La Sindicatura del refer¨¦ndum se disuelve para evitar las multas del Tribunal Constitucional

La Sindicatura Electoral del refer¨¦ndum, que deb¨ªa asumir funciones an¨¢logas a las de una junta electoral, se disolvi¨® ayer despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional impusiera a sus siete miembros y a los 15 de las demarcaciones territoriales multas diarias de entre 12.000 y 6.000 euros respectivamente. El tribunal les conmin¨® a demostrar que han revocado sus decisiones previa renuncia a sus cargos para librarse de las sanciones. La medida supone otro rev¨¦s al 1 de octubre. El Govern replic¨® que acad¨¦micos internacionales asumir¨¢n las funciones de la sindicatura.

Los miembros de la Sindicatura no fueron los ¨²nicos multados por el Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n fue sancionado Josep Maria Jov¨¦, secretario general de Presidencia y n¨²mero dosdel vicepresidente Oriol Junqueras. El Ejecutivo catal¨¢n celebr¨® ayer una reuni¨®n de urgencia para tomar medidas y blindar a Jov¨¦, uno de los cargos detenidos en la operaci¨®n de la Guardia Civil contra el refer¨¦ndum. El Govern le destituy¨® para liberarlo de pagar 12.000 euros al d¨ªa.

Durante una comparecencia en el Palau de la Generalitat, el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, inform¨® de ese acuerdo y, a preguntas de los periodistas, se desentendi¨® aparentemente de la situaci¨®n en la que estaban los miembros de la Sindicatura al alegar que se trataba de un ¨®rgano independiente. Sin embargo, poco despu¨¦s, a trav¨¦s de las redes sociales, el Govern inform¨® que hab¨ªa pedido a la Sindicatura que cediera ¡°el relevo¡± a organismos acad¨¦micos e internacionales para ¡°garantizar¡± el 1 de octubre. La renuncia de los miembros de la Sindicatura lleg¨® al Constitucional antes de las tres de la tarde.

Junqueras quit¨® hierro a la disoluci¨®n del organismo y asegur¨® que ¡°no pone en riego¡± el refer¨¦ndum porque ¡°afortunadamente garant¨ªas hay muchas, y la mayor de todas es el compromiso de los ciudadanos". No se conoc¨ªan ayer quienes ser¨¢n los miembros de los entes internacionales asumir¨¢n a partir de ahora las funciones de la sindicatura.

El auto del Constitucional, dictado el mi¨¦rcoles, era taxativo con la imposici¨®n de las sanciones a los cinco miembros de la sindicatura y a los dos suplentes que integraban el ¨®rgano. El Alto Tribunal les conminaba a demostrar y presentar pruebas de que hab¨ªan revocado todas sus decisiones previa renuncia a sus cargos para librarse de las sanciones. En caso contrario, se empezar¨¢n a aplicar a partir de las 10.00 de la ma?ana de hoy.

Los afectados son el presidente son Jordi Matas, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica y de la Administraci¨®n de la Universidad de Barcelona; Marc Marsal, miembro de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat; la abogada Marta Alsina; T¨¤nia Verge, profesora de Ciencias Pol¨ªticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y Josep Pag¨¨s, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Aut¨°noma. Adem¨¢s, afectaba otros dos juristas suplentes: Josep Costa y Eva Labarta. La Sindicatura hab¨ªa desplegado cinco demarcaciones territoriales (una por cada provincia m¨¢s de la Vall d'Aran) cada una con tres juristas. Los 15 personas fueron multadas con 6.000 euros diarios.

Escrito de renuncia

Miembros de la Sindicatura, aseguraron ayer que el trabajo del ente estaba ya ¡°muy avanzado¡± y que los asuntos pendientes quedar¨ªan en manos de acad¨¦micos y expertos internacionales que ¡°velar¨¢n por las garant¨ªas del proceso¡±. Los juristas han presentado al Constitucional un escrito en el que plantean su renuncia y en el que aseguran que exponen suficientes argumentos para dejar inactivas las multas. Los miembros de la Sindicatura estudian tambi¨¦n recurrir a tribunales internacionales al considerar que no se han respetado sus derechos procesales.

El art¨ªculo primero de la ley del refer¨¦ndum recoge la creaci¨®n de este ¨®rgano fallido y que era la piedra angular sobre la que se desplegaba toda la log¨ªstica para constituir las sindicaturas de demarcaci¨®n, las secciones y mesas electorales y de acreditar a los apoderados, interventores y observadores internacionales. Adem¨¢s de organizar la infraestructura, era el ¨®rgano responsable de velar por el recuento del escrutinio que la ley prev¨¦ divulgar oficialmente el 3 de octubre. Por tanto, la asignaci¨®n de principal tarea que se le encomend¨® no se sabe qui¨¦n la ejecutar¨¢.

El art¨ªculo 15 de la ley del refer¨¦ndum, ahora suspendida, contemplaba que el Ejecutivo y la Sindicatura deben fomentar la presencia de observadores que ser¨ªan acreditados por la Sindicatura. La norma preve¨ªa que pudieran ser testigos de los procesos de sorteo de los miembros de las mesas, de la preparaci¨®n de la apertura de los colegios electorales y de la funci¨®n de las mesas; del proceso de votaci¨®n; del de escrutinio en la sede de la Sindicatura ¡ªel Parlament¡ª la proclamaci¨®n de los resultados y las comparecencias p¨²blicas.

La elecci¨®n de los miembros de la sindicatura estuvo rodeada de pol¨¦mica. El pasado d¨ªa 7, durante el largu¨ªsimo pleno en que Junts pel S¨ª y la CUP aprobaron la ley del refer¨¦ndum, se procedi¨® a su designaci¨®n a propuesta de los grupos independentistas. Ambas formaciones recurrieron al art¨ªculo del reglamento de la C¨¢mara que permite modificar el orden del d¨ªa para incluir el nombramiento. Las prisas intentaban completar toda la arquitectura necesaria para tirar adelante del refer¨¦ndum antes de que el Gobierno presentara un recurso ante el Constitucional. La oposici¨®n rehus¨® a participar en la elecci¨®n porque consider¨® la tramitaci¨®n ilegal y que vulneraba sus derechos