Quince abogados piden anular los ¡®pinchazos¡¯ telef¨®nicos a los cabecillas de Brugal

La secci¨®n segunda de la Audiencia de Alicante tiene en sus manos el futuro del caso Brugal, la operaci¨®n policial que permiti¨® destapar, entre 2007 y 2010, varias tramas de corrupci¨®n pol¨ªtica y empresarial vinculadas, en su mayor¨ªa, a cargos p¨²blicos del Partido Popular. Este tribunal juzga desde este viernes una de las 18 piezas en que se desgaj¨® ese sumario: la del supuesto alzamiento de bienes perpetrado en el grupo empresarial Autisa. Hasta 15 abogados han reclamado hoy la nulidad de las escuchas de que fueron objeto durante m¨¢s de tres a?os tanto Rafael Gregory como ?ngel Fenoll, dos de los presuntos cabecillas del entramado. La Fiscal¨ªa se ha opuesto a esa petici¨®n tras justificar la ¡°inusual¡± duraci¨®n de la investigaci¨®n por la ¡°voraz actividad delictiva¡± de los investigados.

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La decisi¨®n judicial sobre este caso est¨¢ pendiente y puede marcar el devenir de los dem¨¢s procesos derivados de la causa matriz. Los m¨¢s importantes est¨¢n relacionados con la recogida y el tratamiento de residuos en Orihuela y la comarca de La Vega Baja, as¨ª como con el dise?o urban¨ªstico de la ciudad de Alicante. Esas ramas afectan, entre varias decenas de procesados, a los exalcaldes oriolanos M¨®nica Lorente y Jos¨¦ Manuel Medina, los de Alicante Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo y el que fuera presidente de la Diputaci¨®n de esta provincia Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, todos ellos del PP.

La resoluci¨®n que adopte la secci¨®n segunda de la Audiencia alicantina no vincula a los tribunales encargados de esos procesos, pero puede sentar un precedente crucial. En esta pieza separada, la Fiscal¨ªa pide provisionalmente para los due?os del Grupo Autisa, Rafael y Jos¨¦ Vicente Gregory, penas de 12 a?os de c¨¢rcel por delitos continuados de estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

El Ministerio P¨²blico tambi¨¦n acusa al empresario ?ngel Fenoll y otros doce sospechosos de colaborar presuntamente con ambos hermanos en la ejecuci¨®n de un plan para dejar sin patrimonio las sociedades del Grupo Autisa, dedicado al alquiler y venta de camiones, y eludir as¨ª el pago de sus deudas.

El abogado de Rafael Gregory, Jos¨¦ Celestino Maneiro, ha reclamado hoy la nulidad de todos los ¡®pinchazos¡¯ telef¨®nicos realizados por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional a su cliente entre julio de 2007 y marzo de 2010, en el marco de la Operaci¨®n Brugal. ¡°No hay precedente alguno en la historia judicial espa?ola ni la del mundo occidental de un caso semejante, ni si quiera por delitos de terrorismo¡±, ha se?alado.

A su juicio, esas escuchas telef¨®nicas vulneran tanto el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones como los principios de ¡°proporcionalidad y excepcionalidad¡± y adolecen de ¡°una absoluta falta de control judicial¡±. El defensor ha reclamado igualmente la nulidad de todas las diligencias de prueba derivadas de estas conversaciones telef¨®nicas, como los informes policiales y los registros domiciliarios.

En t¨¦rminos similares se ha expresado el abogado del empresario oriolano ?ngel Fenoll, Miguel Bajo, para quien el secreto sumarial y las escuchas, que en el caso de su cliente se prolong¨® durante 48 meses, ¡°no pueden ser interminables¡±. Este letrado asegura, adem¨¢s, que las grabaciones audiovisuales aportadas por su cliente a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el a?o 2006, punto de inicio del caso Brugal, ¡°fueron manipuladas por la Polic¨ªa¡±.

En cambio, el fiscal Enrique Manch¨®n ha defendido la legalidad de los ¡®pinchazos¡¯ y de las pr¨®rrogas del secreto sumarial y ha atribuido su duraci¨®n ¡°inusual¡± a la ¡°complejidad¡± de la propia investigaci¨®n, derivada a su vez de la ¡°voraz actividad delictiva de los investigados¡±. ¡°Esas medidas se prolongaron todo el tiempo que fue necesario y se adoptaron bajo un exhaustivo control judicial¡±, ha dicho.

Defensas y Fiscal¨ªa han esgrimido en apoyo de sus pretensiones dos resoluciones previas contrapuestas. As¨ª, el abogado de Gregory ha invocado el auto de 2011 por el que el entonces juez de Orihuela Carlos San Mart¨ªn, responsable del caso Brugal, anul¨® los autos que amparaban varias de esas intervenciones telef¨®nicas. Esa nulidad fue revocada meses despu¨¦s, por extempor¨¢nea, por la propia Audiencia Provincial. Por su parte, el fiscal ha recordado que otro tribunal de la Audiencia alicantina, su secci¨®n d¨¦cima, ya valid¨® en 2015 esas escuchas en otra pieza separada.