Dos ex altos cargos de Aznar y seis de la Junta, imputados en el caso del ERE minero de Huelva

La juez del caso de los ERE, Mar¨ªa N¨²?ez, ha imputado a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar,?en una?nueva pieza separada por las ayudas sociolaborales de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la miner¨ªa de la Faja Pir¨ªtica de Huelva. Entre los investigados, tambi¨¦n se encuentran seis ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.?La juez considera que los imputados cometieron los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

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En un auto notificado este jueves, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla incluye como investigadas ¡ªantes imputadas¡ª a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad C¨®rdova, respectivamente. El ministro entonces era Eduardo Zaplana. A ambas les acusa de?un delito de prevaricaci¨®n, en concurso con uno de malversaci¨®n, "por conocer y permitir la inclusi¨®n de individuos que no reun¨ªan las condiciones necesarias marcadas por la propia Administraci¨®n para ser receptores de las subvenciones", los llamados intrusos.

Entre los investigados tambi¨¦n est¨¢n?los exconsejeros de Empleo Jos¨¦ Antonio Viera y Antonio Fern¨¢ndez;?el exviceconsejero del ramo Agust¨ªn Barber¨¢, y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan M¨¢rquez. Los ex altos cargos est¨¢n acusados "por conocer, permitir e impulsar la concesi¨®n de fondos p¨²blicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permiti¨® que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos p¨²blicos". Por su parte, entre los 10 sindicalistas investigados se encuentran?el ex secretario general de UGT de Andaluc¨ªa Manuel Pastrana, quien dej¨® el cargo en mayo de 2013; y el ex secretario general de CC OO Francisco Carbonero, en esta responsabilidad hasta junio de este a?o, a los que N¨²?ez acusa de desviar fondos abonados por el Fondo de Garant¨ªa Social destinados a la Junta de Andaluc¨ªa, que hab¨ªa adelantado el pago de las prejubilaciones.?

La investigaci¨®n se centra en las subvenciones de m¨¢s de 40 millones de euros concedidos por el ministerio y el Gobierno andaluz a cinco miner¨ªas de la Faja Pir¨ªtica de Huelva: Almagrera, Navan Resource, Fil¨®n Sur, Nueva Tharsis (Bolsa de Tharsis e Insersa) y Minas R¨ªo Tinto. La juez considera que en este ERE hubo p¨®lizas para trabajadores que no hab¨ªan trabajado en la Faja Pir¨ªtica, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destin¨® dinero de las p¨®lizas de los trabajadores a "fines distintos".

Adem¨¢s, la magistrada se?ala indicios de un delito de malversaci¨®n en las actuaciones de los mediadores Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, de Uniter, por recibir sobrecomisiones; y del abogado Carlos Leal Bonmati por presentar ante la Direcci¨®n General de Trabajo de la Junta "una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspond¨ªan dichas subvenciones".

En el atestado de la Guardia Civil, que ha servido de base para esta pieza, se ped¨ªa imputar a 267 personas, entre ellos trabajadores perceptores de las ayudas, aunque la juez solo incluye a cinco que se introdujeron como intrusos.