Sedici¨®n

Josep Anglada es el ¨²nico concejal de Plataforma Viguetana del Ayuntamiento de Vic, que tiene 21 concejales. Milit¨® con Blas Pi?ar y antes con Fuerza Nueva (grupo fascista durante la transici¨®n, relacionado, seg¨²n algunas informaciones, con los asesinatos de abogados de la calle Atocha de Madrid). Anglada formul¨® una ins¨®lita denuncia preventiva por rebeli¨®n y sedici¨®n contra el pleno ordinario del Ayuntamiento de Vic ¡°a celebrar el pr¨®ximo 9 de Diciembre de 2015¡±. Se iba a debatir una propuesta de moci¨®n de apoyo a la resoluci¨®n del Parlament que hab¨ªa sido invalidada por el Tribunal Constitucional. La denuncia no la present¨® ante el juzgado de Vic ni ante los Mossos d¡¯Esquadra que son la polic¨ªa judicial de Vic. La present¨® ante el Mando de Operaciones de la VII Zona de la Guardia Civil, con sede en Barcelona. La ins¨®lita denuncia, que lleg¨® inmediatamente a la Audiencia Nacional, se refer¨ªa a hechos que todav¨ªa no se hab¨ªan producido. Por eso era imprecisa y jur¨ªdicamente inconsistente.

Sin embargo el fiscal de la Audiencia Nacional hizo suya la denuncia y la reformul¨® procurando completar sus irremediables insuficiencias. Se sirvi¨® de los datos del pleno municipal, posteriormente celebrado. En el pleno, el concejal cupaire Joan Coma hab¨ªa propuesto ¡°no supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones espa?olas, y en particular del Tribunal Constitucional, carente de legitimidad y competencia¡±. Y llam¨® a la desobediencia, a?adiendo que ¡°para hacer la tortilla hay que romper los huevos¡±, refr¨¢n cl¨¢sico con el que asum¨ªa la consecuencia de soportar los riesgos judiciales de la desobediencia. Exclusivamente con estos datos el fiscal concluye que hay indicios de un delito de incitaci¨®n o provocaci¨®n a la sedici¨®n.

Generalmente, las deducciones conspiranoicas deben ser rechazadas. No son imaginables, ni ser¨ªan admisibles, conexiones entre Anglada y el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, ni entre este y la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional. Pero es evidente que esta fiscal¨ªa ha ¡°afinado¡± la ins¨®lita denuncia de Anglada, y eso ha ocurrido siendo mando supremo del Benem¨¦rito Instituto el ministro que presum¨ªa ante el director de la Oficina Antifraude de poder conseguir que la fiscal¨ªa afine sus denuncias.

El delito de sedici¨®n consiste en un alzamiento p¨²blico y tumultuario para impedir por la fuerza, o fuera de las v¨ªas legales, que una autoridad o funcionario cumpla las resoluciones administrativas o judiciales. Seg¨²n el Tribunal Supremo un alzamiento es un levantamiento, sublevaci¨®n o insurrecci¨®n dirigidos contra el orden jur¨ªdico establecido o contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones. Ha de ser p¨²blico, esto es, abierto, exteriorizado, perceptible, y tumultuario, tanto si es desordenado o en tropel, como si es organizado y ordenado. Sin ninguna duda, un simple alegato durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Vic no alcanza esas dimensiones de sublevaci¨®n p¨²blica tumultuaria.

Ciertamente, el concejal denunciado no es la reencarnaci¨®n de Robespierre. Ni siquiera la del alcalde de M¨®stoles de 1808. No incit¨® a violentar la actividad de otras autoridades. Simplemente llam¨® a la desobediencia voluntaria a los dem¨¢s concejales, para que apoyaran e imitaran al Parlament y Govern. La fiscal¨ªa acusa a Forcadell, Homs, Mas, Rigau y Ortega de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero nunca de sedici¨®n. Ser¨ªa incoherente que la provocaci¨®n a imitar su conducta desobediente se persiguiera como provocaci¨®n a cometer otra conducta distinta mucho m¨¢s grave, como es la sedici¨®n. Ser¨ªa incoherente y desproporcionado.

El castigo desproporcionado, seg¨²n el Constitucional, es un patente derroche in¨²til de coacci¨®n que socava los principios elementales de justicia. El fiscal parece que ha secundado, afinado y reformulado la inicial denuncia de Anglada para asegurar el ¨¦xito de su acusaci¨®n, porque la provocaci¨®n a la sedici¨®n siempre es delito, aunque luego no haya sediciosos. Sin embargo, la provocaci¨®n a la desobediencia, si finalmente nadie desobedece, no es delito, no es nada. El alegato desobediente del concejal cupaire deber¨ªa ser irrelevante judicialmente.

La acusaci¨®n del fiscal, desproporcionadamente severa, es jur¨ªdicamente m¨¢s que discutible, innecesaria y por todo ello injusta. Es un derroche in¨²til de coacci¨®n y, consecuentemente, una irresponsable f¨¢brica de independentistas. Alimenta la animosidad del entorno del acusado con razones de victimismo procesal, empuj¨¢ndole hacia espacios imprevisibles y preocupantes. Posiblemente satisfaga a Anglada y los suyos, pero sin duda har¨¢ del adversario discrepante un enemigo irreconciliable, y ya se sabe que, como dijo Jacinto Benavente, un enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener raz¨®n.

Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es ex fiscal jefe de Catalu?a.