La Guardia Civil refuerza los indicios de financiaci¨®n ilegal del PP de Rita Barber¨¢

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La Guardia Civil ha reforzado los indicios de financiaci¨®n ilegal del PP de Rita Barber¨¢, que fue alcaldesa de Valencia entre los a?os 1991 y 2015. As¨ª se desprende de un nuevo informe que la Unidad Central Operativa ha entregado al juez V¨ªctor G¨®mez, instructor del caso Taula.

En ¨¦l se recoge la declaraci¨®n como testigo prestada por un exasesor del grupo municipal del PP en la que mantiene que Alfonso Grau, entonces vicealcalde de Valencia, le entreg¨® en 2008, "en un sobre", 350.000 euros en billetes de 500, y le dijo que el dinero era para que "pagara los gastos electorales" de la campa?a de 2007.

El testigo, Jes¨²s Gordillo, afirm¨® en su declaraci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S que se llev¨® "el dinero a casa y lo utiliz¨® los d¨ªas 29 y 30 de abril y 2 de mayo de 2008 para pagar a los distintos proveedores" electorales "y de esa forma saldar la deuda y cumplir lo que le hab¨ªan encargado". Grau hab¨ªa dirigido la campa?a de 2007 en la que Barber¨¢ obtuvo mayor¨ªa absoluta.

El exasesor municipal se?al¨® igualmente que diversas empresas que ten¨ªan grandes concesiones municipales, entre las que cita a Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega, FCC, Luj¨¢n y Lubasa pagaron actos electorales de la campa?a de Barber¨¢ en 2007 a Laterne, la agencia que mont¨® toda la campa?a del PP de Valencia para aquellos comicios.

El juez aprecia indicios de malversaci¨®n, cohecho y delito electoral en la supuesta actuaci¨®n del grupo municipal popular descrita por Gordillo.

Facturas falsas

Los proveedores buscados por Laterne para materializar la campa?a de 2007 tuvieron que rehacer las facturas que inicialmente hab¨ªan emitido al PP "con los conceptos aut¨¦nticos de los trabajos realizados", indic¨® el testigo. "Como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, se eliminaron [de las facturas] las alusiones a la campa?a electoral. Los proveedores hicieron las mismas facturas, con el mismo n¨²mero y por los mismos importes eliminando de ellas cualquier alusi¨®n a la campa?a pol¨ªtica", pero esta vez dirigidas a Laterne por servicios simulados.

En paralelo, Laterne tambi¨¦n emiti¨® facturas por conceptos falsos a las empresas adjudicatarias de contratas municipales que hab¨ªan entregado dinero para costear la campa?a de Barber¨¢, declar¨® el testigo. El objetivo de esa falsedad, ejecutada "por orden de Alfonso Grau", fue "ocultar que realmente eran distintas empresas las que asum¨ªan el coste de determinados actos electorales en los que hab¨ªa incurrido el partido".

Adem¨¢s de los 350.000 euros en met¨¢lico presuntamente entregados por Grau al testigo en un sobre, el que fuera mano derecha de Barber¨¢ tambi¨¦n dio instrucciones a Gordillo para "recoger de la empresa Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros" e ingresarlos en la cuenta de Laterne como pago de gastos electorales, seg¨²n la declaraci¨®n. En total, 500.000 euros a los que hay que sumar otro cheque de 150.000 que, seg¨²n el testimonio, la secretaria general del grupo municipal, Mari Carmen Garc¨ªa Fuster, le entreg¨® a Gordillo con destino a Laterne para cancelar deudas electorales.

La procedencia de este ¨²ltimo supuesto pago es un misterio para los investigadores, ya que el cheque no proced¨ªa de ninguna de las cuentas, ni las oficiales ni las opacas al Tribunal de Cuentas, del grupo municipal del PP que han detectado los investigadores.

En la documentaci¨®n interna de Laterne entregada a la fiscal¨ªa por Gordillo a trav¨¦s del medio Valenciaplaza, figuran anotadas aportaciones de una quincena de empresas y fundaciones p¨²blicas a la empresa encargada de organizar la campa?a de Barber¨¢ por un importe total de tres millones de euros. Los investigadores no creen, sin embargo, que todo ese dinero fuera a parar efectivamente a la campa?a.

La declaraci¨®n de Gordillo apunta, adem¨¢s, al establecimiento de un peaje de 150.000 euros que los empresarios deb¨ªan pagar para acceder a adjudicaciones. Seg¨²n el testigo, una de las sociedades del grupo Laterne, Product Management Council (PMC),? fue "creada para concurrir conjuntamente a licitaciones p¨²blicas de obras y servicios y as¨ª intentar repartirse el mercado". Con tal fin se produjeron reuniones con empresarios a las que acudieron el due?o de Laterne, Vicente S¨¢ez Tormo y el cu?ado de Barber¨¢ y letrado Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn ("como abogado contratado al efecto, facturando por ello 3.000 euros al mes"). El testigo "cree recordar" que a estos encuentros "fue invitado Alfonso Grau". "Como requisito para entrar en este grupo" a los empresarios "se les exig¨ªa que realizasen una aportaci¨®n de 150.000 euros". Gordillo agreg¨® que PMC no ten¨ªa empleados y se encargaban de gestionarla los trabajadores de Laterne.

