Uni¨® no puede pagar su defensa en un caso de financiaci¨®n irregular
Arranca el juicio contra los responsables de la Fundaci¨®n Catalunya i Territori, acusados de beneficiar la formaci¨®n
Uni¨® Democr¨¤tica de Catalu?a (UDC) no puede pagar a sus abogados en un caso de financiaci¨®n irregular del partido. La formaci¨®n que lidera Josep Antoni Duran Lleida figura como responsable civil a t¨ªtulo lucrativo por haberse beneficiado, presuntamente, del desv¨ªo de fondo de su fundaci¨®n af¨ªn, Catalunya i Territori. Uni¨®, que est¨¢ en concurso de acreedores, ha estado a punto de tener que recurrir a un abogado de oficio tras la renuncia de sus abogados, que finalmente, y en un acto de "buena voluntad" y para "no entorpecer el proceso", han accedido a defender el partido.
Este viernes ha arrancado el juicio contra los responsables de la Fundaci¨®n Catalunya i Territori, acusados de desviar los fondos de la entidad hacia sus empresas y, tambi¨¦n, de beneficiar a Uni¨®. Entre los cinco acusados est¨¢n Josep Boqu¨¦, que fue presidente y tambi¨¦n director general de Consum en la etapa de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n se dirig¨ªa contra el exgerente de Uni¨®, Josep Maria N¨²?ez, que muri¨®. Seg¨²n la acusaci¨®n, los responsables de la fundaci¨®n eximieron al partido de pagar el alquiler de algunos de sus locales y, m¨¢s tarde, los vendieron a la formaci¨®n ¡°a un precio inferior al de mercado¡±.
Uni¨® Democr¨¤tica figura como responsable civil subsidiaria y, por lo tanto, precisa de defensa. Pero no tiene dinero para pagarla. El partido se encuentra en concurso de acreedores desde septiembre de 2016 y el juicio, que ha empezado este viernes, est¨¢ previsto que dure m¨¢s de un mes. El pasado 30 de diciembre, los abogados -del despacho Molins & Silva- presentaron su renuncia por escrito ante el tribunal. Argumentaban que la administraci¨®n concursal de Uni¨® -ejercida por la consultora Deloitte- no hab¨ªa ¡°ratificado el encargo profesional¡± ni hab¨ªa cumplido ¡°los compromisos profesionales adquiridos¡±. A criterio de los abogados, no exist¨ªan ¡°las condiciones m¨ªnimas y necesarias de interlocuci¨®n para el correcto ejercicio del derecho de defensa¡±.
La Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Barcelona otorg¨® tres d¨ªas a la administradora concursal para que designara a un nuevo abogado. En un escrito al cual ha tenido acceso EL PA?S, la administradora subraya que la renuncia se debe ¡°al impago de honorarios de los profesionales¡± causada por la situaci¨®n de la tesorer¨ªa de Uni¨®. La administradora reprocha a los abogados que, ¡°lamentablemente, no han aceptado ninguna otra alternativa¡±, pero a la vez recuerda a los jueces que no tiene capacidad legal para designar a un nuevo abogado. Y que la falta de dinero, de hecho, ¡°imposibilita contratar un nuevo abogado¡±.
Ante esta situaci¨®n, la Audiencia de Barcelona decidi¨®, el pasado 11 de enero, dirigir un escrito al Col¡¤legi d'Advocats de Barcelona y al de procuradores ¡°a fin de que designen profesionales del turno de oficio que se encarguen de la representaci¨®n del part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo¡±, es decir, de Uni¨®. Era previsible, sin embargo, que el nuevo abogado pidiera tiempo para estudiar los miles de folios que componen la causa, lo cual provocar¨ªa, a su vez, el aplazamiento de la vista oral. Para impedir m¨¢s dilaciones, y despu¨¦s de hablar con la administradora concursal para buscar una soluci¨®n, los abogados han decidido mantener la defensa del partido. Uni¨® ya deposit¨® casi 200.000 euros -la cantidad que se corresponde con los alquileres y la compra de los locales- para hacer frente al pago en caso de condena.
El juicio ha arrancado este viernes con las cuestiones previas, de car¨¢cter t¨¦cnico. No ser¨¢ hasta el lunes cuando empiecen a declarar los testigos, mientras que los acusados lo har¨¢n los ¨²ltimos, ya en febrero. La defensa de Uni¨®, ejercida por el penalista Juan Segarra, ha planteado la falta de legitimidad de la Fiscal¨ªa para acusar al partido en relaci¨®n a los alquileres y la venta de los locales, puesto que la entidad presuntamente perjudicada (la fundaci¨®n) no reclama. El fiscal Pedro Ariche ha replicado, en cambio, que la fundaci¨®n tiene una vocaci¨®n de ¡°inter¨¦s general¡± y que, por lo tanto, tiene legitimidad.
El a?o 2013, Uni¨® se convirti¨® en el primer partido pol¨ªtico en Espa?a que admiti¨® haberse financiado de forma irregular -a trav¨¦s de subvenciones de la Uni¨®n Europea para formaci¨®n de parados- en el llamado caso Pallerols.
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