente a los tribunales ante el soberanismo catal¨¢n es un ejemplo de ello. Negarse a reconocer las aspiraciones de una parte muy significativa de una poblaci¨®n simplemente porque la ley no las ampara y transferir el problema a los tribunales es una claudicaci¨®n de la pol¨ªtica. Poner la ley como barrera, por delante de cualquier forma de reconocimiento y negociaci¨®n es negar a la democracia una de las virtudes que la deber¨ªa diferenciar de los reg¨ªmenes autoritarios: la flexibilidad para hacer evolucionar la legalidad en funci¨®n de las demandas sociales pac¨ªficas y respetuosas con los derechos b¨¢sicos.