La justicia, la pol¨ªtica y sus tiempos

De un tiempo a esta parte, las cr¨®nicas judiciales est¨¢n ¨ªntimamente relacionadas con el debate pol¨ªtico. La retah¨ªla de procesos penales por corrupci¨®n en la gesti¨®n p¨²blica ¡ªvinculada, en muchos casos, a la financiaci¨®n irregular de partidos¡ª ha supuesto el descr¨¦dito de algunas formaciones tradicionales y de buena parte de sus l¨ªderes.

La confusi¨®n entre pol¨ªtica y proceso criminal ha llegado a su m¨¢xima expresi¨®n con los procedimientos penales abiertos a ra¨ªz de la jornada participativa del 9-N de 2014 y, sobre todo, del refer¨¦ndum del 1-O, que ha provocado el ingreso en prisi¨®n de parte de los miembros del Gobierno catal¨¢n. Todo ello ha encendido el debate sobre la acomodaci¨®n de los tiempos judiciales al de los procesos electorales. En reiteradas ocasiones, una decisi¨®n judicial con repercusiones medi¨¢ticas y pol¨ªticas no se ha notificado sino hasta despu¨¦s de la celebraci¨®n de unas elecciones. Esta pr¨¢ctica habitual se contemplaba en el mundo jur¨ªdico como un ejemplo de mesura y de la voluntad del juez de no interferir en la opini¨®n p¨²blica. De no mezclar proceso y pol¨ªtica.

Ahora bien, ?es eso lo correcto? ?Debe el magistrado instructor actuar bajo el ¨²nico criterio de la investigaci¨®n y adoptar sus decisiones en tiempo, forma y contenido al margen de sus posibles consecuencias pol¨ªticas? Y si no lo hace, ?la consecuencia es la ocultaci¨®n de informaci¨®n que el ciudadano tiene derecho a conocer?

A mi entender, hay que distinguir dos momentos procesales; en la fase de instrucci¨®n, la atribuci¨®n de la condici¨®n de investigado ni siquiera precisa de la existencia de indicios, sino tan solo la imputaci¨®n de una conducta que, de ser probada, ser¨ªa constitutiva de delito. El investigado puede dejar de serlo en funci¨®n del resultado de la instrucci¨®n, por lo que dar publicidad a determinadas actuaciones en ese momento puede generar perjuicios de imposible reparaci¨®n. Por ello, el criterio en estos casos deber¨ªa ser el de la prudencia y preservar la posible afectaci¨®n de procesos electorales.

Por el contrario, una vez celebrado un juicio p¨²blico, no me parece defendible que se congele la publicaci¨®n de la sentencia por motivos extraprocesales. El ciudadano tiene derecho a formar su opini¨®n pol¨ªtica conociendo todos los hechos que afectan a una formaci¨®n y a sus candidatos.

En relaci¨®n con las medias personales ¡ªy especialmente, la prisi¨®n provisional¡ª, siempre he defendido que solo cabe adoptarlas en casos extremos y cuando se acredite la concurrencia de las circunstancias tasadas que expresa la Ley de Enjuiciamiento Criminal: riesgo de fuga, reiteraci¨®n delictiva o puesta en peligro de la investigaci¨®n. Fuera de estos casos es absolutamente improcedente privar de libertad a una persona que todav¨ªa no ha sido juzgada, ni mucho menos condenada. El calendario electoral deber¨ªa afectar ¨²nicamente en un sentido: que en la ponderaci¨®n de los intereses y derechos enfrentados se tenga en cuenta la posible afectaci¨®n al derecho fundamental de la persona a participar en asuntos p¨²blicos.

Rafael Entrena es abogado penalista.