De Lara mantiene las citaciones de pol¨ªticos porque no le han notificado la nulidad de la Pok¨¦mon en Levante

La noticia ha salido publicada en la prensa pero el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, que dirige la magistrada Pilar de Lara, no ha recibido notificaci¨®n oficial alguna. En contestaci¨®n a una docena de recursos, con otros tantos autos la Audiencia Provincial de Lugo ha declarado nulas las actuaciones de la juez de la Operaci¨®n Pok¨¦mon en Levante. La enorme y enredada madeja de la causa contra empresas del grupo Agbar comenz¨® en Galicia y fue extendi¨¦ndose a varias comunidades aut¨®nomas donde operan las contratas de esta firma catalana. Adem¨¢s de en Asturias, Baleares o Catalu?a, actualmente los agentes de Aduanas que trabajan a las ¨®rdenes de la juez hab¨ªan puesto el foco en zonas como Lorca, Murcia, Elda y, actualmente, rastreaban posibles delitos de cohecho y tr¨¢fico de influencias en el Ayuntamiento de Cartagena en relaci¨®n con viajes "de placer" abonados a cargos pol¨ªticos y funcionarios. La Audiencia de Lugo considera que De Lara no tiene competencias para seguir avanzando con las pesquisas en Levante pero, aunque los autos del tribunal provincial est¨¢n fechados entre el 15 y el 19 de marzo, el juzgado de instrucci¨®n no tiene constancia de ellos.

Seg¨²n fuentes de los juzgados, desde Instrucci¨®n 1 se reclamaron ya los autos en varias ocasiones y la respuesta ha sido que las comunicaciones entre instancias est¨¢n paralizadas por la huelga judicial que sufre la comunidad desde hace m¨¢s de dos meses. Mientras tanto, el juzgado mantiene las citaciones para declarar por videoconferencia en calidad de investigados de cuatro pol¨ªticos del PP de Murcia, fijadas desde el pasado 3 de enero para el 7 de mayo. Tambi¨¦n sigue su curso la consulta remitida al Senado para que confirme la calidad de aforada de Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena (1995-2015), exdiputada y ahora senadora por el PP de Murcia implicada en la P¨²nica, cuya cabeza puso como condici¨®n Ciudadanos para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Hay otros tr¨¢mites en marcha, como las declaraciones de varios testigos, esposas y esposos de algunos de los pol¨ªticos supuestamente agasajados por Agbar, que tambi¨¦n asistieron a algunos de aquellos viajes organizados entre 2005 y 2012. La juez ha pedido, adem¨¢s, informaci¨®n econ¨®mica y fiscal sobre los imputados a la Agencia Tributaria.

Entre los desplazamientos que recogen los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera hay estancias en Nueva York, Atenas o M¨²nich, dice el auto de la juez, pero tambi¨¦n en Mallorca, M¨¢laga, Zaragoza, Barcelona y Madrid. Algunos de estos viajes tuvieron un llamativo coste, presuntamente con cargo a la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua (Hidrogea, antes Aquagest), como es el caso del que tuvo como destino Nueva York entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2008. El vuelo y hotel de concejales, funcionarios y cargos de la empresa que entonces pertenec¨ªa a Agbar cost¨® 53.684 euros. Adem¨¢s de otros ediles y sus esposas, en aquella ocasi¨®n a Estados Unidos viajaron tanto la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, como su concejal de Hacienda, Mar¨ªa ?ngeles Palacios, despu¨¦s consejera de Sanidad en Murcia. La magistrada ofreci¨® a Barreiro, como aforada, personarse en el procedimiento, presumiblemente a la espera de elevar una exposici¨®n motivada al Supremo.

Vigilancia Aduanera sospecha que detr¨¢s de estos continuos agasajos en forma de pasajes, comidas y estancias hoteleras de las que disfrutaban uno u otro pol¨ªtico, seg¨²n el momento, pudo existir un presunto trato de favor a Aquagest, ya que el Ayuntamiento prorrog¨® el servicio durante 25 a?os, hasta 2042, y se acordaron costosas obras. Tres meses antes del viaje a Nueva York, la Junta de Gobierno Local decidi¨® invertir 12,5 millones de euros en infraestructuras a favor de la contrata.

La pr¨®rroga acordada en 2003 sigui¨® adelante pese a que exist¨ªa un contundente informe en contra del Consejo Jur¨ªdico de la Regi¨®n de Murcia. Este documento dec¨ªa que "la modificaci¨®n" supon¨ªa "alterar el contrato en un 100% en tiempo y en precio", por lo que no ten¨ªa "encaje en la legislaci¨®n vigente". Adem¨¢s, de una forma semejante a como se detect¨® en otros ayuntamientos de la zona, presuntamente muchos trabajos y obras eran subcontratados directamente por Aquagest (luego rebautizada como Hidrogea) a otras empresas del grupo Agbar y no exist¨ªa control sobre su coste porque no se licitaban previamente. Se realizaban, afirma la juez, "con cargo a un cr¨¦dito ofrecido por la empresa", lo que "conllevaba unos intereses y una amortizaci¨®n" y luego Aquagest facturaba al consistorio.

A pesar de esto, la Audiencia de Lugo ha decidido que Pilar de Lara no siga investigando. El tribunal considera que las pesquisas sobre "posibles irregularidades" en Lorca, Cartagena, Murcia o Campello deber¨ªan ser "remitidas a los juzgados respectivos" y que no cabe una indagaci¨®n "global" sobre Agbar en la que la "competencia" de De Lara "se extienda al todo el territorio espa?ol donde opere este entramado empresarial o alguna de sus filiales". La juez, seg¨²n la Audiencia, "no es competente" m¨¢s all¨¢ de Galicia y Asturias. Pero avisa: "Esto no supone" que los presuntos hechos delictivos "no hayan de investigarse, sino que han de hacerse en el juzgado que corresponda territorialmente o en su caso comunicar a la Audiencia Nacional esta ampliaci¨®n de la investigaci¨®n".

D¨ªas antes de la primera de las 12 resoluciones de la Audiencia Provincial, De Lara elev¨® una cuesti¨®n de competencia al Supremo en la que, seg¨²n fuentes judiciales, se inclu¨ªa tambi¨¦n la parte de la Pok¨¦mon correspondiente a Levante. Todav¨ªa no existe una respuesta del alto tribunal, que podr¨ªa coincidir, o no, con el parecer de la Audiencia de Lugo.