Choque de trenes pactado

Las posiciones son claras. Por si faltaba alguna precisi¨®n, el 11 de enero almorzaron clandestinamente Carles Puigdemont y Mariano Rajoy, en La Moncloa. Las relaciones personales parece que son buenas, pero las obligaciones de uno y otro son abiertamente incompatibles.

Puigdemont solo se siente atado por su compromiso para negociar los t¨¦rminos, fecha y pregunta de un refer¨¦ndum en el que se incluya la posibilidad de independencia de Catalu?a. Rajoy se siente obligado por un compromiso inverso: puede negociar cualquier cosa menos un refer¨¦ndum que incluya una pregunta sobre la independencia de Catalu?a.

El presidente catal¨¢n responde por la mayor¨ªa de diputados independentistas de Junts pel S¨ª y la CUP, que primero se comprometieron a la aprobaci¨®n de tres leyes de desconexi¨®n y a proclamar la independencia en 18 meses y luego sustituyeron en su hoja de ruta el objetivo de la secesi¨®n por el de un refer¨¦ndum, a ser posible pactado y en caso contrario unilateral.

El presidente espa?ol, por su parte, se debe a la actual Constituci¨®n, en la que no encuentra margen alguno para una consulta sobre la independencia de Catalu?a y menos un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n como el que se le exige. En 2013, el jurista Francisco Rubio Llorente defendi¨® la posibilidad de que, sin reforma constitucional, mediante un simple cambio en la ley espa?ola sobre las modalidades de refer¨¦ndum, se pudiera organizar una consulta en la que se preguntara sobre la independencia a los catalanes o al conjunto de los espa?oles.

Los m¨¢rgenes eran estrechos entonces, en plena crisis financiera, con las autonom¨ªas espa?olas, incluida la catalana, intervenidas y bajo perfusi¨®n del FLA (fondo de liquidez auton¨®mica), pero es dif¨ªcil creer que existan o sean mayores ahora. El propio Rubio Llorente advert¨ªa que el camino del derecho a decidir ya emprendido unilateralmente dificultaba la iniciativa del refer¨¦ndum legal y pactado que supondr¨ªa su idea de reforma legislativa.

A todo ello se a?ade un obst¨¢culo adicional. Los cinco a?os de proceso independentista han sido de creciente polarizaci¨®n entre los dos gobiernos y sus respectivos y poderosos aparatos pol¨ªticos y medi¨¢ticos, p¨²blicos y privados, hasta alcanzar un acoplamiento de enorme rendimiento electoral. Los beneficiarios son los dos extremos, que se retroalimentan m¨²tuamente: el independentismo apresurado con sus objetivos y plazos irrenunciables y el unitarismo inmovilista, que considera cualquier concesi¨®n, incluso verbal, como un premio al independentismo.

Rajoy representa la parte m¨¢s fuerte en este conflicto, y por tanto la que tiene mayor responsabilidad en su resoluci¨®n. Pero tiene un problema de legitimidad, agravado por su pasividad pol¨ªtica. Su gobierno, su partido y ¨¦l mismo se han ausentado de Catalu?a e incluso de sus debates p¨²blicos desde que llegaron a La Moncloa, a pesar de que est¨¢n en el origen del contencioso, han incumplido compromisos, algunos de ellos estatutarios, y han hecho gala de una actitud negligente sino despreciativa hacia el conjunto de los catalanes, incluidos los que no se sienten vinculados al proceso independentista. A trav¨¦s de la fiscal¨ªa y la abogac¨ªa del Estado, han subcontratado toda la obstaculizaci¨®n del proceso al Tribunal Constitucional y al poder judicial, a los que han sometidos a una presi¨®n, con frecuencia impl¨ªcita pero en muchos casos desvergonzada, de alta toxicidad para la imagen p¨²blica del Estado de derecho.

Puigdemont, por su parte, no tiene un mandato democr¨¢tico ni mayor¨ªas de votos populares suficientes para llevar a cabo su plan. Los pasos que ya ha realizado la mayor¨ªa meramente parlamentaria de Junts pel S¨ª y la CUP vulneran el Estatuto de Catalu?a y la Constituci¨®n y, lo que es m¨¢s importante, los derechos pol¨ªticos de los ciudadanos representados por las otras fuerzas de la c¨¢mara. El insulto del secreto con que se prepara la ley de transitoriedad jur¨ªdica se a?ade a la injuria del desbordamiento de la legalidad estatutaria y constitucional. Fuera de la burbuja medi¨¢tica independentista y en el clima de saturaci¨®n propagand¨ªstica que vive Catalunya, es una iron¨ªa vender el cuento de que el independentismo no tiene libertad para expresarse, cuando lo que los tribunales est¨¢n impidiendo es que los parlamentarios secesionistas alcancen sus objetivos sin respetar los procedimientos legales.

As¨ª llegamos a los radicales desacuerdos del 11 de enero en La Moncloa y a la firme voluntad de ambas partes de cumplir sus compromisos hasta las ¨²ltimas consecuencias. Si cada uno conoce perfectamente la posici¨®n del otro, como parece ser el caso, lo menos que pueden esperar los ciudadanos es que pacten la forma menos perjudicial posible para terminar de una vez con este largo calvario y procedan, inmediatamente despu¨¦s ¡ªprobablemente tras unas nuevas elecciones¡ª, a acordar esa tercera v¨ªa tan denostada y combatida por los mismos que ahora se ver¨¢n obligados a resucitarla. Es decir, si tiene que haber choque de trenes, al menos que sea pactado.