Expertos consideran inviable la desconexi¨®n legal que promete el independentismo

El independentismo catal¨¢n f¨ªa toda su estrategia a una carta que se vende como la panacea que permitir¨¢ construir la nueva rep¨²blica catalana. Es la ley de desconexi¨®n, el secreto mejor guardado en Catalu?a, de la que no se conoce su contenido y que, seg¨²n se repite machaconamente desde hace meses, permitir¨¢ pasar de la legalidad espa?ola a una nueva legalidad catalana y amparar la convocatoria del refer¨¦ndum de independencia. Se trata, sin embargo, de una promesa inviable en la pr¨¢ctica, seg¨²n todos los analistas consultados.

El Tribunal Constitucional suspender¨¢ previsiblemente esa ley ¡ªllamada de Transitoriedad Jur¨ªdica¡ª en cuanto salga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat. Adem¨¢s, el Gobierno catal¨¢n no dispondr¨¢ de la capacidad para hacerla cumplir, con lo que todo acabar¨¢ siendo poco menos que un brindis al sol, coinciden en se?alar diversos constitucionalistas consultados por EL PA?S.

¡°La carga de credibilidad del nuevo ordenamiento le toca demostrarla a quien quiere romper el ordenamiento vigente¡±, explica el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Xavier Arb¨®s. En su opini¨®n, la aprobaci¨®n de la ley catalana ¡°dar¨¢ legitimidad a sus instigadores, pero a ojos de la legalidad espa?ola, que seguir¨¢ vigente en Catalu?a, no producir¨¢ ning¨²n efecto¡±. Este catedr¨¢tico entiende que la Generalitat no podr¨¢ hacer efectiva la desconexi¨®n legal, entre otros motivos porque los colectivos encargados de velar por esa legalidad catalana no la aplicar¨¢n a corto, medio, ni largo plazo.

En este sentido, Arb¨®s recuerda que la inmensa mayor¨ªa de los cerca de 6.000 jueces que trabajan en Catalu?a no dejar¨¢n de aplicar las leyes que aplican ahora, ni los m¨¢s de 17.000 mossos d¡¯esquadra se pondr¨¢n al servicio del nuevo escenario pol¨ªtico. Lo vienen anunciando desde hace meses las asociaciones judiciales y los principales sindicatos policiales, y parece que no servir¨¢n de mucho las amenazas del diputado de Junts pel S¨ª Llu¨ªs Llach de que la Generalitat sancionar¨¢ a los funcionarios que no cumplan la nueva ley en el caso de que llegue a ser aprobada. ¡°La cuesti¨®n no es que t¨² desconectes de la legalidad espa?ola, sino que puedas hacer cumplir la tuya y que los dem¨¢s te la reconozcan, y eso no pasar¨¢¡±, insiste Arb¨®s.

El comunicado que anunci¨® el pasado 29 de diciembre el acuerdo entre Junts pel S¨ª y la CUP sobre la ley de desconexi¨®n explicaba que esta abordar¨ªa, entre otras cuestiones, la sucesi¨®n de ordenamientos y de administraciones, el poder judicial y las finanzas catalanas, as¨ª como el sistema institucional con una serie de plazos y per¨ªodos de transici¨®n en cada caso para aplicar el nuevo ordenamiento legal. Sin embargo, Xavier Arb¨®s considera que todo eso se quedar¨¢ en papel mojado. ¡°La ley de desconexi¨®n no es un escudo magn¨¦tico y la Generalitat no puede pretender un blindaje unilateral porque no tiene competencias para ello. Es un salto al vac¨ªo, un desaf¨ªo al sentido com¨²n¡±, reitera el constitucionalista.

¡°Es un disparate¡±

Mucho m¨¢s contundente se muestra Jos¨¦ Antonio Montilla, director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. ¡°A los alumnos de primero se les explica en las primeras semanas de la carrera lo que no se quiere entender por los gobernantes de Catalu?a¡±, dice. ¡°Es un disparate lo que quieren hacer, un absurdo jur¨ªdico, porque no existe ninguna posibilidad de aplicarlo y porque no se puede decir que se va a pasar de una legalidad a otra como si no pasara nada¡±, afirma Montilla.

En su opini¨®n, la ley de desconexi¨®n catalana quedar¨¢ suspendida desde el momento en que lo acuerde el Tribunal Constitucional, por lo que cualquier acto de aplicaci¨®n que derive de ella ser¨¢ nulo. Y cualquier funcionario p¨²blico que la aplique podr¨ªa incurrir en prevaricaci¨®n, por lo que, concluye, la ley ser¨¢ inaplicable. Montilla recuerda lo que los juristas denominan ¡°sistema de fuentes del derecho¡±, que garantiza la seguridad jur¨ªdica por encima de las opciones pol¨ªticas, con la Constituci¨®n en la c¨²spide de la legalidad, y en virtud del cual ¡°una comunidad aut¨®noma no puede suspender la aplicaci¨®n de la Constituci¨®n¡±.

Para V¨ªctor Ferreres, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la aprobaci¨®n de la ley de desconexi¨®n no producir¨¢ ning¨²n vac¨ªo de poder porque el Tribunal Constitucional ya ha advertido que ser¨¢ ilegal y en ning¨²n momento dejar¨¢ de estar vigente la legalidad espa?ola. Este jurista rebate, adem¨¢s, dos argumentos muy usados por el independentismo: que esa hipot¨¦tica ruptura de Catalu?a con el resto de Espa?a ser¨ªa un proceso pac¨ªfico y que tendr¨ªa reconocimiento internacional.

¡°Si yo salgo a la calle, delinco y espero que la polic¨ªa no me detenga no puedo decir que soy pac¨ªfico, porque la polic¨ªa tiene la obligaci¨®n de intervenir y lo har¨¢¡±, se?ala Ferreres, que da por sentado que el Gobierno y el resto de instituciones del Estado no se quedar¨¢n de brazos cruzados. En su opini¨®n, adem¨¢s, ni el derecho internacional p¨²blico ni el comunitario amparar¨¢n ¡°jam¨¢s¡± la pretendida legalidad catalana porque se pretende imponer quebrantando unilateralmente la legalidad espa?ola. ¡°Mi madre, que no sabe nada de derecho, entiende a la primera que no se puede desconectar de la ley as¨ª, a la brava¡±, remacha Ferreres.