La Generalitat recorta en cuidadores familiares para concertar residencias

El aumento en el gasto social de los Presupuestos que negocian 'in extremis' el 'Govern' y la CUP incluye un cambio de paradigma en la atenci¨®n a la dependencia, que ahora priorizar¨¢ la concertaci¨®n de residencias. La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, anunci¨® hace dos meses que sufragar¨ªa 900 plazas privadas y las cuentas confirman su promesa. Pero las residencias se financiar¨¢n, entre otras cosas, con una reducci¨®n de 46 millones de euros en las partidas para las personas que cuidan de sus familiares y las ayudas para pagar un geri¨¢trico privado a la espera de uno p¨²blico.

A diciembre de este a?o, las ¨²ltimas cifras disponibles, hab¨ªa 145.965 beneficiarios de prestaciones y servicios relacionados con la dependencia en Catalu?a. M¨¢s de 83.000 personas tienen la prestaci¨®n de cuidador no profesional, es decir, un familiar que conviva en el mismo domicilio que el beneficiario y le atiende. Trabajo y Asuntos Sociales plantea una disminuci¨®n del 11% en esta partida, que pasa de 256 a 229 millones justificando que ¡°es una prestaci¨®n cada vez menos solicitada¡±. Entre 2015 y 2016 se han reducido en un 4% los perceptores de esta ayuda.

La Generalitat achaca al Gobierno del PP lo que considera el fracaso de esta prestaci¨®n, puesro que una norma estatal hizo que las cuidadoras no puedan cotizar a la Seguridad Social. Desde 2012, el Estado fij¨® una congelaci¨®n de 24 meses en el pago de esta ayuda una vez fuera concedida. Catalu?a, sin embargo, redujo este plazo en seis meses.

Est¨¢ por verse el impacto del recorte en el trabajo de los empleados sociales municipales, que son los que determinan el tipo de ayuda necesario para cada dependiente a trav¨¦s del Programa Individual de Atenci¨®n. A pesar del recorte, insisten desde la consejer¨ªa, si se prescribe la prestaci¨®n se otorgar¨¢.

Algo similar ocurre con las Prestaciones Econ¨®micas Vinculadas (PEV), la ayuda para pagar un geri¨¢trico privado a la espera de uno p¨²blico. En 2013, la Generalitat las suprimi¨® a pesar de ser un derecho subjetivo. Las reactiv¨® a?o y medio despu¨¦s pero de manera muy limitada, gracias al pacto presupuestario entre ERC y CiU. Tan solo dos a?os despu¨¦s de este acuerdo, reclamado por el sector de las residencias privadas, se reduce en una quinta parte la partida con respecto a los anteriores Presupuestos, casi 18 millones de euros menos (se prev¨¦n 61 millones).

Bassa defiende el recorte como un cambio en la orientaci¨®n del programa, a trav¨¦s de la concertaci¨®n de plazas privadas. ¡°Queremos concentrar el esfuerzo en reducir las listas de espera¡±, dijo. En noviembre, la propia consejera explic¨® que hab¨ªa una lista de espera de m¨¢s de 24.200 personas en Catalu?a. La CUP, en teor¨ªa, rechaza este modelo. ¡°Tenemos unos niveles de concertaci¨®n y unos niveles de delegaci¨®n de gesti¨®n a privados que es inaudito¡±, asegur¨® la diputada de la CUP Gabriela Sierra en el Parlament para despu¨¦s dar su s¨ª a las cuentas del departamento de Bassa.

El sector de las residencias siempre hab¨ªa reivindicado una mayor concertaci¨®n para dar salida a las 8.000 plazas que actualmente tiene vac¨ªas. Desde el departamento calculan que el coste de cada una de estas plazas es de 1.700 euros, de los cuales 1.100 los paga la Administraci¨®n.

M¨¢s de la mitad de los 2.872 millones de euros que tendr¨¢ asignado Trabajo y Asuntos Sociales si las cuentas superan el tr¨¢mite parlamentario est¨¢ destinada a sufragar las prestaciones a las que tienen derecho los dependientes. La Generalitat aporta el 80% del dinero que cuesta la aplicaci¨®n de la ley, mientras que el Gobierno central solo entrega el 20%. Bassa tambi¨¦n ha tenido que destinar 34 millones de euros adicionales este a?o para hacer frente a las prestaciones de los m¨¢s de 50.000 dependientes de Grado I, el m¨¢s leve, que han entrado en el sistema.