El juez vuelve a archivar el desv¨ªo de ayudas que la UE detect¨® en la Diputaci¨®n de Ourense

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ourense ha decretado por segunda vez el ¡°sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones¡± contra el ingeniero jefe de la Diputaci¨®n de Ourense, Javier Bove, ¨²nico investigado en el caso de las depuradoras: la adjudicaci¨®n por la Diputaci¨®n de m¨¢s de cien de estas plantas por m¨¢s de 10 millones de euros de fondos comunitarios y que no llegaron a funcionar.

El magistrado Luis Doval, que ha relevado a Antonio Pi?a en este juzgado ourensano, ha considerado que no quedan ¡°debidamente acreditados¡± los hechos denunciados por los grupos pol¨ªticos PSOE y BNG, alentados por la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude de la Comisi¨®n Europa) y por los que solo fue investigado Bove en tanto que redactor del pliego de condiciones que seg¨²n los t¨¦cnicos de Bruselas se ¡°ajustaban como un guante¡± a la propuesta de la empresa SMA, a la que se adjudic¨® el contrato.

El juez suscribe adem¨¢s la tesis del fiscal de que los supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias y fraude de subvenciones ¡°estar¨ªan prescritos¡±, de la misma forma que el de falsedad documental, ya que los hechos se remontan a los a?os 2003-2004. El magistrado sostiene que dado que solo se ha dirigido el procedimiento judicial contra el ingeniero de la Diputaci¨®n ¡°no puede imputarse a una persona concreta la supuesta influencia sobre ¨¦l¡± para que SMA consiguiera hacerse con la adjudicaci¨®n.

Es la segunda vez que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Ourense archiva esta causa. En 2015 la Audiencia Provincial orden¨® la reapertura al entonces titular de ese juzgado, Antonio Pi?a, actualmente presidente de la propia Audiencia. Los magistrados del tribunal provincial entend¨ªan que la ¡°irrelevancia penal¡± que Pi?a le daba en el auto de archivo no era tal. Lo conminaron a continuar la instrucci¨®n por un supuesto ¡°irregular comportamiento¡± de la Diputaci¨®n de Ourense con contrataciones subvencionadas con m¨¢s e 10 millones de euros de fondos comunitarios. Junto a ello, la Audiencia tildaba de ¡°escasa¡± la instrucci¨®n, dado que el juez solo hab¨ªa citado a declarar a los implicados en las contrataciones, ¡°bien t¨¦cnicos de lal Diputaci¨®n, bien t¨¦cnicos de la empresa¡±, que ¡°estar¨ªan interesados en diluir sus posibles responsabilidades¡±.

El nuevo auto, contra el que cabe recurso, invalida como el anterior las conclusiones de las investigaciones de los t¨¦cnicos que la UE envi¨® a la provincia de Ourense. Sostiene Doval en su auto que las declaraciones, ¡°en especial las de los t¨¦cnicos o empleados de la propia Diputaci¨®n Provincial y las de los representantes de otras empresas que participaron en el concurso¡± no corroboran las tesis de los expertos en anticorrupci¨®n de Bruselas y ¡°no ha quedado acreditada una vinculaci¨®n con la empresa adjudicataria¡± por la Diputaci¨®n, ni ¡°indicios serios y concretos de la intenci¨®n de favorecer a la empresa SMA¡±.

Considera igualmente justificable el juez la variaci¨®n de fechas que aparec¨ªa en las certificaciones. ¡°Bien pudiera deberse a un simple error tal y como argumenta de forma profusa y coherente la parte investigada en su escrito de 10 de noviembre de 2016, de forma que no constituye t¨ªtulo suficiente de imputaci¨®n ni cabe apreciar falsedad documental¡±, sostiene el magistrado que, en consecuencia, ordena el sobreseimiento provisional ¡°por no resultar indicios suficientes contra el investigado¡±.

La justicia ya hab¨ªa eximido en 2015 a la Diputaci¨®n, tambi¨¦n por ¡°prescripci¨®n¡± del supuesto delito, de devolver los m¨¢s de 10 millones de euros con los que Bruselas financi¨® las depuradoras y que Hacienda reclamaba al organismo provincial.