El Constitucional dict¨® en 1993 que los agentes rurales deben ir armados

¡°Cuando est¨¦n en acto de servicio llevar¨¢n obligatoriamente el arma que corresponda¡±. Ese es el fallo que, el 1 de febrero de 1993, dict¨® el Tribunal Constitucional (TC) a prop¨®sito de un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de los agentes rurales de la Generalitat. La muerte a tiros de uno de ellos, el pasado s¨¢bado, a manos de un cazador, ha reabierto el debate sobre la necesidad de armar al cuerpo. Ayer se supo que el cazador, Ismael R., que ya est¨¢ en prisi¨®n provisional, hab¨ªa sido denunciado dos veces por infracciones.

La Generalitat dispuso que los rurales tienen ¡°car¨¢cter de agentes de la autoridad¡± y deb¨ªan llevar arma en acto de servicio. El Estado plante¨® un recurso al considerar que se estaba creando ¡°una nueva polic¨ªa¡± (adem¨¢s de los Mossos) y defendi¨® que no deb¨ªan ir armados. El TC fall¨® a favor del Gobierno catal¨¢n, que ¡°no hab¨ªa invadido ninguna competencia¡±.

La Generalitat arguy¨® que solo estaba ¡°imponiendo un mandato¡± a los agentes dentro de las facultades de organizaci¨®n interna. La sentencia del TC dictamin¨® que es un cuerpo de polic¨ªa administrativa especial y que llevar arma no le convierte en un cuerpo de seguridad. El tribunal se?al¨®, adem¨¢s, que no se indica ¡°qu¨¦ tipo de arma ha de ser utilizada¡±.

A pesar de que ha habido varios borradores, la Generalitat no ha publicado en 30 a?os el reglamento de uso de armas. En 2003, la ley que actualiz¨® las funciones del cuerpo estableci¨® que ten¨ªan ¡°derecho¡± a portar armas para ejercer las funciones que lo requieran, y que deber¨ªan fijarse en un reglamento. La muerte a tiros de dos agentes rurales ha vuelto a poner sobre la mesa esa necesidad. Ninguno de ellos pudo defenderse cuando Ismael R. les dispar¨® en cuatro ocasiones con su escopeta en un coto de caza de Aspa (Lleida), cuando los agentes participaban en un control rutinario.

Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, el cazador hab¨ªa sido sancionado dos veces. La primera, en 2010, cuando la Guardia Civil le denunci¨® por circular por un camino con la escopeta cargada, pese a ser una zona de seguridad. La Generalitat le retir¨® la licencia dos a?os y le impuso una multa de 300 euros. La segunda fue interpuesta por los agentes rurales en 2013 en Vacarisses por cazar p¨¢jaros fring¨ªlidos ¡ªque son una especie protegida¡ª con una red abatible. Se le impuso otra multa, de 400 euros.

Los Mossos, por otra parte, detuvieron ayer a Jordi B., un criador de perros de Sils (Girona) por escribir en el muro de Facebook de la Asociaci¨®n Profesional de Agentes Rurales de Catalu?a comentarios en los que amenazaba con matar a otros agentes rurales. Est¨¢ imputado por un delito de amenazas. ¡°Los rurales son unos mafiosos corruptos, yo mismo no puedo asegurar que un d¨ªa no haga lo mismo¡±, escribi¨®.