Una juez frena el cambio del callejero franquista en Alicante
Ordena reponer las placas antiguas y paraliza cualquier tr¨¢mite iniciado por el gobierno
Una juez de Alicante ha irrumpido de lleno en el debate local por el cambio de calles con reminiscencias franquistas y ha ordenado al ayuntamiento la restituci¨®n de las placas antiguas, como le hab¨ªa pedido el PP. El auto, hecho p¨²blico hoy, es un varapalo al tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad (PSPV, Guanyar y Comprom¨ªs), al que reprocha haber actuado a espaldas del propio juzgado y hurtar la posibilidad de pronunciarse sobre un recurso presentado contra la medida.?
La magistrada deshace todo lo hecho hasta ahora por la Concejal¨ªa de Cultura de Alicante y otros departamentos municipales para materializar el acuerdo de la junta local de gobierno del pasado 16 de noviembre. Esos tr¨¢mites incluyen renombrar 46 v¨ªas p¨²blicas y estaban pr¨¢cticamente concluidos. Adem¨¢s de ordenar el "restablecimiento de las denominaciones primitivas", el auto frena cautelarmente todos los tr¨¢mites desarrollados para aplicar la iniciativa. Todas esas gestiones quedan por tanto suspendidas sine die hasta que haya una sentencia.
El Gobierno local ya hab¨ªa comunicado los cambios de las nomenclaturas a varios departamentos municipales, as¨ª como a Iberdrola, Correos, polic¨ªa, Subdelegaci¨®n del Gobierno o la contrata del transporte urbano, entre otros organismos, empresas e instituciones. La juez Bego?a Calvet advierte en el auto de los ¡°evidentes perjuicios para vecinos, comerciantes y ciudadanos en general¡± que ocasionar¨ªa el cambio de calles si la sentencia es favorable a las tesis de los recurrentes. Podr¨ªa darse una ¡°confusi¨®n generada por la indebida utilizaci¨®n, durante un dilatado periodo de tiempo, de unas denominaciones derivadas de un acto administrativo cuya legalidad es cuestionada¡±, precisa.
El tripartito de Alicante inici¨® la sustituci¨®n de la placas y r¨®tulos el pasado 13 de diciembre, con el cambio del nombre de una calle franquista, Adolfo Mu?oz Alonso, por el de las 27 Constituyentes, en homenaje a las primeras senadoras y diputadas que accedieron a las Cortes tras la muerte del dictador.
A ese acto acudieron los concejales de Memoria Hist¨®rica y Democr¨¢tica, Mar¨ªa Jos¨¦ Espuch, de Cultura y Estad¨ªstica, Daniel Sim¨®n, y Empleo, Sonia Tirado. Los regidores presentaron la medida como el inicio de ¡°un proceso imparable que hace de Alicante una ciudad m¨¢s democr¨¢tica¡±. Una semana antes, el PP local, que se opuso a esta iniciativa, hab¨ªa recurrido el acuerdo de la junta local ante el juzgado de lo Contencioso 4 de la ciudad. Su titular ha aceptado ahora la medida cautelar que le reclamaba el portavoz del grupo municipal de los populares, Luis Barcala, y ha frenado la ejecuci¨®n del acto administrativo.
La resoluci¨®n, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Valencia, el Tribunal Superior, contiene un duro reproche al gobierno municipal, al que le acusa de "hurtar¡± las propias competencias judiciales para pronunciarse sobre el asunto. "El Ayuntamiento, pese a tener conocimiento no solo de la pendencia de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo, sino adem¨¢s de la apertura de la correspondiente medida cautelar, procedi¨® de manera precipitada y motivada", apunta la magistrada.
En su opini¨®n, no concurr¨ªan en este caso "razones de urgencia que justificaran tal inmediato proceder". El gobierno municipal se hab¨ªa opuesto en el juzgado a la paralizaci¨®n cautelar del cambio de la nomenclatura con el argumento de que "el acto administrativo ya se estaba ejecutando".
Vulneraci¨®n de la tutela judicial
Es precisamente eso lo que la juez Calvet critica, pues entiende que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este l¨ªnea, un posible futuro fallo "favorable" a las pretensiones del PP ser¨ªa ¡°in¨²til", no tendr¨ªa eficacia, pues se topar¨ªa con ¡°situaciones irreversibles y contrarias a derecho".
Por otro lado, el auto recoge que el recurso del grupo municipal popular "en modo alguno puede calificarse de infundado", al articular ¡°cuatro motivos de impugnaci¨®n, tanto de forma como de fondo que necesariamente deben ser valorados" y desembocar en una sentencia "que dirima la controversia existente".
Insiste en su resoluci¨®n la magistrada en el "evidente perjuicio" que puede ocasionar a la ciudadan¨ªa la ejecuci¨®n de un acto administrativo como el cuestionado "sin esperar al pronunciamiento de este juzgado". Las actuaciones desarrolladas hasta ahora por la corporaci¨®n suponen a su modo de ver ¡°una evidente p¨¦rdida de la finalidad leg¨ªtima del recurso" y consolidan un "estado de hecho que dif¨ªcilmente podr¨ªa ser alterado posteriormente¡± sin costes.
Tras conocer la decisi¨®n judicial, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha reclamado hoy en una rueda de prensa la ¡°dimisi¨®n inmediata¡± de los concejales de Memoria Hist¨®rica y Estad¨ªstica, Mar¨ªa Jos¨¦ Espuch y Daniel Sim¨®n, respectivamente. O bien que el propio alcalde, el socialista Gabriel Ech¨¢varri retire a ambos sus competencias. Por su parte, el gobierno local ha criticado al PP por intentar recuperar en los juzgados calles o plazas con nombres como la Divisi¨®n Azul.
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