As¨ª se derriba un convento protegido en Madrid en 2017

Para empezar a responder a estas preguntas hay que entender primero el pasado de especulaci¨®n en el que se vio envuelto el edificio desde el a?o 2005, en plena burbuja inmobiliaria. El convento, obra del arquitecto madrile?o Cr¨ªspulo Moro Cabeza -autor, entre otros inmuebles, del Cine Dor¨¦ y del edificio Cr¨ªspulo Moro, cerca del Retiro- pertenec¨ªa a la Congregaci¨®n de las Damas Apost¨®licas del Sagrado Coraz¨®n de Jes¨²s. Las religiosas, que han declinado hablar con EL PA?S, intentan entonces derribarlo por primera vez, y cuentan para ello con Leopoldo Arnaiz, un pol¨¦mico arquitecto y urbanista, contratado por numerosos ayuntamientos de toda la regi¨®n, y cuyo nombre aparece relacionado con recalificaciones pol¨¦micas y multimillonarias de la Comunidad. Eso s¨ª, el urbanista fue absuelto de todas las causas judiciales.

Arnaiz solicita en marzo de 2006 un estudio de detalle para la zona, que fue aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de junio de ese a?o y posteriormente por el pleno municipal, el 27 de septiembre de 2006, con la mayor¨ªa absoluta del PP (PSOE e IU votaron en contra). Contactado por este peri¨®dico, Fernando Arnaiz, portavoz de Leopoldo, ha declinado hacer comentarios. En cualquier caso, la participaci¨®n del arquitecto se limit¨® a ese primer tr¨¢mite. En ese momento Arnaiz termin¨® el trabajo y en la actualidad no participa en desarrollo alguno que se est¨¦ realizando sobre este inmueble.

Este estudio, sobre una parcela de casi 17.000 metros cuadrados, contempla la demolici¨®n total del convento, de unos 5.300 metros, as¨ª como aumentar la edificabilidad para los futuros inmuebles hasta los 23.700 metros cuadrados con una altura de cinco plantas. Todo ello, en una de las zonas m¨¢s caras de Madrid. La parcela est¨¢ considerada como dotacional. Aqu¨ª llega el primer fallo, seg¨²n la concejal socialista Mercedes Gonz¨¢lez: ¡°Un estudio de detalle no habilita una demolici¨®n, que necesita licencia¡±. En cualquier caso, en 2008 llega la crisis y los planes para derribar este convento hist¨®rico quedan en espera. Lo m¨¢s probable es que las monjas tuvieran problemas para encontrar un comprador, aunque la congregaci¨®n guarda silencio sobre este aspecto. La siguiente pista aparece tres a?os despu¨¦s, el 5 de mayo de 2011, cuando la Junta Municipal del Distrito de Chamart¨ªn otorga una licencia por decreto que contemplaba la ¡°demolici¨®n total de las tres edificaciones existentes¡± (el convento y dos edificios menores), recogiendo de nuevo lo esencial del estudio de detalle elaborado por Arnaiz.

Pero la demolici¨®n no llega y se encuenta con una nueva traba: el 18 de junio de 2013 la Comunidad de Madrid aprueba la Ley 3/2013 de Patrimonio Hist¨®rico, que protege autom¨¢ticamente ¡°inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las siguientes tipolog¨ªas: iglesias, ermitas, cementerios, conventos¡­¡±. La norma regional considera este tipo de edificaciones como Bienes de Inter¨¦s Patrimonial, cuya m¨ªnima modificaci¨®n requiere del visto bueno de la Direcci¨®n General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. El problema es que, para que quede reflejado, los Ayuntamientos deben actualizar sus cat¨¢logos de bienes protegidos, algo que la capital no hace desde 1997.

En 2013, la congregaci¨®n renuncia a la licencia de demolici¨®n. ¡°La presente aceptaci¨®n tiene car¨¢cter irrevocable extingui¨¦ndose dicha licencia. No podr¨¢ el interesado realizar las obras amparadas por la misma¡±, dice el documento. En este punto, todo parece de cara para la conservaci¨®n del convento, puesto que se encuentra protegido y sin licencia de demolici¨®n.

Sin embargo, en 2016 las propietarias realizan una consulta urban¨ªstica para implantar una residencia de estudiantes universitarios en el inmueble, que la Agencia de Actividades municipal responde con un informe t¨¦cnico el 11 de noviembre de ese a?o. En ¨¦l se deja claro que no existe licencia de demolici¨®n: ¡°Las obras que pretende el interesado no se tratan de obras de nueva planta, sino de ampliaci¨®n, dado que se mantiene la edificaci¨®n principal existente. Se eliminan ¨²nicamente los edificios auxiliares¡±. El informe no recoge la protecci¨®n del edificio.

Alarmas no atendidas

En 2017 llegan las alarmas, que nadie escucha. Los vecinos de zona intuyen que algo se est¨¢ gestando en relaci¨®n con el edificio y tratan de salvarlo. El 14 de marzo, el PSOE recoge sus peticiones y llev¨® una pregunta sobre el tema a la Junta Municipal del Distrito de Chamart¨ªn, instando al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Cat¨¢logo de Elementos Protegidos. Teresa Camarero, coordinadora de Distrito, responde entonces que el ?rea de Desarrollo Urbano Sostenible est¨¢ estudiando revisar dicho cat¨¢logo. No se hace. Camarero deja constancia tambi¨¦n de que no existe en ese momento ninguna licencia de demolici¨®n o derribo.

