¡°La aplicaci¨®n del protocolo contra la ablaci¨®n es perversa¡±

El caso de una pareja de Guinea-Conakry a la que la Generalitat detuvo y apart¨® de sus hijos despu¨¦s de que una pediatra detectase, err¨®neamente, que sus hijas hab¨ªan sido sometidas a una ablaci¨®n, ha despertado de nuevo el debate sobre el abordaje de la mutilaci¨®n genital femenina (MGF). En Espa?a, donde hay unas 17.000 ni?as en riesgo de sufrir una ablaci¨®n, esta pr¨¢ctica es ilegal. Catalu?a, donde residen m¨¢s de un tercio de ellas, cuenta con un protocolo de 2002, en su momento pionero, para abordar los casos de riesgo pero su aplicaci¨®n es controvertida. La antrop¨®loga Adriana Kaplan, directora de la Fundaci¨®n Wassu-UAB, que trabaja en la prevenci¨®n de la MGF y ha colaborado en la creaci¨®n de una ley que proh¨ªba esta pr¨¢ctica en Gambia, alerta de que las pol¨ªticas contra la ablaci¨®n no est¨¢n funcionando. ¡°El protocolo de la Generalitat no funciona porque su aplicaci¨®n es perversa. El primer nivel del protocolo habla de que desde los servicios de atenci¨®n a las personas [atenci¨®n primaria, colegios y servicios sociales] hay que hacer un trabajo de sensibilizaci¨®n. El problema es que se est¨¢n saltando este nivel y la prevenci¨®n la hacen los Mossos d¡¯Esquadra. Han asumido que ellos forman parte de ese primer nivel cuando no lo son¡±, apunta.

El c¨²mulo de errores administrativos que sufri¨® la familia de Guinea-Conakry?residente en Sabadell no es un caso aislado. Con Bintou Kebeek, una gambiana de 39 a?os y madre de seis hijos (tres de ellas ni?as), tambi¨¦n se equivocaron. ¡°Iba a viajar a mi pa¨ªs y, pese a tener el aval m¨¦dico y firmar elcompromiso contra la MGF [un documento que suscriben los padres para garantizar la integridad de sus hijas cuando viajan a sus pa¨ªses de origen, donde la ablaci¨®n es una pr¨¢ctica com¨²n], la polic¨ªa no me dej¨® salir y nos retiraron los pasaportes¡±, explica Bintou, que adem¨¢s colabora con la Fundaci¨®n Wassu-UAB y viaj¨® a Gambia con Kaplan para participar en talleres de formaci¨®n en su poblado. La segunda vez que lo intent¨®, ya con el benepl¨¢cito de la polic¨ªa, tampoco pudo viajar a su pa¨ªs por un retraso burocr¨¢tico en los juzgados, que no hab¨ªan retirado la denuncia. La familia, que dispone de unos recursos econ¨®micos limitados, ha perdido m¨¢s de 4.000 euros en los pasajes que no ha podido utilizar.

Sobre el papel, el protocolo de la Generalitat defiende una ¡°respuesta integral¡± a trav¨¦s de la ¡°mediaci¨®n comunitaria¡± en las familias y la ¡°formaci¨®n¡± de los profesionales. Hay tres niveles: prevenci¨®n, detecci¨®n y atenci¨®n. La v¨ªa judicial, se?ala el documento, ¡°es el ¨²ltimo escal¨®n del proceso y ¨²nicamente¡± se utilizar¨¢ cuando los primeros niveles de asistencia ¡ªsalud, ense?anza y servicios sociales¡ª hayan fallado. Kaplan se?ala, sin embargo, que estas pautas no se est¨¢n cumpliendo. ¡°En Catalu?a hay dos v¨ªas: la cohercitiva y punitiva, capitaneada por la Generalitat y que ejercen los mossos; y la preventiva, basada en el conocimiento, la formaci¨®n, la transferencia del conocimiento y el acompa?amiento en los casos¡±, lamenta la investigadora. ¡°Con quien tienen relaci¨®n las madres es con la pediatra, la enfermera, la trabajadora social¡­ y es con ellas con las que tiene que hablar y trabajar la prevenci¨®n. Conmigo no interlocuta un polic¨ªa, interlocuta la maestra de mis hijos¡±, zanja la investigadora.

Kaplan insiste en que los profesionales ¡°no est¨¢n formados¡±, como ordena el protocolo. ¡°Los mossos hacen intervenciones in extremis o rutas por los colegios y centros sanitarios pero en una charla de una hora y media no puedes deconstruir los prejuicios. Es una pr¨¢ctica que, a nuestros ojos y los de los derechos humanos, se considera b¨¢rbara y aberrante pero a los ojos de esta familia es lo mejor que pueden hacer por estas ni?as. Mientras t¨² piensas que la madre es una criminal que no cuida a sus hijas, tu mirada va a ser diferente. El tiempo, el contenido y el conocimiento son fundamentales¡±, explica. Por su parte, la Generalitat, que a ra¨ªz del caso de la familia de Guinea-Conakry anunci¨® que revisar¨¢ el protocolo, asegur¨® hace unos d¨ªas que el Departamento de Salud ha formado a 255 sanitarios en 2016.

La investigadora apunta que la metodolog¨ªa de Wassu-UAB se ha aplicado con ¨¦xito en algunos municipios del Pa¨ªs Vasco, en Arag¨®n y pr¨®ximamente en Andaluc¨ªa, gracias al apoyo econ¨®mico de la fundaci¨®n La Caixa o el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, pese a tener base en Barcelona, la f¨®rmula de la fundaci¨®n no ha penetrado en Catalu?a excepto en contados municipios como Badalona o Santa Coloma de Gramenet. ¡°Catalu?a est¨¢ excluyendo la v¨ªa preventiva sistem¨¢ticamente y va siempre por la v¨ªa punitiva¡±, denuncia.

Y lo peor, advierte, es que por el camino desaparecen ni?as. La fundaci¨®n dispone de un mapa de mutilaci¨®n genital femenina que les ayuda a monitorizar los movimientos demogr¨¢ficos de la poblaci¨®n en riesgo. Kaplan ultima una nueva edici¨®n del mapa pero sospecha que muchas ni?as pueden haber vuelto sus pa¨ªses de origen. Ante el temor de que la polic¨ªa llame a la puerta, los padres las mandan de vuelta. ¡°No sabemos cu¨¢ntas ni?as han vuelto a su pa¨ªs. En este nuevo mapa queremos comparar si el n¨²mero de ni?as que se han marchado es igual al n¨²mero de ni?os. Lo que s¨ª s¨¦ es que entre 2012 y 2015 hay 412 ni?as gambianas que ya no est¨¢n¡±, lamenta.