El origen, el blanqueo

La investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n del PP de Valencia en la etapa de Barber¨¢ no ha finalizado, aseguran fuentes del caso. Pero s¨ª se han reunido los indicios cuya posible destrucci¨®n justificaba el secreto de sumario de esta subpieza de la causa. Esta l¨ªnea de investigaci¨®n se deriva de las pesquisas sobre una supuesta operaci¨®n de lavado de dinero negro para sufragar la campa?a de las elecciones locales de 2015.

Por estos hechos est¨¢n imputados medio centenar de miembros del grupo municipal del PP de Valencia, incluidos nueve de sus 10 concejales, que han negado las acusaciones. Y fue el motivo por el que Barber¨¢ tuvo que declarar en el Tribunal Supremo en noviembre, dos d¨ªas antes de fallecer. La exalcaldesa tambi¨¦n proclam¨® su inocencia.

En los cuatro meses que ha permanecido vigente el secreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han recabado papeles y testimonios en fundaciones p¨²blicas municipales y empresas que han tenido contratas del Ayuntamiento. Todas ellas son sospechosas de haber pagado actos electorales a Laterne, la agencia de eventos que organiz¨® la campa?a de Barber¨¢ en 2007.

El juez G¨®mez abri¨® la subpieza secreta en noviembre a petici¨®n de la fiscal¨ªa y la UCO, tras observar indicios de "aportaciones econ¨®micas de terceras empresas y fundaciones p¨²blicas" a aquella campa?a, seg¨²n un auto de 10 de noviembre hecho p¨²blico este lunes. El magistrado apreci¨® inicialmente que los nuevos hechos pod¨ªan ser constitutivos de los delitos de malversaci¨®n, cohecho y delito electoral. Y que resultaban indicativos de una "continuidad delictiva" en el grupo municipal que se extend¨ªa hasta el a?o 2015.

Los tres v¨¦rtices de la financiaci¨®n

Gordillo, el testigo que ha declarado que recibi¨® 350.000 euros en met¨¢lico de Grau, era en 2008 trabajador de Laterne, despu¨¦s de haber sido asesor municipal del PP de Valencia. En la legislatura de 2011 a 2015 volvi¨® a trabajar para el grupo municipal popular, pero antes de regresar al Ayuntamiento fue empleado, adem¨¢s, por Secopsa, empresa a la que el Consistorio adjudic¨® el mantenimiento de todo el mobiliario municipal.

La relaci¨®n entre ambas empresas y el Ayuntamiento era tan estrecha que, seg¨²n el testigo, entr¨® a trabajar en ambas gracias a la influencia de Grau y fue el entonces vicealcalde el que "negoci¨® el salario" que el ahora testigo iba a percibir en ambas mercantiles. Su testimonio, basado en su experiencia directa en las tres patas de la presunta financiaci¨®n irregular del PP de Valencia, apuntala la tesis que mantiene la fiscal¨ªa.

El mismo sistema que en G¨¹rtel

El sistema esbozado por la investigaci¨®n es similar al que presuntamente utilizaron la trama G¨¹rtel y la c¨²pula del PP de la Comunidad Valenciana que presid¨ªa Francisco Camps para financiar las campa?as electorales del mismo a?o 2007 y de 2008.

En G¨¹rtel, el papel de Laterne lo realizaba Orange Market, la empresa que administraba ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Y el lugar de los contratistas municipales lo ocuparon nueve empresarios de la construcci¨®n y la obra p¨²blica, adjudicatarios de la Generalitat, que pagaron actos electorales a Orange Market. As¨ª lo han reconocido ellos mismos en la parte del caso G¨¹rtel en la que est¨¢n procesados Vicente Rambla, Ricardo Costa y otros antiguos miembros de la direcci¨®n del PP valenciano.

El objetivo nuclear de la subpieza del caso Taula sobre la que ahora se ha levantado el secreto es reforzar los indicios de blanqueo de capitales de 2015. Esto es, la existencia de una pr¨¢ctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y explicar¨ªan el lavado de fondos de la ¨²ltima campa?a local mediante el llamado procedimiento del pitufeo: muchas personas (50) lavan una peque?as cantidad de dinero (1.000 euros cada una) para que la operaci¨®n pase desapercibida.

El alcalde de Valencia, Joan Rib¨®, ha criticado que, a la vista de los nuevos datos, el PP acudiera "supuestamente dopado a las elecciones, haciendo trampas; un comportamiento contrario a la democracia y a las m¨¢s elementales normas de las que nos hemos dotado como sociedad".

El caso Taula es una macrocausa de corrupci¨®n que ha revelado, entre otros supuestos delitos, la existencia de una trama del 3% en el seno del PP valenciano,