El 20 de abril, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presenta en el Registro General de la Comunidad de Madrid una solicitud advirtiendo de que el riesgo de derribo podr¨ªa ser inminente, y solicitando la incoaci¨®n del convento como Bien de Inter¨¦s Patrimonial, ya que el Gobierno regional tambi¨¦n puede incluirlo en el registro de bienes protegidos. Dicha solicitud tampoco es atendida.

Las Hermanas Apost¨®licas no renuncian a sus planes y venden la propiedad a Global Etamin SL, filial de Global Alchiba SL, empresas que convergen en la inmobiliaria Grupo Moraval / Oficinas de la Moraleja. Uno de los administradores de Moraval ha sido Vicente Soto Ib¨¢?ez, quien fuera consejero de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa cuando esta protagoniz¨® la mayor suspensi¨®n de pagos de Espa?a (2008). Global Alchiba presenta el 9 de junio de 2017 una Declaraci¨®n Responsable, un tr¨¢mite simplificado basado ¨²nicamente en que un representante del propietario manifiesta, bajo su responsabilidad, que una actuaci¨®n urban¨ªstica cumple con los requisitos urban¨ªsticos. No los cumpl¨ªan. ¡°El Ayuntamiento no les dice en ning¨²n momento que es un bien de inter¨¦s patrimonial¡±, denuncia Gonz¨¢lez. Grupo Moraval no ha respondido a las llamadas y correos electr¨®nicos de este peri¨®dico.

Quien facilit¨® el tr¨¢mite de la Declaraci¨®n Responsable fue Deklara, obras y actividades, una Entidad Colaboradora Urban¨ªstica (ECU), es decir, una empresa externa capaz de otorgar licencias. En el documento, Deklara afirma que el nivel de protecci¨®n del edificio estaba ¡°sin catalogar¡±, lo que obvia la ley regional. Los responsables de la ECU no han querido responder a este diario.

Lecciones y consecuencias

La consecuencia de este c¨²mulo de fallos es que el 21 de junio las m¨¢quinas entran en el recinto y comienzan a demoler este inmueble protegido. Es la alerta de los vecinos en Twitter la que llama la atenci¨®n de la asociaci¨®n Madrid, Ciudadan¨ªa y Patrimonio, quien a su vez logra la atenci¨®n de la Direcci¨®n General de Patrimonio Cultural de la Comunidad. El 22 de junio, los t¨¦cnicos del departamento necesitaron llamar a la Polic¨ªa para que los propietarios les permitieran entrar y entregar la orden que paralizaba los trabajos. Una fuente municipal que pide anonimato explica que ¡°los propietarios han utilizado todos los resortes posibles para ir por la puerta de atr¨¢s y no pedir la licencia correspondiente¡±. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad escucharon los avisos vecinales.

?Y ahora qu¨¦? Por una parte, a instancias de MCyP, la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente investiga la actuaci¨®n para determinar qui¨¦n es el responsable; por otra, el pleno del Ayuntamiento aprob¨® el pasado mi¨¦rcoles una propuesta de la socialista Mercedes Gonz¨¢lez para investigar la demolici¨®n del convento ¡°con el fin de depurar responsabilidades, tanto desde el punto de vista pol¨ªtico como de car¨¢cter t¨¦cnico". La moci¨®n sali¨® adelante por unanimidad. Una portavoz del ?rea de Desarrollo Urbano Sostenible se?ala que en la nueva ordenanza de urbanismo, que est¨¢ a punto de aprobarse, se contemplar¨¢ que este tipo de derribos no se puedan hacer mediante una declaraci¨®n responsable, sino que sea necesaria una licencia. Adem¨¢s, afirma que, tambi¨¦n en breve, se sacar¨¢ un contrato menor para hacer un diagn¨®stico de los elementos protegidos y tratar de actualizar el cat¨¢logo, que lleva parado desde 1997

Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio, incide en la necesidad de actualizar este cat¨¢logo, la herramienta que muestra a los Ayuntamientos que un edificio est¨¢ protegido. Adem¨¢s, adelanta que ¡°no se va a levantar la paralizaci¨®n cautelar¡±, es decir, que lo que queda del convento ¡°no se va a demoler¡±: ¡°no se puede tocar ni un ladrillo sin la autorizaci¨®n de Patrimonio¡±. Tras reunirse con los propietarios, Sobrini no cree que se pueda restaurar el inmueble, lo que ser¨ªa un ¡°falso hist¨®rico¡±, concepto que repite la concejal del PP Paloma Garc¨ªa Romero. La Direcci¨®n General de Patrimonio est¨¢ trabajando con los propietarios ¡°para intentar construir su nuevo proyecto respetando la volumetr¨ªa y de manera coherente con lo que queda en pie, pero sin llegar a hacer una copia¡±.

En cambio, Mercedes Gonz¨¢lez y los vecinos de la zona, como Juan Carlos, exigen que se restituya. Seg¨²n Gonz¨¢lez, ¡°Madrid no tiene ning¨²n control sobre su patrimonio y cuando suceden cosas como estas no tiene actitudes ejemplarizantes. Para que no vuelva a pasar habr¨ªa que multar a los propietarios, obligarles a restaurar el edificio y quitarle la licencia a la ECU. La gente tiene que saber que cuando destruyes el patrimonio, que es el alma de la ciudad, esto tiene consecuencias¡±.