?De qu¨¦ se acusa a Artur Mas?

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ser¨¢ juzgado a partir del lunes por organizar una consulta sobre la independencia de Catalu?a pese a que hab¨ªa sido prohibida por el Tribunal Constitucional (TC). Est¨¢ acusado de dos delitos (desobediencia y prevaricaci¨®n) por los que afronta una pena de diez a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos de cualquier clase. En el banquillo le acompa?ar¨¢n la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau. Ninguno de ellos ir¨¢ a prisi¨®n en caso de condena porque el delito de malversaci¨®n (el ¨²nico que prev¨¦ penas de ese tipo) qued¨® finalmente excluido del juicio.

Pese al evidente trasfondo pol¨ªtico de la causa, lo que va a dirimirse en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Barcelona es, sobre todo, una cuesti¨®n jur¨ªdica: comprobar si Mas y su Gobierno siguieron adelante con la jornada de participaci¨®n del 9-N pese al veto del TC y, sobre esa premisa, si tal conducta cumple los requisitos del delito de desobediencia. Pocas sorpresas se esperan de las declaraciones de Mas, Ortega y Rigau, y fuentes judiciales coinciden en que no ser¨¢ esa la base para dictar sentencia. Esta se fundamentar¨¢, sobre todo, en el an¨¢lisis de la jurisprudencia (no un¨ªvoca) del Tribunal Supremo en relaci¨®n con los dos delitos.

Los hechos enjuiciados se centran en cinco d¨ªas: los que van desde la suspensi¨®n acordada de forma un¨¢nime por el Tribunal Constitucional (4 de noviembre de 2014) hasta la celebraci¨®n de la jornada de participaci¨®n (9 de noviembre) en la que votaron 2,3 millones de personas; la inmensa mayor¨ªa (80,7%) a favor de la creaci¨®n de un Estado independiente para Catalu?a.

La primera l¨ªnea de defensa de Mas, Ortega y Rigau se basa en negar la mayor. En su opini¨®n _y as¨ª lo expresaron en sus declaraciones¨C el Gobierno catal¨¢n se desentendi¨® de la consulta tras el veto del 4-N. Al quedar el proceso ¡°en manos de voluntarios¡±, no pudo haber desobediencia. Pero ese argumento, se?alan todas las fuentes consultadas, puede rebatirse con facilidad. Tal como recoge el auto del juez que puso fin a la instrucci¨®n, tanto la documentaci¨®n de la causa como las declaraciones de los testigos acreditan que el Gobierno sigui¨® adelante la consulta y vehicul¨® su organizaci¨®n a trav¨¦s de contratistas privados.

El propio Mas pareci¨® echar por tierra esa estrategia antes incluso de necesitarla. El mismo 9-N proclam¨®: ¡°Si la fiscal¨ªa quiere conocer qui¨¦n es el responsable de abrir los colegios que me miren a m¨ª, el responsable soy yo y mi Gobierno¡±. Los abogados, sin embargo, han planeado una segunda l¨ªnea de defensa, que es donde en realidad va a jugarse el partido. Sostienen todos ellos que la conducta de Mas, Ortega y Rigau no cumple todos los requisitos que exige la jurisprudencia para castigar la desobediencia; en particular, que haya una reiteraci¨®n y un apercibimiento de las consecuencias de no obedecer, aunque la jurisprudencia no es pac¨ªfica en ese terreno. La fiscal¨ªa se?ala que la resoluci¨®n del TC era ¡°clara e inequ¨ªvoca¡± y que se les hab¨ªa ¡°comunicado personalmente¡±.

La defensa tambi¨¦n usar¨¢ a su favor el informe de la junta de fiscales de Catalu?a que, en su momento, no vio indicios suficientes para presentar una querella por desobediencia. La Fiscal¨ªa General del Estado, sin embargo, oblig¨® a interponerla. Ese fue uno de los argumentos que Mas ha utilizado para alegar que se trata de una ¡°causa pol¨ªtica¡±.

La fiscal¨ªa se?ala a Mas como ¡°autor¡± y a sus consejeras como ¡°cooperadoras necesarias¡± de los dos delitos, que deben castigarse, en su opini¨®n, de forma conjunta. Pide la inhabilitaci¨®n de los tres para ejercer ¡°cargos p¨²blicos electivos¡± de cualquier ¨¢mbito, sea ¡°local o estatal¡±. Y tambi¨¦n, para que ejerzan funciones de gobierno de ¨¢mbito ¡°auton¨®mico¡± o estatal.