25 despedidos de un ente p¨²blico de Getafe, juzgados por cobrar ayudas con supuestas facturas falsas
El Ayuntamiento ha retirado la demanda contra los acusados, que est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n social, pero la fiscal¨ªa reclama dos a?os de c¨¢rcel para cada uno de ellos
Los cargos p¨²blicos que fundaron la empresa municipal de limpieza de Getafe, Lyma, han suscrito un documento en el que critican a la alcaldesa, Sara Hern¨¢ndez (PSOE), por ¡°no cejar en el castigo¡± a 25 extrabajadores. Fueron despedidos en enero del a?o pasado por cobrar prestaciones sociales con supuestas facturas falsas desde 2013 y, desde este jueves, se enfrentan a un juicio por v¨ªa penal que puede llevarles a prisi¨®n. El Ayuntamiento ha retirado la acusaci¨®n particular que ejerc¨ªa hasta ahora, pero la fiscal¨ªa mantiene la petici¨®n de dos a?os y 11 meses de c¨¢rcel.
Entre los firmantes del texto se encuentran el exalcalde Pedro Castro y Gregorio Gordo, que fue su n¨²mero dos en la legislatura 1995- 1999, en la que PSOE e IU gobernaron la localidad en coalici¨®n. Consideran que la situaci¨®n ¡°ha provocado un drama social¡± para las familias, en riesgo de exclusi¨®n social, y solicitan que el Consistorio readmita a los empleados, como aprob¨® el pleno en septiembre. Un portavoz municipal explica que esa soluci¨®n no es posible ya que dicho ¨®rgano no es ¡°competente para tomar esas decisiones¡±. Y a?ade: ¡°La readmisi¨®n ser¨ªa ilegal una vez ganados los juicios laborales¡±. Sin embargo, matiza que varios trabajadores han vuelto a Lyma gracias a diferentes resoluciones favorables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el documento, publicado hace unos d¨ªas en un peri¨®dico local, los fundadores de Lyma explican que la empresa es el resultado de la municipalizaci¨®n del servicio de limpieza en Getafe. Se cre¨® en 1997 con el objetivo de incorporar al mercado laboral personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables. ¡°Una denuncia poco clara¡±, recalca el texto, ¡°concluy¨® con el despido de 25 trabajadores, que se habr¨ªan aprovechado de facturas falsas para la obtenci¨®n de beneficios sociales¡±. Las cantidades supuestamente defraudadas alcanzan los 500 euros de media por empleado, lo que para los firmantes de la carta se habr¨ªa ¡°resarcido sobradamente¡± con una sanci¨®n de un mes de empleo y sueldo. Sin embargo, el Ayuntamiento opt¨® por llevar el caso a los tribunales.
Familias pobres
Los procesos laborales han concluido con disparidad de suerte. La mayor¨ªa de los trabajadores no han sido readmitidos, pero Castro considera que lo m¨¢s grave es que el Ayuntamiento haya interpuesto una demanda penal. ¡°Los despedidos proceden de familias pobres. Hay un matrimonio con dos hijos viviendo en un coche y una familia que ha perdido dos viviendas: la del trabajador y la de sus padres, que lo avalaron¡±. El antiguo regidor indica que se han mantenido diversas reuniones con la alcaldesa, pero han resultado infructuosas. Esa ¡°situaci¨®n dantesca¡± le ha llevado a firmar el documento que critica la labor de Hern¨¢ndez, con la que comparte militancia en el PSOE. ¡°Cuando creamos Lyma, un informe de Servicios Sociales indicaba que los hijos de familias pobres tardan tres generaciones en salir de esa situaci¨®n. Ahora no podemos condenarlos¡±, insiste Castro.
¡°Cuando se interpone una demanda laboral no es habitual que se convierta en otra penal¡±, se?ala Juan Manuel Vela, abogado de seis extrabajadores. En su opini¨®n, la mayor¨ªa de los despedidos no utilizaron facturas falsas, sino que incluyeron ¡°una chapuza de facturas¡± para cobrar los 600 euros anuales en prestaciones a los que ten¨ªan derecho para sufragar gastos sociales. Vela, que fue concejal de IU en la legislatura en la que se cre¨® Lyma y tambi¨¦n ha firmado el documento, se ha felicitado porque el Ayuntamiento haya retirado la acusaci¨®n particular, por la que al principio se ped¨ªan seis a?os de c¨¢rcel. Un portavoz municipal recalca que la pretensi¨®n del Consistorio es recuperar el montante defraudado, ya que su responsabilidad es hacer ¡°un buen uso del dinero y de los bienes p¨²blicos¡±.
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