Anticorrupci¨®n pide 10 a?os de c¨¢rcel para dos exalcaldes del PP de Alicante por el supuesto ama?o del PGOU

Como hizo un d¨ªa antes Esquerra Unida, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado este jueves penas de diez a?os de prisi¨®n para los exalcaldes del PP de Alicante Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo, a quienes acusa de poner el urbanismo de la ciudad al servicio de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que ha confesado la financiaci¨®n ilegal de este partido en el marco de la pieza valenciana del ¡®caso G¨¹rtel¡¯.

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El fiscal Felipe Briones acusa, a los tambi¨¦n exdiputados auton¨®micos populares, delitos continuados de revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, cohecho, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en la causa derivada de la ¡®Operaci¨®n Brugal¡¯. Seg¨²n su informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, los pol¨ªticos, para los que reclama 29 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos municipales y multas de hasta 126,7 millones de euros, se plegaron completamente a los deseos del promotor, que se enfrenta a una petici¨®n de ocho a?os de c¨¢rcel.

D¨ªaz Alperi y su sucesora en la Alcald¨ªa alicantina, Sonia Castedo, se corrompieron supuestamente a cambio de regalos y favores personales ¡°que no se materializaban en actos puntuales¡± sino en un ¡°ofrecimiento permanente¡± de todo cuanto pod¨ªa ser de su agrado. La acusaci¨®n p¨²blica cifra el importe de esas d¨¢divas en 453.157 euros, en el caso del primero, por un viaje en avi¨®n privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el de Sonia Castedo, la cifra ronda los 260.000 euros por viajes de ocio a Ibiza y Andorra, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.

El fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante ha presentado esta ma?ana en el juzgado que instruye esta causa un escrito de conclusiones demoledor. A lo largo de unas 560 p¨¢ginas, Briones desgrana las maniobras soterradas que el promotor despleg¨® en los a?os 2008, 2009 y 2010 para obtener un Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) a su medida.

Ortiz manten¨ªa una relaci¨®n de ¡°¨ªntima amistad¡± con los dos pol¨ªticos, aunque ellos procuraban que no ¡°trascendiera al exterior¡±. Esa amistad, que les llevaba a llamarse a cualquier hora del d¨ªa y por cualquier pretexto, deber¨ªa haber llevado a la entonces concejal de Urbanismo y al alcalde D¨ªaz Alperi a abstenerse de todos los expedientes que afectaran al constructor.

Por el contrario, los dirigentes del PP se prevalieron, presuntamente, de sus cargos para proporcionarle informaci¨®n reservada, vulnerando ¡°sistem¨¢ticamente¡± la confidencialidad de los trabajos de revisi¨®n del plan general ¡°en favor de los inmensos intereses urban¨ªsticos¡± del promotor.

Esa ¡°connivencia¡± permiti¨® al empresario y a sus empleados tener acceso directo a Jes¨²s Quesada, el arquitecto redactor del nuevo planeamiento, y ¡°marcarle las pautas que m¨¢s le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle¡±. Pudo, asimismo, adelantarse a otros competidores y acaparar terrenos que iban a ser recalificados, siempre seg¨²n la versi¨®n acusatoria. Ortiz se convirti¨® en ¡°el verdadero fact¨®tum de esta nueva ordenaci¨®n de la ciudad, apoyado en su red clientelar, t¨¦cnica, financiera y pol¨ªtica, manejando los hilos de los personajes que juegan un papel relevante en el escenario inmobiliario de Alicante¡±, relata Briones.

El nuevo PGOU, con el que el constructor podr¨ªa haber obtenido plusval¨ªas cercanas a los 42 millones de euros, no vio la luz porque otro alcalde, el tambi¨¦n popular Miguel Valor, desisti¨® de su tramitaci¨®n ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses despu¨¦s de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por su implicaci¨®n en esta causa.

Anticorrupci¨®n otorga un papel protagonista en esta trama urban¨ªstica a otros dos acusados: los abogados Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo. El primero es un antiguo concejal socialista y el segundo es hermano de la exalcaldesa. Desde su despacho, Salvetti Abogados, cobraron a diferentes empresas para tramitar sus alegaciones al futuro plan urban¨ªstico. Alegaciones que ellos mismos deb¨ªan resolver con posterioridad a trav¨¦s de otra firma, Guti¨¦rrez & Migu¨¦lez, Gesti¨®n del Suelo (G&M), que hab¨ªa sido subcontratada para ese trabajo por la empresa de Jes¨²s Quesada.

Para estos dos abogados, Anticorrupci¨®n reclama penas que suman tambi¨¦n diez a?os de c¨¢rcel, multas e inhabilitaci¨®n por revelaci¨®n de secretos, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y cohecho. En el banquillo de los acusados se sentar¨¢n tambi¨¦n otros cuatro sospechosos: dos empresarios y dos empleados de Ortiz entre los que se encuentra su propio hermano Virgilio. Para este grupo el fiscal solicita provisionalmente condenas de entre tres meses y un a?o y medio de prisi¨®n por corrupci¨®n de autoridades o funcionarios p¨²blicos.

Al igual que la Fiscal¨ªa y la acci¨®n popular que ejerce EU, el Ayuntamiento de Alicante ha presentado tambi¨¦n su escrito de acusaci¨®n contra los nueve procesados. El abogado de la corporaci¨®n reclama para Castedo y D¨ªaz Alperi cuatro a?os y nueve meses de c¨¢rcel y 16 a?os y 9 meses de inhabilitaci¨®n, mientras que a Ortiz le pide cinco a?os y tres meses de c¨¢rcel. El juez Manrique Tejada, que instruye esta derivada del ¡®caso Brugal¡¯ podr¨ªa dictar la apertura de juicio oral a finales del pr¨®ximo mes de marzo.