Torres de la Alameda intenta esquivar el fallo que le obliga a despedir a nueve policías

El 18 de octubre de 2008, los aspirantes a una de las 10 plazas de policía local que ofrecía Torres de la Alameda se enfrentaron al examen teórico. De las 100 preguntas que componían la prueba, 96 coincidían, palabra por palabra, con las de un test elaborado por dos academias de una misma empresa. Varios de los opositores que consiguieron un puesto se habían preparado en alguna de ellas, así que algunos de los que se quedaron fuera protestaron.

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El Ayuntamiento, entonces gobernado por un partido independiente apoyado por el PP, desestimó el recurso, pero el secretario del Consistorio, que había presidido el tribunal de oposición, dimitió porque consideraba que las cosas no se habían hecho bien. El PSOE, entonces en la oposición, hablaba en uno de los boletines que repartió por el pueblo de “gravísimas irregularidades”, y a?adía: “?Dónde están los valores de justicia e igualdad? ?Qué pretenden el alcalde y su equipo? ?Vergonzoso!”.

Pero han pasado muchos a?os y los nueve policías que consiguieron entonces su plaza (el décimo se trasladó a otro municipio) están perfectamente integrados en una plantilla de 16 agentes que ha ayudado a rebajar un 10% los delitos en el municipio entre 2014 y 2015, según el escrito que ha presentado el Consistorio en los juzgados.

La petición de inejecución de la sentencia la han apoyado por unanimidad todos los partidos de la corporación municipal: PSOE, PP, Somos Torres y Ciudadanos. Sin esos nueve policías —que perderían al menos durante los meses que tardase en repetirse la oposición— “mermaría considerablemente la capacidad para mantener los índices [de seguridad] conseguidos”, a?ade el escrito municipal.

Cuatro aspirantes

Pero los cuatro aspirantes que denunciaron hace casi nueve a?os hablan de rabia y de injusticia. “Ha sido bastante duro, la verdad. No me gusta que se rían de mí”, se queja Manuel Martínez, de 34 a?os. A punto de ser padre, cuenta que en su trabajo en un almacén cobra más o menos la mitad de lo que ganaría si hubiera entrado a las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), que es el cuerpo a través del cual Torres puso en marcha su policía local.

Al principio, simplemente querían que se repitiera la prueba para poder competir en igualdad de condiciones, pero ahora, tanto tiempo después, saben que eso es muy difícil. Sus abogados explican que estarían dispuestos a negociar una indemnización, que han calculado en algo más de 200.000 euros para cada afectado en concepto del dinero que podrían haber cobrado y de compensación por todos estos a?os de pelea.

Sin embargo, a?aden los abogados de los recurrentes, el Ayuntamiento ha descartado negociar y ha optado por la vía de la inejecución. Argumentan que, si tanto perjuicio causaría cumplir el fallo, que indemnicen; y que si no tienen dinero para hacerlo, no es culpa de sus clientes, a los que la justicia ha dado la razón.

Además, frente a los posibles aprietos económicos de este municipio, que tiene una deuda de tres millones de euros, los abogados recuerdan el proyecto anunciado por la empresa estadounidense The Cordish, que prevé invertir 2.000 millones de euros para construir en la localidad un macrocomplejo de hoteles y ocio.