Cotino benefici¨® a su familia en el negocio de las residencias, seg¨²n las Cortes Valencianas
Socialistas, Comprom¨ªs, Ciudadanos y Podemos consideran que hubo un gran fraude y el PP lo niega
Los grupos parlamentarios socialista, de Comprom¨ªs, Ciudadanos y Podemos han concluido este jueves que la Generalitat valenciana benefici¨® "por acci¨®n u omisi¨®n" a las residencias de accesibilidad social, y especialmente a las del Grupo Savia, del que formaba parte Sedesa, la compa?¨ªa de la familia del exvicepresidente del Consell y exconsejero de Bienestar Social Juan Cotino. Y que el propio exdirigente popular adopt¨® decisiones en tal sentido. Cotino ha negado haber cometido irregularidades.
La normativa valenciana de residencias fue creada en 2001 y modificada sucesivamente en los a?os siguientes con el objetivo de aumentar el negocio a las empresa adjudicatarias, facilitando a las empresas del sector de la construcci¨®n una nueva actividad lucrativa tras el hundimiento dell mercado inmobiliario, ha mantenido la portavoz socialista, Concha Andr¨¦s. La diputada ha calificado de "fraude" los continuos cambios introducidos en las conduciones que establec¨ªan los pliegos administrativos.
Las afirmaciones forman parte de las conclusiones pactadas por los cuatro grupos tras 16 meses de trabajo en la comisi¨®n de investigaci¨®n creada en las Cortes Valencianas, en la que han declarado 89 personas.
El concurso p¨²blico estableci¨® que solo se pod¨ªan concertar con la Administraci¨®n un tercio de las plazas de cada residencia. Una interpretaci¨®n de la normativa realizada por el exconsejero Rafael Blasco elev¨® ese porcentaje, sin embargo, al 100%. Seg¨²n Andr¨¦s, dicho informe ha desaparecido y fue considerado por la Abogac¨ªa de la Generalitat un "fraude de las bases de licitaci¨®n" y hasta que en 2006 no se hizo p¨²blico solo era conocido por el Grupo Savia, que lleg¨® a controlar el 40% de las residencias.
El propio Cotino benefici¨® al grupo de empresas de su familia, ha a?adido la socialista, al aprobarse en 2008, durante su etapa de consejero de Bienestar Social, un acuerdo para elevar la subvenci¨®n que pagaba la Generalitat a las adjudicatarias: de 38 euros por plaza y d¨ªa a 56 euros.
El Grupo Parlamentario Popular ha discrepado de dicha tesis, que ser¨¢ sometida a votaci¨®n en la C¨¢mara, y ha opinado que de la comisi¨®n de investigaci¨®n se desprende que el modelo puesto en marcha por los populares fue legal y que no se ha acreditado trato de favor alguno.
La portavoz de los populares, Mar¨ªa Jos¨¦ Catal¨¢, ha criticado que los otros grupos no hayan convocado al suyo para intentar pactar unas conclusiones conjuntas. Y ha considerado que la comisi¨®n ha sido "una causa general basada en conjeturas" y que PSPV-PSOE, Comprom¨ªs, Ciudadanos y Podemos partieron de unas "premisas prejuzgadas" y han buscado "montar un espect¨¢culo" y "sacar r¨¦dito pol¨ªtico".
David de Miguel, de Ciudadanos, ha se?alado que las condiciones de partida del modelo de residencias, elaboradas por el exconsejero Rafael Blasco, condenado m¨¢s tarde por malversar fondos de ayuda al desarrollo, se dise?aron de forma que solo grandes empresas del sector de la construcci¨®n y la obra p¨²blica, que hasta entonces no hab¨ªan tenido actividad en el campo de las residencias, pod¨ªan acceder a ellas. "Hubo peque?as empresas que no optaron porque las condiciones eran muy duras", ha recordado De Miguel que declar¨® un miembro de la patronal de residencias Aerte en la comisi¨®n.
En los a?os siguientes, sin embargo, "el pliego al que se deb¨ªan ce?ir se inclumpli¨® flagrantemente en cuanto a los plazos de construcci¨®n, las mejoras t¨¦cnicas y de personal, el n¨²mero de plazas que deb¨ªa haber disponible e incluso el m¨¢pa gerontol¨®gico realizado por la Generalitat se modific¨® por parte de las adjudicatarias". Municipios que estas no consideraban adecuados, ha afirmado el diputado de Ciudadanos, se quedaron sin residencias, mientras que en otros donde no estaban previstas s¨ª se levantaron.
"La patronal Aerte se ha asegurado en la comisi¨®n que de haber sabido que el pliego de condiciones se pod¨ªa incumplir, estas peque?as empresas s¨ª que se habr¨ªan presentado al concurso", ha concluido De Miguel.
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