Los jueces culpan a la Guardia Civil de la absoluci¨®n general en el ¡®caso Guateque¡¯
La Audiencia acusa al instituto armado de "mala fe" en la trama de las licencias municipales
La grabaci¨®n que dio origen a la investigaci¨®n judicial del caso Guateque ¡ªuna enorme trama de presunta corrupci¨®n de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que mercadeaban con las licencias municipales¡ª se consigui¨® ¡°sin autorizaci¨®n judicial y al margen de cualquier procedimiento penal¡±. Esa es la raz¨®n por la que la Audiencia Provincial de Madrid considera nula esa prueba ¡ªy todas las que llegaron a partir de ella¡ª y absuelve a los 30 acusados en el proceso. La sentencia, difundida ayer, llega a decir que los agentes de la Guardia Civil actuaron de ¡°mala fe¡± para conseguir la grabaci¨®n.
Una d¨¦cada despu¨¦s de que saltara el esc¨¢ndalo por la mayor trama de tr¨¢fico ilegal de licencias municipales para locales p¨²blicos, en el que llegaron a estar implicados m¨¢s de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento madrile?o durante la ¨¦poca como alcalde de Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP), el caso se ha quedado en nada y todos los acusados han sido absueltos. La sentencia firmada ayer por la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ¡ªy contra la que a¨²n cabe recurso¡ª considera que todas las pruebas practicadas durante la instrucci¨®n son inadmisibles, ya que queda anulada la grabaci¨®n que dio origen a todo lo dem¨¢s, en la que un empresario aseguraba que se pod¨ªa conseguir una licencia con m¨¢s rapidez pagando a un funcionario municipal.
La sentencia es casi en su totalidad una dur¨ªsima reprobaci¨®n a los m¨¦todos utilizados por los agentes de la Guardia Civil para conseguir esa prueba, que ¡°no solo no supera los controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe¡±. Los magistrados manifiestan que no comprenden por qu¨¦ durante el juicio no se aport¨® ninguna prueba sobre la grabaci¨®n ni se llam¨® a declarar a ning¨²n guardia civil para interrogarle sobre el paradero de la cinta donde se registr¨® la conversaci¨®n. ¡°No existe tal supuesta grabaci¨®n, por lo que la instrucci¨®n y el proceso entero se han construido sobre la nada m¨¢s absoluta¡±, concluyen con dureza los magistrados en el fallo. De hecho, llegan a asegurar que los agentes ¡°actuaron de mala fe¡±.
Dos instructores y 30 procesados
La acusaci¨®n. Pago de sobornos a funcionarios municipales para obtener licencias de locales.
El juicio. 10 a?os de proceso y cuatro meses de sesiones en la Audiencia Provincial.
Dos instructores. El juez Santiago Torres inici¨® la causa y la juez Rosa M. Freire la termin¨®.
Los procesados. 30 acusados, para los que el fiscal ped¨ªa un total de 250 a?os de prisi¨®n.
Para empezar, la sentencia pone de manifiesto las contradicciones entre la versi¨®n mantenida en el atestado de la Guardia Civil en el momento de esa grabaci¨®n, hace casi 10 a?os, y la que recogi¨® meses despu¨¦s la juez de instrucci¨®n de la Audiencia Provincial en sus investigaciones. El atestado aseguraba que hab¨ªa sido el testigo protegido Joaqu¨ªn Hern¨¢ndez quien hab¨ªa decidido recoger la prueba voluntariamente y con sus propios medios; sin embargo, la magistrada asegura m¨¢s tarde que fueron miembros de la Comandancia de Tres Cantos quienes entregaron a Hern¨¢ndez el aparato para registrar la conversaci¨®n con el empresario Sanz Escribano (unos de los principales acusados del caso).
¡°Joaqu¨ªn Hern¨¢ndez [el testigo protegido] fue un mero instrumento utilizado por agentes [...] de la Guardia Civil para conseguir grabar de forma subrepticia una determinada conversaci¨®n, gracias a su condici¨®n de antiguo cliente, en el despacho profesional de Antonio Sanz Escribano¡±, reza la sentencia. Los agentes, a?ade, no solo planificaron todo, sino que ¡°proporcionaron los instrumentos necesarios para que se pudiera llevar a efecto¡±.
Por eso los magistrados consideran que la grabaci¨®n no cumple los requisitos fundamentales para ser v¨¢lida. Por ejemplo, el que dice que solo la autoridad judicial puede autorizar al sacrificio del derecho a la intimidad de la persona grabada ¨²nicamente para investigar un delito concreto o para detener a sus responsables, si hay indicios previos. Y en este caso, aseguran, no hubo juez que diera permiso ni hab¨ªa denuncia previa.
30 acusados
En el proceso estaban acusadas 30 personas, entre ellas 19 funcionarios del Consistorio. El fiscal solicitaba para todas ellas una pena conjunta de 250 a?os de c¨¢rcel. Se las acusaba de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Hist¨®rico, de tr¨¢fico de influencias, de prevaricaci¨®n ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios.
La trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos ¡ªal que se le imputaban 14 delitos¡ª, el exjefe del ?rea municipal de Impacto y An¨¢lisis Ambiental. Pero tambi¨¦n ten¨ªan un papel importante Mario M¨ªnguez y Fernando Ruiz, dos funcionarios del ¨¢rea de Disciplina Urban¨ªstica, y Jos¨¦ Antonio Jodar, funcionario de la Concejal¨ªa de Urbanismo. Seg¨²n los investigadores, el funcionario municipal Carmelo Garc¨ªa y el intermediario Santiago Castillo ¡ªa los que se les imputaban 12 delitos¡ª eran los encargados de captar a los empresarios que quer¨ªan abrir un negocio en Madrid, y les ped¨ªan dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento.
Tres acusados confesaron ser culpables
ara L¨®pez Moreno, exfuncionaria municipal de Chamber¨ª, y los empresarios inmobiliarios Juli¨¢n F¨¦lix Serrano y Salvador Jos¨¦ del Campo, fueron los ¨²nicos tres procesados en el caso Guateque que reconocieron su culpabilidad.
Moreno ¡ªque se enfrentaba a una pena de cuatro a?os y cuatro meses de prisi¨®n¡ª confes¨® haber aceptado un soborno de 2.500 euros por favorecer que una licencia saliera adelante. Por su parte, F¨¦lix Serrano y Del Campo reconocieron haber pagado ¡°6.000 o 7.000 euros¡± al empresario Carmelo Garc¨ªa ¡ªtambi¨¦n acusado¡ª para solucionar los problemas que exist¨ªan con las licencias de obra de varios edificios. Para ambos, la fiscal¨ªa ped¨ªa 13 a?os y medio y 10 a?os de c¨¢rcel, respectivamente.
A pesar de su confesi¨®n, los tres acusados (de un total de 30) han salido absueltos. Algunos, como el letrado Nicanor Herrera, consideran que ¡°era previsible la sentencia¡±. A?ade que la sentencia es ¡°un varapalo para el fiscal y las acusaciones particulares¡±.
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